El Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica, cuyos relevamientos son subestimados y marginados por el Gobierno, informó que el consumo de drogas aumentó 50% en apenas cuatro años (2010-2014). No lo planteó como un dilema relacionado con la pobreza sino como un mal extendido en todos los rincones del universo social.
Impactan las investigaciones periodísticas acerca del uso indiscriminado de todo tipo de drogas en oferta en la adolescencia. Ya no son adultos jóvenes los consumidores. Ahora llega al colegio secundario. Ello está mostrando que no hay ya parámetros ni contención para cuidar a los adolescentes, ya históricos usuarios de alcohol. Y no la hay porque los traficantes han plantado bandera en un territorio donde las condiciones facilitan el consumo y el tejido social está demasiado deteriorado, con creciente violencia.
La responsabilidad de este problema desaforado es, sin duda, de la familia, de un contexto permisivo, de centros de distracción que facilitan las adicciones, pero por sobre todo del Estado que está cruzado de brazos. Las elecciones decisivas están próximas, pero no se escucha de los candidatos mensajes claros de cómo actuar. Los que hablan ofrecen soluciones drásticas que ya han fracasado en otras geografías. Por ejemplo poner a las Fuerzas Armadas a combatir a los traficantes. Latinoamérica ha exhibido esos hechos donde en el mediano o largo plazo esas fuerzas armadas se han convertido en cómplices de los carteles de la droga. Los carteles inundan de montañas de dinero los bolsillos de quienes deberían perseguirlos. Estas maniobras ha sido útiles en toda circunstancia histórica donde hubo prohibiciones. Reclamar a los militares es un grito desesperado en el desierto. Porque el problema de la droga es gigantesco, es mundial, está vinculado con la enfermedad social y psicológica individual y colectiva, con el manejo financiero de las fortunas del negocio, con delincuentes asociados o no con empresarios, con profesionales de las leyes y la medicina y, especialmente, con las concesiones de un Estado que mira para otro lado, manipulado por funcionarios sospechados de complicidad.
El Gobierno entró en varias contradicciones, creó dependencias especializadas que, con los años, fracasaron y hasta llevaron a algunos de sus responsables ante los estrados judiciales, por ejemplo por causa de la efedrina libremente negociada. El conflicto especial es que existen distintos estratos en el negocio de la droga, cuya dimensión en el planeta alcanza a negocios que llegan a los 400 mil millones de dólares. Por un lado existe la circulación y conquista de mercado de la marihuana y la cocaína y otros elementos exóticos provenientes del Asia. Por otro el de las pastillas y líquidos excitantes cuya composición va mutando de acuerdo a los usos del mercado. Entran y se distribuyen desde países fronterizos, aquí se las procesa o distribuye, se abastece la demanda por distintos canales y se exporta. Perforan las fronteras de mil maneras distintas y por diferentes medios de transporte. La ganancia es mayúscula, supera con creces todo sueldo legítimo por lo cual participan no sólo bandas armadas sino familias aparentemente pacíficas.
El Estado está inmóvil aunque hace varios años que se prendieron las alarmas y se difundieron las denuncias concretas. Se dejó hacer. No se hizo en el momento donde se debió actuar para paliar la desigualdad social, las frustraciones económicas, el desempleo, la desesperanza, los centros de salud que sirvan para la contención, el trabajo docente didáctico en escuelas y universidades, el castigo severo de la corrupción, la vigilancia estrecha en los bancos y las distintas instancias de los tribunales y la labor de los jueces.
La Argentina lleva por lo menos 30 años de anomia frente a la droga y sus negociantes y no estuvo dispuesta a llevar adelante batallas decididas.Hay un pasado y un presente de irresponsabilidad estatal que se une a una degradación constante que no se revierte.
*Periodista y escritor.
