La cadena de la felicidad que hizo ricos a varios funcionarios del Gobierno parece haberse roto para algunos de ellos. Lo que comenzó por Ricardo Jaime y siguió con Amado Boudou llegó ahora a las puertas del despacho del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, circunstancia que complica judicialmente a él y políticamente a su superior, Carlos Zannini, hombre clave dentro del cerrado esquema de poder que armó el kirchnerismo.
Cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió hacer público el episodio de la suspensión del allanamiento en la financiera Propyme como consecuencia de un llamado que recibió de Liuzzi, abrió una caja de Pandora que preocupó a la mismísima Presidenta. Por eso, ella misma se encargó de dar la orden de proteger al juez, un impresentable al que el juicio político, del que el peronismo lo salvó el 11 de septiembre de 2001, debió haber eyectado de su sillón de los tribunales de Comodoro Py. Cristina Fernández de Kirchner, que le debe al juez el favor del súbito y sospechoso sobreseimiento de su causa por supuesto enriquecimiento ilícito, sabe que si Oyarbide habla, puede haber problemas.
El fiscal federal Carlos Rívolo, que investigó a Jaime, fue muy claro: “No es fácil investigar al poder”. No se quedó en esa definición cuasi genérica. Avanzó y se explayó acerca de las presiones recibidas por él y por otros colegas suyos que con valentía luchan por cumplir con su trabajo en forma honesta. Como otro ejemplo ilustrativo de esta circunstancia está el caso del fiscal José María Campagnoli.
Lo que hace más inquietante esta realidad es que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, en vez de defender a aquellos que actúan con independencia, los presiona. Esto va en línea con la concepción de la organización Justicia Legítima, para la cual la Justicia debería ser un apéndice más del poder político de turno, precepto que, de concretarse, acabaría con la división de poderes que consagra la Constitución Nacional, lo que en los hechos significaría la anulación de cualquier posibilidad cierta de controlar los actos del gobierno –de éste y de cualquiera– y de investigar a los funcionarios corruptos.
La reunión que mantuvieron en la semana que pasó el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, buscó acercar sus posiciones. Fábrega logró aplacar la fiebre del dólar. Kicillof no puede decir lo mismo con respecto a la inflación en el primer trimestre del año.
La calma de la plaza cambiaria reconoce tres causas principales: la liquidación de las exportaciones de la cosecha, las altas tasas de interés que se pagan a los depósitos a plazo fijo y la liquidación que, como consecuencia de la caída de sus ventas, las empresas deben hacer de sus dólares a fin de pagar sueldos e insumos. A Kicillof le preocupa el enfriamiento de la economía. ¿Se puede esperar otra cosa con tasas de interés para los créditos que superan el 30%?
La rigidez y cortedad de mira del ministro y de su equipo agregan dificultades a la de por sí delicada situación por la que atraviesa la economía. Hay empresas que no están pudiendo exportar debido a que no se les autoriza el ingreso de insumos importados que son esenciales para la fabricación de sus productos. Esto está causando dos inconvenientes: por un lado, la necesidad de adelantar vacaciones al personal que está sin tareas y, por el otro, la amenaza de perder mercados internacionales como resultado del incumplimiento de compromisos comerciales acordados.
Kicillof cree que con los Precios Cuidados controlará la inflación. El problema es que la Presidenta piensa lo mismo. Es un craso error de ambos. Los consumidores experimentan a diario las consecuencias y los perjuicios de la carestía de la vida. Ahora es moneda corriente encontrar que muchos productos que han entrado en la canasta de los Precios Cuidados han reducido sus contenidos. Lo que antes valía 10 y contenía 500 gramos, ahora vale 10 pero trae sólo 400.
En su giro permanente en dirección de lo que critica, el Gobierno avanza ahora contra los piquetes que cortan calles, avenidas y rutas. Uno de los desafíos que enfrenta la sociedad es el de respetar las normas. Les corresponde a los distintos poderes del Estado cumplirlas y hacerlas cumplir. Cuando ello no ocurre, la convivencia social se ve seriamente alterada. Es lo que sucede en nuestro país con este asunto. El derecho de la ciudadanía a reclamar está absolutamente amparado por la Constitución. Al hacerlo, debe emplear métodos legítimos. Los cortes de calles no lo son. El problema que enfrenta el Gobierno es que durante sus más de diez años de gestión, no sólo no hizo nada para hacer cumplir la norma sino que, por el contrario, estimuló la desobediencia por parte de aquellas agrupaciones que les son afines. ¡Un verdadero disparate!
Más allá de la contradicción señalada, el proyecto del Gobierno tiene un punto que es mucho más inquietante: se arroga la potestad de dictaminar sobre la legitimidad o no de cada una de las protestas. Es decir que, de aprobarse tal cual está, la ley le dará al Gobierno –a éste y a los que vengan– la facultad de determinar qué protesta es legítima y cuál no. De haber sido cualquiera de las agrupaciones políticas opositoras las que hubieran elaborado una propuesta similar, habría caído sobre ellas todo el vademécum de descalificaciones del manual de estilo del kirchnerismo y sus acólitos. “Fachos”, “represores”, “gorilas”, “vendepatrias”, y una larga lista de etcéteras hubiese sido proferida por muchos de sus dirigentes y voceros a través de su red de medios afines. ¿Cuál será la próxima contradicción?
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
