La Presidenta nos acaba de informar que ha decidido reabrir negociaciones con el Club de París. Y a este anuncio lo presenta como un éxito de su gobierno.
Veamos la verdad. Ni ingenuidades ni especulaciones fundadas en mezquinas razones políticas. El argentino debe saber que el primer Club de París comienza en 1956. Son países europeos que deciden prestarles a empresarios argentinos y estas deudas reciben una suerte de garantía estatal de pago. El Club de París es un nombre de fantasía que tiene como código la necesidad del consenso entre todos los acreedores para llegar a un acuerdo con el país deudor. Hoy se habla de 7.500 millones de dólares de deuda. Deuda que proviene en parte de operaciones contraídas durante la dictadura militar y que incluye intereses fijados unilateralmente por los acreedores.
En 1983, conjuntamente con Adolfo García Vázquez y Carlos Alberto Mirson, me toco participar en París, en representación de la Multipartidaria, de una negociación con el Club de París y advertí con enorme sorpresa que no existían registros contables serios del monto de esa deuda a tal punto que se hablaba de “deuda presunta”. También, que el origen de toda esa deuda era privado. Es decir, prestamos a empresarios privados con una especie de garantía estatal. El Club de París llego a tener en esa época en la que participé, como abogado de cobro, al mismo Alain Rouquie. Nuestros negociadores deben saber cuatro cosas: a) que parte de la deuda proviene del terrorismo de Estado; b) que los intereses de la deuda que se nos pretende cobrar fueron fijados unilateralmente por los acreedores; c) que el origen de la deuda siempre es privado; y d) que los registros contables de esta deuda argentina a la salida del terrorismo de Estado eran inexistentes en términos de legalidad contable internacional
Ese es el contexto de la realidad de la deuda argentina con el Club de París y si el Gobierno me quiere corregir, con gusto escucharé sus argumentos.
Pero también es cierto que solucionar este problema es importante para la Argentina, a fin de regresar a los mercados voluntarios de deuda. Pero debemos medir costos y beneficios. En los mercados voluntarios de deuda y en las agencias calificadoras de riesgo, pesa más en las decisiones de inversión y de préstamos la medida del nivel de corrupción que hay en Argentina que un eventual arreglo con el Club de París. En los últimos informes de Transparencia Internacional, la Argentina figura en el cuadro de honor de la corrupción internacional. Y el último informe del Gafi en materia de lavado de dinero es demoledor para la Argentina. Estos son los verdaderos indicadores de seguridad jurídica a nivel internacional. Estos son los datos que deciden cuál es el “riesgo país” y cuál es la tasa de interés que la Argentina pagará en los mercados voluntarios de deuda. Un acuerdo con el Club de París tiene importancia pero sólo secundaria. La Argentina hoy paga en el orden internacional más intereses que Grecia que, como se sabe, es un país en default. Y eso sucede por los índices de corrupción y por la ausencia de controles al lavado de dinero más que por la deuda con el Club de París. Al primer mundo se ingresa con calidad institucional, con respeto a la ley y con bajos niveles de pobreza más que con equilibrios fiscales. El llamado modelo K de “crecimiento con inclusión” no es más que una frase política.
La Argentina de 2010 nos muestra una realidad de un 30% de compatriotas en situación de pobreza estructural. Con un coeficiente de Gini de 50,4 y con una brecha distributiva del ingreso entre el decil más rico y el más pobre de 31,6. Como es sabido, la única verdad es la realidad.
Esto no significa que no haya que negociar y acordar con nuestros acreedores del Club de París. Pero no del modo que lo está haciendo el Gobierno. Nuestros negociadores deben poner sobre la mesa de negociación las cuatro características que tiene esta deuda y que las hemos desarrollado más arriba. Y sobre todo, deben saber que sus decisiones de pago no pueden tomarse a costa de un aumento de la pobreza o de la brecha distributiva del ingreso. Y si finalmente se logra un acuerdo, el Gobierno debe saber que tiene dos obligaciones legales: 1- no ceder jurisdicción frente a eventuales conflictos con los acreedores y 2- iniciar de inmediato acciones judiciales de repetición de lo pagado contra los originales tomadores de la deuda que fueron empresarios privados.
*Diputado nacional. Presidente de la Comisión de Legislación Penal, Coalición Cívica-Córdoba.
