La Argentina se ha convertido en un país de consumo, fabricación y exportación de drogas como consecuencia del desinterés y la banalización que oficialismo y oposición han venido teniendo sobre esta cuestión en todo este tiempo. Dicho proceso no aconteció de la noche a la mañana, ni evolucionó secretamente. Por el contrario, el narcotráfico explotó frente a las narices de las instituciones judiciales y policiales y el grueso de la clase dirigente que, envuelta en el cortoplacismo, decidió adoptar la política de “barrer la basura debajo de la alfombra”. Así entonces, la magnitud y las implicancias actuales de este problema son dramáticas, pero peor aún lo son las consecuencias que se proyectan sobre la Argentina.
La expansión del consumo. Como consecuencia de que en los últimos diez años Colombia redujo un 70% la superficie destinada al cultivo de coca, un 55% la capacidad de producción de cocaína (la diferencia se debe a que aumentó la productividad del suelo), e incrementó un 120% el volumen de cocaína decomisada en dicho país, el escenario regional de drogas vivió una transformación.
Perú y Bolivia aumentaron su producción de cocaína un 120% y 100% respectivamente; las “cocinas” se instalaron en estos países, y también se expandieron a Venezuela, Brasil, Paraguay y la Argentina; y las rutas para el mercado norteamericano priorizaron Centroamérica y México, y para Europa, Venezuela, Brasil y Argentina.
Así, ante un mercado norteamericano más hostil que contrajo del 42 al 27% su participación en el consumo mundial, la mayor disponibilidad de cocaína encontró a los países de América Latina en medio de un ciclo general de crecimiento económico que incorporó millones de personas a la clase media y, por tanto, elevó considerablemente los niveles de consumo. Entre ellos, el de drogas ilegales (ver gráfico).
En nuestro país, el 4,1% de la población declaró en 2010 haber consumido alguna droga ilícita en los doce meses previos, contra el 2,1% en 2004, según la Sedronar. En especial, 0,8% de la población –0,3% en 2004–manifestó haber consumido cocaína en el último año, con tasas más altas entre los 18 y los 24 años, y en la Patagonia y el Area Metropolitana de Buenos Aires. Por cada cien de estos usuarios, 48 tienen problemas de adicción.
Entre los estudiantes secundarios, la situación es aún más grave. Entre 2001 y 2011, los niveles de consumo de drogas literalmente explotaron. El consumo de marihuana creció un 197%, el de cocaína un 170% y el de éxtasis 1.000%.
Considerando la cantidad de consumidores, la intensidad de dosis consumida por grupo (adicto, frecuente, experimental) y el precio de venta del gramo en la calle, sin ajustar por pureza de la droga, se podría estimar que sólo el mercado minorista de la cocaína mueve no menos de $ 4 mil millones anuales. Claramente, el consumo de drogas en Argentina es un problema de salud de primera magnitud, con serias implicancias sociales, económicas y de seguridad.
La expansión de la fabricación y exportación de drogas. Paralelamente, la Argentina ha “sustituido importaciones” también en el mercado de las drogas, adquiriendo un mayor protagonismo en su fabricación. Esto no debe extrañar, ya que comparte 2.500 kilómetros de frontera con Bolivia y Paraguay, dos de los grandes productores mundiales de coca y marihuana, y que la Argentina es el único país de Sudamérica que devaluó su moneda respecto del dólar, mientras el resto (sobre todo el sol peruano) la apreció, lo que significa que nuestro país es más barato en dólares mientras el resto es más caro.
Tradicionalmente, se contaba con centros de adulteración y de corte de drogas donde se “estiraba” y fraccionaba la droga para su venta minorista. Pero en los últimos ocho años las redes de tráfico de drogas comenzaron a instalar en toda la Argentina centros de fabricación. En lugar de traer la cocaína ya elaborada, se comenzó a importar la materia prima para su purificación y cristalización. Y en lugar de exportar precursores químicos, se empezó a utilizarlos aquí. Así comenzó la proliferación de “cocinas” donde se fabrica hoy día la droga principalmente orientada a abastecer el floreciente mercado doméstico. También, aunque tímidamente, laboratorios para la producción de
drogas sintéticas.
Esto implica toda una estructura de capital de trabajo, mano de obra, logística y “protección” que no existía antes. Es, entonces, una situación cualitativamente más grave.
