Fue una de las semanas más duras de toda la administración de Cristina Fernández de Kirchner. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de no tomar el caso de la disputa entre la Argentina y los holdouts y por lo tanto dejar firme el fallo del juez Thomas Griesa favorable a los fondos buitre, impactó al Gobierno y desnudó la falta de un plan bien definido para enfrentar una situación muy comprometedora para el país. La ausencia de un plan fue la que llevó al Gobierno a un peregrinar de afirmaciones contradictorias que no hicieron más que perjudicarlo. Un día se habló de enviar una misión negociadora a Nueva York y al siguiente se lo negó. Un día se dijo que se cumpliría con el fallo y al otro se afirmó que no. Finalmente primó la sensatez de algunos de los funcionarios cuya voz a veces se escucha en la Babel de Olivos, que comprendiendo cabalmente la gravedad de la hora, le advirtieron a la jefa de Estado que, en este ajedrez, una mala movida equivalía a una bomba atómica que arrasaría con la economía del país. El discurso de la Presidenta del viernes trajo calma. Hubo allí un tono mesurado y una definición clave: el Gobierno habrá de negociar con los fondos buitre las condiciones de cumplimiento del fallo. Ha sido una decisión acertada. Al respecto, se sabe que hay algunos bancos internacionales –entre los cuales se menciona a Goldmann Sachs– que estarían dispuestos a ser parte de la negociación. Su rol sería el de comprarle toda la deuda a los holdouts y luego cobrársela al Gobierno con alguna quita y a través de bonos a plazos cómodos.
Los holdouts constituyen un verdadero problema no sólo para la economía de países vulnerables, sino también para el mismísimo capitalismo. Hay unanimidad sobre este pensamiento. Pero lamentablemente –y sobre todo para la Argentina– existen. El primer error del Gobierno fue creer que con la condena moral y el denuesto los iría a sacar de la cancha. El segundo error fue no tener una idea cabal de lo que un juez significa en el ordenamiento institucional de los Estados Unidos. Creyó que allí el poder político maneja al poder judicial a su antojo. Grueso error. Si no estaba convencida de ello, con leer un poco de historia, Fernández de Kirchner hubiera tenido una apreciación más cabal de esa realidad, lo que le habría permitido manejar esta delicada situación de una manera distinta y mejor. Por lo pronto, la hubiera llevado a ahorrarse el Niágara de descalificaciones que le dedicó al juez y las bravuconadas –como la de decir que a los holdouts no se les iría a pagar nada, alternativa equivalente a un desacato liso y llano de la sentencia– que no hicieron más que malquistar a Griesa. En la peregrinación a Washington que la semana anterior a la resolución de la Corte norteamericana hicieron los diputados argentinos, se encontraron con una única respuesta de sus pares estadounidenses: su imposibilidad de tener acceso a alguna evidencia acerca de cómo fallarían los jueces. Fue por esas horas, entonces, que la Presidenta tuvo un baño de realidad: se convenció de que el fallo sería adverso para nuestro país.
Le costó una semana a Cristina Fernández de Kirchner darse cuenta de la real seriedad de la situación y del infierno que le esperaría a su gobierno y a la Argentina si no se abría un cauce de negociación con los fondos buitre. En ese ínterin, las idas y venidas dentro del kirchnerismo fueron muchas. Cuando Axel Kicillof habló el martes, demostró no saber bien dónde estaba parado. Creyó que se encontraba frente al alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas al que le debía dar una clase de historia de la deuda externa argentina. Fue lo que le reprocharon varios diputados de la oposición durante la sesión reservada del miércoles. “No estamos aquí para asistir a una de sus clases, queremos saber qué va a hacer el Gobierno para enfrentar esta difícil situación”, le espetaron al ministro varios legisladores hartos de escuchar su tono profesoral.
Una de las propuestas expuestas por Kicillof, fue la de cambiar la jurisdicción de pago a los bonistas. Ello fue rechazado de plano por el juez. Vale detenerse un momento en este delicado punto. En el decreto 319/2004 referido a la reestructuración de la deuda pública en cesación de pagos se lee: “…siguiendo prácticas internacionales habituales en los mercado en materia de endeudamiento, en la Carta de Contratación (“Engagement Letter”) suscripta con los Bancos Organizadores Internacionales seleccionados y la República Argentina, se establece que la misma se rige por la ley del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América, siendo los competentes los tribunales estaduales y federales ubicados en dicha ciudad...” Es decir que fue el entonces presidente Néstor Kirchner quien convalidó la fijación de la citada jurisdicción. Lo hizo siguiendo un criterio lógico: ¿qué bonista hubiera aceptado la jurisdicción de los tribunales de nuestro país luego de que la Ley de Intangibilidad de los Depósitos del año 2001 había sido violada olímpicamente por los gobiernos de Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Sáa y Eduardo Duhalde? ¿Debería por ello Kirchner ser considerado un vendepatria, un cipayo o alguno de los descalificativos que el kirchnerismo le habría dedicado con seguridad a cualquier otro político que hubiese convalidado una cláusula similar?
En la tarde del viernes el oficialismo desnudó una vez más sus contradicciones: mientras Cristina Fernández de Kirchner moderaba su discurso e informaba su disposición a abrir una negociación con los fondos buitre, la militancia K hacía la apología de lo contrario frente a la embajada de los Estados Unidos. ¿Se habrán enterado de lo que dijo la Presidenta? ¿Habrán sabido que la administración de Barack Obama se alineó con la postura argentina, a la que apoyó? “Medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas”, dijo Abraham Lincoln. Sabias palabras.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
