Tres cuestiones conforman las discusiones actuales de la agenda pública entre el gobierno que sale y el que entra. Si bien tienen distintos niveles de jerarquía y profundidad configuran el proceso político que viene.
1) El traspaso de los atributos presidenciales: dónde y cómo Cristina Fernández de Kirchner entregará el bastón y la banda presidencial se ha transformado en un pequeño conflicto. Es una negociación donde el macrismo ha decidido pulsear, y donde algunos evalúan que se juegan señales de gobernabilidad. Sintetizando, el macrismo planteaba la asunción en la Casa Rosada y el kirchnerismo en el Congreso. Desde 2001 cuando los presidentes transitorios fueron investidos por la Asamblea Legislativa las asunciones se realizan en el Congreso Nacional.
A ningún constitucionalista se le hubiera ocurrido esta discusión sobre el uso de una preposición: el artículo 93 de la Constitución expresa que “al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea…”. Es verdad que “ante” no es lo mismo que “dentro”, el Congreso no es un edificio sino un cuerpo colegiado.
2) Conformación del nuevo gabinete: el nuevo gabinete incorpora novedades por los perfiles de los convocados, más que por los nombres en sí. La presencia de gerentes de importantes empresas ocupando espacios relevantes en la función pública requiere un análisis pormenorizado, no se trata de una cuestión de currícula sino una concepción sobre la acción estatal.
A grandes rasgos, la noción que introduce el macrismo supone que las modalidades de gestión privada, regidos por la eficiencia, pueden trasladarse a la función pública. Esta idea es diferente de la liberal clásica que plantea que el Estado sólo debe gestionar funciones mínimas (seguridad, Justicia, impuestos) y dejar el resto al mercado. Pero es sabido que el Estado no funciona regido por la ganancia como las empresas privadas, sino por lógicas complejas, contradictorias y conflictivas con respecto a la sociedad, lo que abre un interrogante sobre la futura acción política de los CEOs.
Un nombramiento en particular, el de Juan Cruz Avila en la secretaría de Políticas Universitarias fue una sorpresa y provocó un cimbronazo en el espacio universitario. La sorpresa deviene del perfil del nombrado, ajeno al intrincado mundo de la educación superior, y donde se esperaba algún radical con peso propio en estas lides, como finalmente sucedió.
3) Destino de funcionarios con autonomía: el futuro de diversos funcionarios regulados por un marco jurídico propio es una ardua discusión en esta transición. Los cargos del presidente del Banco Central, el de la Afsca, de la procuradora general, o el director del Sistema de Medios Públicos, entre otros, están en los papeles, diseñados para no depender en forma directa del Ejecutivo, con la finalidad de poseer autonomía en sus decisiones, por lo que su remoción se estipula bajo graves incumplimientos en su tarea.
El macrismo sostiene que el kirchnerismo colocó en esos lugares “militantes”, es decir personas favorables a determinadas políticas de gobierno. Lo peculiar es que para esos cargos ya circulan los nuevos nombres y que también surgen del riñón del macrismo. Una solución pragmática y acorde a los tiempos que corren es cambiar el marco jurídico, para que estos cargos sean directamente dependientes del presidente. No obstante, esta solución no conforma a algunos, porque la cuerda conduce al sistema judicial y en particular a la Corte Suprema, que debe cubrir sus plazas vacantes.
Estas tres cuestiones pronto serán superadas por una cuarta: las primeras medidas económicas, que ya desvelan a parte de la sociedad.
*Sociólogo, analista político (@cfdeangelis).