Por otra parte, la Argentina acentuó su rol de país exportador de drogas a los grandes mercados de consumo. Después de Brasil y Colombia, Argentina es el tercer país de origen mencionado en los cargamentos de cocaína decomisados internacionalmente. La mayoría de los puertos argentinos se han transformado en plataformas de exportación de drogas, ante las narices de agentes portuarios, aduaneros y de Prefectura.
Esto no es inocuo para la Argentina, ya que la droga no baja del cielo directamente al contenedor ubicado en el barco que la llevará a Europa. Requiere, por el contrario, toda una ingeniería de corrupción y violencia que nos afecta directamente.
Por último, la Argentina se convirtió en un destino amigable para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. El capital del narcotráfico es “cobarde” como cualquier capital: huye de los lugares agresivos. Tanto la cantidad de condenas por lavado de dinero provenientes del narcotráfico como los activos consignados en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal muestran que el dinero y los activos narcos no
se encuentran jurídicamente en riesgo en Argentina.
La política contra (?) el narcotráfico. Frente a esto, la experiencia internacional recomienda perseguir el dinero y confiscar los activos narcos, reprimir la logística de fabricación y tráfico –es decir, las “cocinas”, sus insumos (precursores químicos), y las rutas–, focalizarse en los organizadores y mandos medios de las redes, así como destinar tanto recursos para la reducción de la demanda (prevención y tratamiento) como para la reducción de la oferta, entre otros lineamientos.
En lugar de ello, la respuesta del Estado durante la gestión “nacional y popular” de este gobierno ha sido decomisar cargamentos y encarcelar a “perejiles”. En materia de narcotráfico, la policía y la Justicia arrestan, investigan, juzgan y condenan a lo que “se llevan por delante” (usualmente “perejiles” de los sectores populares). Entre 2009 y 2012, en el Departamento Judicial Federal de San Martín se observó que más de la mitad de los condenados en los 244 juicios sustanciados por narcotráfico fueron acusados por delitos de venta al menudeo o posesión de estupefacientes, mientras que por tenencia para comercialización se condenó al 36% de los acusados. Para investigar y juzgar esos delitos se tardó dos años y diez meses, y la condena promedio fue de tres años y ocho meses. Más importante aún (o más dramático): en ninguna causa se usó la figura de agente encubierto ni de arrepentido para una investigación compleja. Lo mismo se replica a nivel nacional. Alrededor de mil personas cumplen condena por narcotráfico en cárceles del sistema penitenciario federal: el 90% con condenas de menos de seis años.
En este sentido, utilizar policías, fiscales, jueces y plazas penitenciarias –las cuales cuestan $ 41 mil mensuales– para arrestar, investigar, juzgar y condenar por menudeo, tenencia simple o tenencia para comercialización no resiste el menor análisis, sea desde la efectividad, la eficiencia o la justicia de dicha política.
Asimismo, el decomiso de cargamentos no impacta significativamente en las redes de tráfico –más cuando los arrestados son el “chofer” del camión que transportaba la droga o el “sereno” del galpón donde se acopiaba–, pues el margen de ganancias es tan amplio que contempla los costos de dichas pérdidas. Por ello, de poco sirve ufanarse de haber decomisado más droga que el año anterior, como muchos gobernantes se empecinan en hacer.
La tendencia en Argentina. En el corto plazo, el escenario probable que deberá enfrentar nuestro país no es convertirse ni en Colombia ni en México, como algunos advierten. Peor, es convertirse en Rosario.
Un conjunto de factores tornaron a la ciudad santafesina en epicentro de redes locales y regionales de tráfico de drogas. Como consecuencia, en los últimos seis años se duplicó la tasa de homicidios en Rosario, que con alrededor de 20 cada 100 mil habitantes es similar a la de Río de Janeiro y casi el doble que la de San Pablo. No hay que mirar afuera, el problema ya está dentro de nuestras fronteras.
Pero si el Gobierno ha venido jugando al distraído, el grueso de la oposición también ha sido parte del problema por haber banalizado una cuestión realmente seria. Apelar al tema sólo para sacar ventajas electorales es una irresponsabilidad que debiera pesar en las conciencias de quienes ostentan cargos públicos. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga.
Por ello, y más allá que ni el léxico ni las analogías bélicas ayudan a resolver este tema, bien puede afirmarse que la “guerra” contra las drogas en Argentina no se perdió, porque nunca se comenzó a librar.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
