La pregunta no es si obtener información sensible para el conjunto de la sociedad por medios no convencionales es o no lícito, sino cuánto derecho tiene esa sociedad a conocer informaciones que se pretende ocultar desde el poder (sea gobierno, oposición, instituciones con capacidad de decidir destinos individuales o colectivos, factores económicos, religiosos, hasta deportivos). Esa pregunta ya no tiene validez porque el vértigo de los cambios en la comunicación declaró obsoleta toda respuesta.
El periodismo ya no es lo que fue. Hoy está influido (o contaminado, en algunos casos) por la inmediatez de lo que se publica en redes sociales y organizaciones dedicadas a revelar secretos ocultos tras el biombo del poder. Nada sabríamos hoy de los actos bélicos consumados durante años por los Estados Unidos –en sucesivos gobiernos– si no se hubiesen publicado los llamados Papeles del Pentágono tras una profunda y precisa investigación de medios periodísticos. Hoy, la investigación por la prensa no puede prescindir de recursos informativos que surgen del avance tecnológico. El contenido registrado en un teléfono celular es, hoy, un arma cargada a favor o en contra de quien lo posee, se trate de un político, un funcionario de la Justicia, una actriz famosa o un futbolista célebre.
El periodismo cambió dramáticamente cuando Julian Assange reveló cientos de miles de documentos considerados secretos o confidenciales. Sus WikiLeaks fueron esenciales para descubrir que detrás de apariencias democráticas se escondían oscuros actos reprochables de gobierno. Con Panamá Papers quedaron al descubierto maniobras económicas non sanctas de encumbrados políticos, empresarios, sindicalistas, gobernantes.
El caso Assange es tan inquietante para el poder que se mantiene la persecución judicial contra él, motorizada por el gobierno norteamericano y apoyada por algunos de sus aliados. Contra esa acción no exenta de brutalidad, redactores y editores de cinco medios influyentes en el mundo salieron en diciembre último a reclamar que sean retirados los cargos en su contra. “Publicar no es un delito”, clamaron los periodistas involucrados.
Para refrescar la memoria de los lectores de PERFIL, una buena síntesis del caso Assange es la publicada por la Red Ética de la Fundación Gabo:
“Hace doce años, The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País (los mismos medios que hoy piden detener el juicio contra Assange) publicaron una serie de revelaciones en colaboración con WikiLeaks que “ocuparon los titulares de todo el mundo”, como dicen en la carta pública que redactaron. Tal como indica The Guardian, el material, filtrado a WikiLeaks por la entonces soldado estadounidense Chelsea Manning, expuso el funcionamiento interno de la diplomacia estadounidense en todo el mundo.
“Se trató de ‘Cablegate’, un conjunto de 251 mil cables confidenciales del departamento de Estado de EE. UU., que reveló corrupción, escándalos diplomáticos y asuntos de espionaje a escala internacional. La publicación de ‘Cablegate’ y otras filtraciones, recuerdan los cinco medios en la carta pública, conllevaron a que el 11 de abril de 2019 arrestaran en Londres a Assange, quien hoy se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos y a una condena en prisión de 175 años por 18 cargos, 17 de ellos por espionaje”.
Tal vez, estas referencias sirvan para que los lectores de este diario analicen los pro y contras de revelar los chats del caso Lago Escondido y entre un funcionario de la CABA, otro de la Corte Suprema y un empresario, favorecidos por el Gobierno de la Ciudad con jugosas concesiones.
