Figuras relevantes de los gobiernos desde 1983 han logrado ciertos consensos básicos sobre ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el CARI. Empero, hay algunas omisiones cuya desatención puede extender sine die nuestro statu quo como país en retraso permanente respecto de la frontera global, más allá de éxitos puntuales.
Los consensos incluyen: aumento al 1% del PBI de la inversión en I+D durante 2016-2019, con una fracción creciente a cargo del sector privado; mayores incentivos a la incorporación de tecnología y plan de mediano plazo en formación de recursos humanos.
¿Cómo financiar el aumento de la inversión nacional en I+D y apoyar financieramente al sector privado? Aquí aparece un primer obstáculo.
Hay un mismatch básico entre los horizontes estratégicos y de aprendizaje del desarrollo CT empresario y las carencias del sistema financiero, lo cual conlleva una incapacidad crónica para adoptar estrategias anticipatorias de asignación de recursos y una degradación de la efectividad de las políticas. Uno de los mayores méritos de mecanismos supletorios parciales creados, como los programas estatales de financiamiento a la innovación, es que ellos desnudan el dinamismo reprimido de la creatividad empresarial nacional.
Según la experiencia global, las empresas requieren un horizonte mínimo de diez años para encauzar estrategias de aprendizaje y capacitación, y amalgamar vinculaciones para concretar estrategias competitivas basadas en la innovación. Pero los mejores plazos asequibles por las empresas no llegan ni a la mitad de ese horizonte.
Los proyectos de I+D e innovación son de lenta maduración. Pero el país carece de financiamiento a largo plazo a raíz de la inmadurez del sistema financiero nacional y de la incapacidad crónica de asegurar equilibrios macroeconómicos.
El apoyo crediticio del sistema financiero a las empresas en relación con el PBI es en Argentina apenas el 16% del de Chile y 22% del de Brasil, y es menor aún respecto de Corea o China (Banco Mundial). Entre 1994 y 2004 (según datos del BCRA) el sector privado argentino ha debido autofinanciarse el 100% de sus inversiones. Es bueno que exista apoyo financiero estatal a pymes y emprendedores, pero el problema apuntado subsiste. Además, lo limitado de los recursos destinados a créditos fiscales por inversiones en I+D revelan una resistencia tenaz a utilizar recursos tributarios para el financiamiento genuino del desarrollo de la CTI, como ocurre en Brasil.
Las brechas tecnológicas y de productividad del país varían según el sector. Los países que han tenido éxito en cerrar sus brechas en los últimos cincuenta años (Corea, ex Taiwán, China) lo lograron, en parte, merced al trazado de prioridades estratégicas y la asignación anticipada de ingentes recursos a ese propósito con horizontes de dos o tres décadas.
Sobre todo en industrias cuya frontera del conocimiento es muy dinámica (ciertas aplicaciones de la bio y la nanotecnología y las TIC, nuevas energías, etc.) se presentan buenas oportunidades de encarar políticas de industria naciente con el protagonismo de empresas nacionales. Esto implica conjugar los componentes de la tríada del aprendizaje (empresas, sistemas sectoriales de innovación y políticas públicas) con enfoques estratégicos consistentes y adaptables, movilizándose los recursos necesarios para cerrar brechas específicas en actividades que arrastren la economía como un todo y movilicen la actividad innovadora de los sectores de baja y media tecnología.
Podrán mejorarse las evaluaciones de calidad de los programas y los esfuerzos por concordar mejor las políticas corrientes, pero difícilmente se desatará el dinamismo innovador de las empresas argentinas si no se ataca la falta de prioridades estratégicas y de financiamiento de largo plazo.
*Doctor en Economía.
