Dos amenazas impulsadas desde el “eje bolivariano” generan alarma en la región. La primera es una embestida coordinada que tiene por blanco a los medios de comunicación que disienten con la ideología y medidas prohijadas por los bolivarianos. Ella afecta la vigencia de una de las libertades más importantes: la de opinión y expresión. La segunda amenaza se refiere a las consecuencias de las violaciones al principio de “no injerencia” en los asuntos internos de otros Estados, que amenazan cada vez más a la paz y seguridad de la región. La situación de Colombia frente al apoyo de Venezuela y Ecuador a las FARC es el testimonio más claro, pero no el único: la sombra del eje se ve también en Honduras, Paraguay y Perú.
Hablemos de la primera amenaza. La libertad de prensa ha sido (y sigue siendo) lastimada en Venezuela. Pero hay ataques serios contra los medios también en Bolivia, Ecuador o Nicaragua.
Una matriz común flota y ha comenzado a contagiar a los “compañeros de ruta”, como parece demostrarlo la sanción del Decreto 943/2009 en nuestro país, que autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos a instalar y operar un “Sistema de Televisión Satelital” cuyos contenidos serán presumiblemente digitados desde el Poder Ejecutivo. En paralelo aparece un aparentemente postergado proyecto de ley para regular la radiodifusión, realmente inédito, con el objetivo de reducir a un tercio la participación del sector privado en el espectro radioeléctrico, reservando los otros dos tercios para el Estado y los “movimientos sociales” que le sean afines.
La presencia exagerada del Estado en los medios de comunicación tiene efectos nocivos: (i) distorsionar y manipular la información, según convenga al poder; (ii) perturbar la posibilidad de que votantes y consumidores puedan tomar sus decisiones libremente; (iii) cubrir con opacidad el adecuado funcionamiento de la democracia; y (iv) la posibilidad de desarticular el funcionamiento de los mercados.
Un estudio reciente difundido por el Banco Mundial muestra que la propiedad pública de los medios de comunicación masiva es mayor en los países pobres y en aquellos gobernados por regímenes autocráticos o en los que el Estado tiene una participación significativa en la propiedad de los medios de producción.
Las conclusiones del estudio sugieren que no se puede ser benevolente cuando el Estado (nunca por casualidad) restringe la libertad de expresión, de cualquier manera que lo haga. El objetivo de los Estados que procuran capturar a los medios suele apuntar primero a las radios, medio al que recurren aquellos que no tienen posibilidades de leer o dificultades en hacerlo. No sorprende que, en Bolivia, el financiamiento iraní esté concentrado en una red nacional de radios. Luego se apunta contra las emisoras de televisión. Y finalmente se procura capturar a los medios escritos, a los que los autoritarios suelen considerar “menos peligrosos”.
El trabajo antes aludido mide la situación en 97 países, para concluir que el Estado controla el 29% de los diarios, el 60% de las televisoras y el 64% de las radios. La presencia del Estado en los medios es significativa en Africa y en Medio Oriente. Con la sola excepción de Israel, todos los países de Medio Oriente y dos tercios de los africanos tienen monopolios estatales en la televisión.
En Europa, ninguno de los cinco principales diarios es estatal. En nuestra región la situación de los medios tiene perfiles más bien europeos. Pero la embestida chavista empuja a una situación parecida a la africana. Aun hoy, ninguna de las cinco principales estaciones de televisión en Brasil, México, Perú o Estados Unidos es estatal.
La presencia fuerte del Estado en los medios caracteriza a los países autoritarios como Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar o Turkmenistán.
Está en juego la libertad esencial del ser humano. La que le permite analizar, discernir y elegir. La que lo diferencia de los animales: la libertad de acceder a la información, tener opinión y la posibilidad de expresarla abiertamente.
*Ex embajador ante las Naciones Unidas.
