La inflación argentina tuvo varios padres: la devaluación de 2002, la recuperación del salario, la suba mundial de alimentos y energía, el crecimiento de la demanda por encima de la oferta, la política monetaria complaciente (o negligente). Y, por último, la capitulación: la indexación a la inflación pasada, que hoy la fija cerca de 25% aún sin inflación externa ni crecimiento acelerado ni impulso monetario (la emisión del Banco Central, en 2013, convalida, pero no empuja). Es precisamente la naturaleza inercial de la inflación actual la que permite llevarla nuevamente a niveles de un dígito con un mínimo costo para la economía real.
Si la inflación es indexación, basta con convencer a todos de que será, digamos, del 9% para que todo más o menos ajuste 9% –un cambio de escala coordinado que no genera recesión o desempleo.
La idea es simple. El proceso, naturalmente, es más complejo.
Primero, erosionar la inflación inercial implica anclar expectativas en un número menor (en todo caso, menor al 25% actual) y el tipo de cambio ya no puede cumplir ese rol (de hecho, probablemente se deprecie más rápido que la inflación): la nueva ancla tendrá que ser una pauta de inflación. Segundo, hay un orden natural en los ingredientes: la pauta no sería convincente sin un índice de precios creíble (que permita su seguimiento y la implementación de cláusulas gatillo que protejan precios y salarios de posibles desvíos) y si no es realista (es decir, consistente con la política monetaria y fiscal). En particular, debería incorporar la herencia de distorsiones de precios relativos (dólar y tarifas) para que una corrección a posteriori no genere sorpresas inflacionarias que castiguen la incipiente credibilidad del plan.
Entonces, para contar con un índice creíble hay que recuperar el Indec y revisar (o relanzar) el IPC, y para anclar expectativas hay que decidir primero una política cambiaria y de subsidios para el mediano plazo. Recién entonces el Banco Central puede preparar un programa monetario alrededor de pautas explícitas de inflación –no metas estrictas sino un rango realista que oriente los acuerdos salariales y la fijación de precios– evitando el sacrificio de una política de shock monetario.
Es cierto: esta política de precios y salarios es una variante de los planes australes y primaverales que fracasaron en los 80. Pero no hay que olvidar que aquellos fracasos se debieron al financiamiento con emisión de un déficit fiscal crónico e infinanciable, fruto de la crisis de deuda de principios de los 80, que nos condenó a una década perdida de hiperinflaciones –hasta la reestructuración de 1992 (el plan Brady). Esta aclaración es más que una casual digresión histórica: el Banco Central es hoy la fuente de financiamiento residual del sector público, tanto en dólares (con reservas) como en pesos (con emisión de moneda o de su propia deuda, las Lebac). Por eso, el programa monetario debe ser consistente tanto con la pauta de inflación como con las necesidades presupuestarias del Gobierno, que idealmente no deberían involucrar al Banco Central. Hasta ahora, la inflación ha sido funcional a éste. Para reducirla, el Gobierno tendrá que reducir el déficit o buscar fondos genuinos.
Se puede bajar la inflación sin dolor. Pero esto, que suena lindo y fácil en el slogan, es mucho más que reconocer el problema o poner un doctor en economía al frente del Banco Central; implica desandar errores en varios frentes, y el compromiso de gobierno que es condición necesaria para el éxito de cualquier política pública.
*Economista y escritor.
