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MILITARES Y SEGURIDAD

¿Ayuda cambiar el uniforme azul por el verde?

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Luego de que en Río de Janeiro fuerzas militares combatieran contra organizaciones narcocriminales por el imperium en las principales favelas, voces de la dirigencia argentina reclamaron el empleo de las FF.AA. para enfrentar el problema de seguridad en nuestro país.

Desde que la cuestión de la seguridad se ha convertido en un problema público, se escuchan dirigentes que –envueltos en “coraje” y “valentía”– ofrecen echar mano al instrumento militar para enfrentar la delincuencia.

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El tema volvió a emerger cuando, en la reciente visita de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, su ministro de Defensa, Nelson Jobim, planteó la necesidad de discutir el empleo de medios militares contra el narcotráfico.

¿Es útil y necesario que se apele al Ejército, como en Colombia o Brasil, o a la Armada, como en México, para tener menores niveles de delito y violencia?

Parte del problema de la seguridad en Argentina es la baja calidad del debate público. La falta de estadística confiable, la poca producción académica y el pobre compromiso de la dirigencia redundan en una discusión donde abundan clichés, preconceptos y eslóganes.

Por ello, resulta imperioso generar una reflexión estratégica sobre la seguridad en Argentina. Dicha reflexión debe tener un sentido eminentemente práctico y ser un prerrequisito necesario de la acción. En efecto, el pensamiento estratégico no comienza con un “qué hacer”, sino con un “de qué se trata”. Definir la naturaleza del problema, delimitarlo, identificar sus factores constitutivos, determinar su alcance y sus efectos, entre otras cosas, es la condición necesaria y anterior a la acción sobre él, de la misma forma que el diagnóstico clínico es necesario y anterior a la prescripción médica.

¿Es necesario recurrir a las FF.AA. para reducir la delincuencia? La respuesta contundente es: no. Los problemas que muestra desde hace dos décadas el Estado para abordar y administrar en niveles socialmente aceptables los delitos y la violencia no derivan de su supuesto bajo “poder de fuego”. Reemplazar un uniforme azul y una pistola Browning 9 mm por uno verde y un FAL no generará una mayor disuasión en el menor delincuente, ni en el asaltante de bancos, ni en la banda de secuestros exprés, ni en el reducidor de autos robados. Ellos explotan las grietas del sistema que hacen que:

* Los patrullajes policiales preventivos no se organicen de forma inteligente.

* El Estado logre llevar a juicio al delito que se lleva por delante y no al delito de alto impacto al que llega luego del trabajo investigativo serio.

* Fiscales y tribunales trabajen sobre expedientes de fácil resolución y no sobre delitos socialmente relevantes.

* Los oficiales penitenciarios hagan informes de buena conducta nada rigurosos.

* Los jueces decidan salidas transitorias con poco criterio.

* Los patronatos de liberados atiendan casos de poca significación, entre tantos otros puntos.

Estos son algunos de los aspectos que explican por qué una persona se involucra en actividades criminales, las repite periódicamente pese a haber sido arrestado alguna vez y reincide en el delito a pesar de haber cumplido alguna condena. En nada de esto influye si al policía lo acompaña un soldado.

Brasil echa mano a su Ejército por dos motivos. Por un lado, porque entre la policía estadual y el Ejército carece de un estamento intermedio que auxilie a la fuerza policial cuando esta se ve desbordada. Por otro, porque ante el compromiso de ser sede de Juegos Olímpicos y Mundial de fútbol debe producir “sensación de solución” ante la opinión pública internacional.

Uno de los grandes activos de Argentina son sus fuerzas intermedias, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, con capacidades militares pero instrucción y operación policial. Su existencia torna irrelevante el debate por el uso de militares en la seguridad interior. En todo caso, deberá mejorarse la articulación entre ellas y las policías provinciales cuando actúan en conjunto.

Ante el problema de la seguridad debemos preguntarnos: “¿De qué se trata?”. A partir de allí, evaluar las capacidades estatales (sociales, policiales, judiciales, penitenciarias) para empezar a encarar el tema con seriedad.


*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.