La aprobación al presidente Alvaro Uribe alcanzó en Colombia el 84 por ciento esta semana,como respuesta a su forma de enfrentar la crisis con Ecuador, Venezuela y Nicaragua, y al golpe político-militar infligido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero de ese país, por la muerte del número dos de la organización, Raúl Reyes, y la captura de sus archivos.
La encuesta de Gallup indica que la imagen negativa del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, asciende entre el público colombiano al 90%, 14 puntos más que en enero de 2008. También señala que Estados Unidos tiene en este momento en Colombia su mejor imagen en el mundo entero, superior a la que detenta en Gran Bretaña, Canadá y Australia, con el 67% de imagen positiva.
El 4 de febrero se realizó en Bogotá, y en las 40 principales ciudades colombianas, la marcha “anti FARC” en rechazo a la organización guerrillera creada en 1964 por Manuel Marulanda y en reclamo de la liberación de los más de 700 rehenes en sus manos. La marcha superó, según las agencias noticiosas internacionales, los cuatro millones de participantes y fue acompañada por manifestaciones similares en 130 países.
A la cabeza de la movilización, y como uno de los principales convocantes, se ubicó Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá y líder del Polo Democrático Alternativo, la coalición de izquierda que constituye en Colombia la oposición al gobierno del presidente Uribe. Moreno es una de las figuras más populares del país y asumió el 1° de enero de este año la alcaldía de Bogotá tras llevar al triunfo al Polo Democrático por segunda vez en la capital colombiana. El alcalde de Bogotá surgió políticamente de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), la organización creada por su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla, cabeza del único golpe militar de la historia colombiana del siglo XX, que gobernó el país entre 1953 y 1957. De las filas de ANAPO se desprendió el grupo guerrillero M-19 (Movimiento 19 de abril; fecha de 1970 en la que, según la juventud de ANAPO, le fue negado por fraude el triunfo a su candidato presidencial, el general Rojas Pinilla). El M-19 abandonó las armas en 1990 y se incorporó al proceso político.
Más importante que los 380.000 hombres bajo armas que tienen hoy el Ejército y los organismos de seguridad, que incluyen los 18.000 profesionales lanzados contra las FARC en sus reductos de los llanos del sur, es el respaldo aplastante que otorga la sociedad colombiana a la estrategia ofensiva, político-militar, del presidente Uribe. En el conflicto colombiano, la relación entre lo político y lo militar es de 10 a 1.
Mientras tanto, el conflicto continúa y se profundiza, tras haberse internacionalizado, aparentemente en forma irreversible, el pasado 1º de marzo. En la madrugada de ese día el ejército colombiano atacó a las FARC en Ecuador, mató a Raúl Reyes y se apoderó de los archivos de la organización; al día siguiente, el presidente Chávez rompió relaciones con Colombia, envió al ejército a la frontera y se identificó –política, militar e ideológicamente– con las FARC. Desde entonces, en este conflicto ahora internacionalizado, y que se agudiza en la medida en que parece haber alcanzado un punto de inflexión, cada golpe contra las FARC afecta directamente a Chávez.
Tras imponer a las FARC dos derrotas de envergadura en la misma semana (las muertes de Raúl Reyes e Iván Ríos) y lograr que Colombia no fuera condenada por la OEA el 7 de marzo, Uribe se encontró en Santo Domingo, en el Grupo de Río, con un retroceso completo del presidente Chávez, que cuatro días después de haber movilizado al ejército hacia la frontera y rendido un homenaje al “combatiente revolucionario” Raúl Reyes, adoptó súbitamente un lenguaje de “paz y reconciliación”.
Incluso, el viernes pasado Chávez dispuso de tiempo para pedirle telefónicamente a Uribe una entrevista personal, que se realizará en los próximos días, probablemente en Cartagena, destinada no sólo a mejorar las relaciones entre los dos países, sino, específicamente, a restaurar “la confianza entre sus gobernantes”. En las últimas dos semanas, el mandatario venezolano, entre otros términos igualmente arduos, había calificado a su colega colombiano de “mafioso”, “criminal” y “cachorro del imperio”.
En el diálogo telefónico, los presidentes también establecieron un acuerdo de colaboración mutua “para que tanto Colombia como Venezuela no sean víctimas de grupos violentos, cualquiera sea su origen”.
En el párrafo final del comunicado se hace referencia a la intención de ambos mandatarios de “fortalecer las buenas relaciones, no sólo entre Colombia y Venezuela, sino entre todos los gobiernos del continente”. No habría que descartar la posibilidad de que este último párrafo, dado el ambiente de reconciliación y paz que surge hoy de Caracas, incluyera al gobierno del presidente George W. Bush, de Estados Unidos, la cabeza del “imperio” en la terminología chavista.
En la reunión de Santo Domingo, las palabras de un ausente brillaron con sonoridad. En toda la crisis (Colombia, Ecuador, Venezuela) nada dijo el presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, Raúl Castro. Tampoco dio a conocer su acuerdo sobre la necesidad de otorgar la condición de “grupo beligerante” a las FARC, o de reconocerlas como “el verdadero Ejército de Colombia”, según la definición del presidente Chávez. Son extraordinarias las consecuencias políticas, nacionales e internacionales que tiene el golpe asestado a las FARC con la muerte ocasionada a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Ratifican la regla estratégica establecida por Oscar Wilde, cuando señaló: “No hay nada que esclarezca más la mente que la posibilidad de ser ejecutado en un plazo de dos semanas”.