Tras llegar a un principio de acuerdo con el gobierno argentino, ¿qué quieren ahora los holdouts, que, le están pidiendo al juez Thomas Griesa que dilate el levantamiento de la cláusula pari passu por otros 30 días?”, le preguntaron al mediador Daniel Pollack los periodistas que colmaban su oficina del piso 27 del 245 de Park Avenue perteneciente al estudio de abogados McCarter & English del que forma parte. “Plata”, contestó –sonriente y sin dudarlo, Pollack.
El arreglo del largo conflicto con los fondos buitre representa un mojón no sólo para la economía de la Argentina, sino también para su reinserción internacional. Marcará el fin del largo camino del default que, en medio de vítores y aplausos inentendibles, declaró Adolfo Rodríguez Saá durante su presidencia “brevis” en diciembre de 2001. Sin el cierre de este litigio será imposible que el país acceda a niveles de crédito internacional a las tasas de mercado, algo de lo que se tiene enorme necesidad tanto a nivel público como privado. El asunto está fuera de discusión aun para la mayoría del peronismo, que en el Congreso tiene la llave para permitir que el acuerdo se concrete.
En ese ámbito produjo una viva impresión la forma como el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, replicó y dejó mal parado a su predecesor, Axel Kicillof, quien, con su habitual soberbia y tono profesoral –olvidando además el reportaje de La Nación en el que dijo “pagarles lo que piden es imposible, una trampa. No pagarles nada es imposible”–, desgranó sus críticas hacia el arreglo que contiene quitas que en su gestión no se lograron. La contundente respuesta de Prat-Gay fue celebrada por varios de los miembros del Frente para la Victoria que estaban en la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados, a quienes el ex ministro siempre les resultó indigerible no sólo por sus decisiones, sino también por sus modos.
Cuando todo esto sea historia, algunos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y varios banqueros se animarán a contar en detalle las idas y vueltas del sainete que se montó alrededor de la negociación con Pollack a fines de julio de 2014, cuando se estuvo a punto de llegar a un acuerdo que la ex presidenta sorpresivamente abortó. El ex presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, conoce muy bien esa trama.
En el gabinete de Mauricio Macri la inflación genera desacuerdos. Todos se exponen con corrección. Las mayores discrepancias se manifiestan entre Prat-Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. El ministro –quien, a pesar de ser apodado “el Transitorio” por los que no lo quieren mucho dentro del PRO, goza de la creciente valorización del jefe de Estado– considera que existe una falta de acción por parte del titular del Central para mantener estable el valor del dólar. “A 13 pesos era muy barato y a 16 pesos es peligroso; a ese valor impacta en precios y es un factor más que alimenta la inflación”, señala el economista Gabriel Rubinstein, cuya opinión es compartida por varios de sus colegas. Entre los que comparten esa opinión parece estar el Presidente, quien, en la semana que pasó, habló con Sturzenegger para indicarle que debía actuar para mantener la divisa estadounidense cerca de los 15 pesos.
Nisman. La causa sobre la muerte del fiscal Nisman puede arrojar novedades esta semana. El martes vence la posibilidad de apelar la decisión de la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini en lo relativo al pase a la Justicia Federal. La fiscal Viviana Fein ya adelantó que no lo hará, iniciativa que, además, no tendría sentido ya que su superior, el fiscal de cámara Ricardo Sáenz, siempre sostuvo que la causa debería haberse tramitado, desde un principio, en el fuero federal. Lo curioso es que quien queda en posición de apelar es Diego Lagomarsino, que para Sáenz debería ser imputado en todas las hipótesis –incluida la del homicidio o ayuda al suicidio– y no sólo por prestar el arma, circunstancia que favoreció su posición al permitirle tener acceso a las pericias y demás medidas de prueba.
El pase al fuero federal en primer lugar implicaría reconocer que se está en presencia de un homicidio y que dicho homicidio tiene que ver con el trabajo de Nisman, es decir, su investigación del atentado contra la AMIA y que había denunciado a la ex presidenta y al ex canciller días antes que lo encontraran muerto. Más allá de la competencia natural, lo que sí tiene la Justicia Federal es la competencia más amplia: puede citar a declarar al ex canciller Héctor Timerman, a la ex presidenta Cristina Fernández, el ex comandante del Ejército, general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, al ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Oscar Parrilli, o a todos, sin que nadie le cuestione por qué lo hace, ya que, tratándose de un juez federal, puede hacerlo aunque sean ex autoridades nacionales.
Lo llamativo es que este giro copernicano de la causa lo produjo la declaración de Antonio “Jaime” Stiuso, a quien evidentemente la jueza Palmaghini le creyó. “No es cierto que hayamos adulterado el acta de su declaración. Cuando terminó –y antes de firmarla–, yo mismo se la leí en voz alta y él no objetó nada”, se le oyó asegurar –indignado– al secretario de la fiscal Fein, Bernardo Chirichela, cuando se enteró de lo que argumentó Stiuso al ser interrogado por la jueza sobre por qué no constaba en su declaración de febrero de 2015 que a Nisman lo habían matado a causa de su investigación.
Fue curioso escucharlo a Parrilli en sus denuestos contra Stiuso, a quien calificó de “psicópata”. Lo que no explicó fue por qué durante el kirchnerato se le dio tanto poder a ese “psicópata”, a quien Gustavo Beliz denunció cuando era ministro de Justicia de Néstor Kirchner. ¿Habrá olvidado que por esa denuncia Beliz fue echado de su cargo? A considerar por estas expresiones del ex titular de la AFI, como por las de Kicillof citadas más arriba, la amnesia parcial parece ser un rasgo distintivo de varios ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
Producción periodística: Gudio Baistrocchi con la contribución de Santiago Serra.
