Siempre resultan sensibles los trabajos de investigación que el periodismo independiente realiza sobre el sistema judicial, tanto en lo que se refiere a las acciones de la Corte Suprema como a lo que se ventila en los tribunales de Comodoro Py, lugar en el que desemboca buena parte de los juicios vinculados a presuntos o concretos delitos de corrupción atribuidos a funcionarios de todas las jerarquías. No resulta simpática para los magistrados la acción de quienes ejercen este oficio cuando conlleva críticas, cuestionamientos o revelaciones sobre ellos y las causas que tienen en sus despachos.
Uno de los temas que más inquietan a la sociedad es la (muchas veces) curiosa administración de los tiempos con la que se manejan los jueces federales. Para transparentar algunos de los vericuetos del sistema, este diario publicó el domingo 17 un informe elaborado por Ignacio Grimaldi, Bianca Pallaro y Florencia Altube, los tres integrantes del equipo de investigación UCA (Universidad Católica Argentina)-Perfil (ver http://www.perfil.com/politica/El-60-de-las-causas-de-corrupcion-se-abrieron-recien-en-los-ultimos-tres-anos-20160716-0194.html). Son mencionados tres jueces, uno de los cuales, Claudio Bonadio, se sintió personalmente afectado y envió a PERFIL una carta cuyo texto se reproduce respetando la redacción del magistrado y sus aciertos y errores gramaticales.
Cuando algún personaje mencionado en este diario manifiesta que se siente afectado por ello, es norma pedir al editor de la sección su mirada sobre el tema. Es lo que hizo este ombudsman ante Damián Nabot, responsable de Política.
“La carta enviada por el juez Claudio Bonadio –comienza el editor– dispara inquietantes preguntas, que podrían trasladarse al magistrado si no fuera porque se niega desde hace años a atender a los periodistas del diario que cubren Comodoro Py. En el país de la grieta existen quienes sólo hablan con aquellos que les son incondicionales. Lo mismo que hacía gran parte de los funcionarios del kirchnerismo”. Y entra en materia: “PERFIL accedió a un informe de 243 páginas elaborado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal sobre las 2.211 causas de delitos de corrupción en poder de los jueces federales de Comodoro Py. El material fue analizado periodísticamente y se estableció, entre otras conclusiones, que el 60% de las causas de corrupción se abrió recién en los últimos tres años y que la mitad todavía se encuentra en ‘estado de inicio’. En uno de los párrafos de los artículos se puntualizó sobre los escasos progresos de 275 causas en el juzgado de Bonadio. El juez objeta la información sobre uno de esos procesos. Se trata de la causa Yoma, que el magistrado advierte que fue cerrada en 2014 y que no sigue abierta, como se consignó. En el informe de la Cámara de Apelaciones aparece como ‘en estado de inicio’. De ahí el error”. Aceptado esto, Nabot replica dichos de Bonadio: “En su carta, Bonadio acusa al diario de brindar ‘información distorsionada’, y denuncia una ‘operación mediática’. Que semejante acusación provenga de un juez federal, sin explicar orígenes, responsables y protagonistas de la supuesta ‘operación mediática’ genera escozor. ¿El juez considera que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal brindó intencionalmente información equivocada? ¿Llega a semejante conclusión por un dato diferente en una de las 2.211 causas analizadas? ¿Quién quiere perjudicarlo? ¿Por qué motivo? Bonadio también subraya que la información de la Cámara está en manos del Consejo de la Magistratura, que inició una auditoría sobre la actuación de los jueces federales de Comodoro Py. ¿La operación que denuncia también involucra al Consejo de la Magistratura? Los señalamientos del juez disparan una interminable cantidad de interrogantes, que sería esencial trasladar al juez si aceptara hablar con periodistas del diario PERFIL. Por ahora deberemos conformarnos con su carta. El costo de la independencia”.
Mea culpa. El redactor Aurelio Tomás envió a este ombudsman el siguiente texto autoinculpatorio en relación con su nota “Los extraños cambios de nombre y de DNI de la hermana Alba” (PERFIL, domingo 17, página 16): “Octavio Sillitti es señalado allí como el ‘representante legal del convento’ en capacidad de ‘abogado’. Tras la publicación, Sillitti se puso en contacto con este redactor para aclarar que en 2011 no había recibido aún su título y nunca fue ‘representante legal’ del convento. Confirmó que trabajaba como encargado de trámites de DFG Abogados, firma que tenía a cargo la representación de Misioneras de Nuestra Señora de Fátima y reconoció que realizó trámites en la Secretaría de Culto. Creo pertinente aclarar que no corresponde vincularlo con las acciones sospechosas del convento señaladas en la nota. Antes de la publicación intenté contactarlo, algo que no fue posible por los medios usuales (direcciones y teléfonos que figuran en bases de datos, redes sociales, etc.)”.
