El flamante presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, arrancó su gobierno con una aprobación del 49% del electorado. Pasados un centenar de días, el gobierno del presidente brasileño alcanza un 32% de aprobación y una proporción similar, 30%, lo considera malo o pésimo (Datafolha, abril 2019). A su vez, la desconfianza de los electores brasileños en la figura personal del presidente –que era del 30% en enero– llegó a 44% en marzo. Un aumento no despreciable. En términos comparativos, Bolsonaro es el presidente con la más baja popularidad para la misma fecha entre todos los presidentes brasileños desde la redemocratización en 1984 (Datafolha, abril, 2019).
Si bien las estadísticas pueden ser datos un tanto áridos, esta caída de 17 puntos en los niveles de aprobación y de 14 puntos en relación a su figura personal en tan poco tiempo, se vuelve significativa al analizarla a partir de lo que representó esta elección para la sociedad brasileña y lo que está en juego.
Es importante aclarar que, si bien Bolsonaro ha demostrado representar lo más conservador de la sociedad actual, su asunción no debe ser explicada unívocamente a través del argumento de que la mayor parte de los brasileños se identifica con una visión moral y políticamente conservadora, o con valores antidemocráticos. En parte puede ser, pero no necesariamente del todo. Y eso es, en cierto sentido, un alivio.
El gobierno ha demostrado una continua incapacidad de articulación política. Tanto en términos domésticos como en política exterior, Bolsonaro y los suyos han cometido tropiezos en decisiones y comentarios que han puesto a Brasil en situaciones delicadas, arriesgando cuestiones no menores para la economía del país. Ejemplos como: la decisión del presidente y de su canciller de anunciar la retirada de Brasil del Acuerdo de París y el traslado de la Embajada de Brasil a Jerusalén han generado amenazas de represalias por parte de representantes de los sectores compradores de productos agropecuarios de Europa y de los países árabes de Medio Oriente, socios importantes para la economía del país.
En cuestiones domésticas, la reciente intervención de Bolsonaro en los precios del diésel dispuestos por la petrolera Petrobras con la finalidad de contener una amenaza de huelga de los camioneros, confundieron a los mercados y a sus electores más liberales. El mercado reaccionó provocando el desplome del casi 8% de los valores bursátiles de Petrobras y una caída de la Bolsa de San Pablo del 2%. El gobierno tuvo que dar explicaciones y volver atrás en su decisión.
Adicionalmente, sus dichos descalificando los términos de intercambio de la llamada vieja política, de la cual, paradójicamente depende, generaron un profundo malestar entre los miembros de propio partido y aquellos de su frágil base de apoyo parlamentar. Como consecuencia, los diputados han amenazado con bloquear iniciativas del ejecutivo en temas sensibles al gobierno. Son los casos de la reforma jubilatoria y del paquete anticrimen, ambas siendo parte de las promesas principales de campaña y razón del voto de muchos de sus electores. Paulo Guedes, el súper ministro de Economía, ya amenazó con dejar al gobierno si su propuesta de reforma jubilatoria no es aprobada.
Sin embargo, en política, lo esencial suele ser invisible a los ojos. Silenciosamente, una agenda ultraderechista parece avanzar a otro ritmo y estar alimentándose del aparente caos amplificado por un desconcierto social prematuro. En un contexto de descrédito de la política y de sus representantes, el aumento del malestar social colabora para ampliar aún más la falta de credibilidad en las instituciones democráticas.
En la última semana, dos medios de comunicación digitales publicaron conversaciones involucrando al presidente de la Corte Suprema de Justicia (STF), ministro Dias Toffoli, en ese entonces Abogado General de la Unión (AGU), en supuestas negociaciones que beneficiaban a la constructora Odebrecht. La respuesta vino con mano dura y, en base a una investigación sobre distribución de noticias falsas ensuciando a miembros del STF, ambos medios fueron obligados a retirar las notas de sus sitios a través de una liminar expedida por el ministro Alexandre Moraes (STF). Este acto de censura explícita fue duramente criticado por prácticamente todo el espectro político, social y de colegas de la Corte, siendo días después revocado por el propio Moraes.
No es la primera vez que conversaciones obtenidas por medio de escuchas instrumentadas por la fiscalía como parte de procesos de investigación abiertos en la operación Lava Jato llegan a la prensa (o sea, se trata de investigaciones todavía sin conclusión). Las filtraciones más impactantes fueron aquellas que mostraban a la entonces presidenta Dilma Rousseff y al ex presidente Lula discutiendo acerca de su posible asunción como jefe de Gabinete; y las que implicaban al, entonces también presidente Temer en negociaciones que beneficiaban al dueño del gigante frigorífico JBS.
Ambos casos hicieron disparar las sospechas en relación a la parcialidad de la empoderada fiscalía a cargo de la Operación Lava Jato y del uso y dosificación de las filtraciones como herramienta de control del humor social y político. Si para algunos estas filtraciones, en un primer momento, sirvieron a sus ambiciones, ahora deben protegerse de su efecto bumerán.
En estos más de cien días de gobierno, Bolsonaro no ha podido avanzar en las prometidas reformas que pondrían a Brasil de vuelta en la senda del crecimiento y que frenarían el aumento exponencial de la violencia que vive el país. Los datos a los que aludí al principio de esta nota muestran que la luna de miel que agracia a los presidentes recién electos se le escurre sin señales concretas de mejora. El contraste entre la realidad y el hecho de haber sido electo con un discurso disruptivo y con promesas de cambios radicales, alimenta todavía más la desconfianza social hacia la capacidad de las instituciones democrático-republicanas para resolver los problemas que apremian a la sociedad.
De la mano de los fiscales de la aclamada operación Lava Jato, el cada vez mayor descrédito hacia la política y hacia las instituciones representativas parece acechar ahora al Poder Judicial. Debemos estar atentos, este camino es un cuchillo de dos filos: puede abrir puertas hacia caminos autoritarios con difíciles posibilidades de vuelta.
*Politóloga (EPyG, Unsam).
