Desde que la seguridad se ha convertido en una de las principales cuestiones públicas de la Argentina, de tanto en tanto sale a la luz un crimen de alta connotación pública perpetrado por una persona que –procesada o condenada en ese momento– había sido favorecida por alguna decisión judicial. Cuando esto sucede, y sólo en esos casos, los ojos de los medios y –a renglón seguido– de la clase política, se colocan en ese magistrado y desatan cierto debate. Esto es lo que ha ocurrido esta semana en la provincia de Buenos Aires a propósito del proceso de jury de enjuiciamiento que se sigue a un juez de garantías.
Este tipo de decisiones judiciales polémicas se suceden a diario en todos los estamentos de la Justicia, y a lo largo de todo el país, sea en el Conurbano o en un juzgado federal de una zona caliente del norte del país. Sucede que sólo en ciertas ocasiones –por la característica del hecho o de la víctima, la presión de una ONG, etc.– toman estado público, desatando fuertes controversias dado el contexto de alta criminalidad y violencia en el que se desarrollan.
Ahora bien: ¿de qué se trata esta discusión? ¿Cuál es el problema que genera tal atención? ¿La cuestión se agota en que tenemos malos magistrados que toman malas decisiones o esos magistrados –y sus decisiones– son el producto de un sistema de administración de justicia que los selecciona, los hace trabajar y los evalúa de una forma determinada? ¿Tiene algo que ver la administración de justicia con la seguridad? En otros términos, ¿la mala administración de justicia es corresponsable de los altos niveles de delitos y violencias?
Uno de los déficits de las políticas de seguridad en Argentina es que prácticamente se agotan en la policialización y/o penalización, es decir, que se limitan a un conjunto de medidas referidas a la Policía o se orientan a modificar el Código Penal incrementando penas. Así, en los últimos años, se ha experimentado con la Policía –y también con la ley penal– de las más diversas formas: cambiándole el nombre y las jerarquías, reformando su organización, recortando sus atribuciones, creando nuevas policías, etc. Mientras todo esto se probó, fiscales y jueces continuaron trabajando con la misma organización y mecánica de hace… cincuenta años. La innovación más fuerte en los últimos tiempos fue reemplazar la máquina de escribir por la computadora, pero no más que eso: los expedientes siguen cosiéndose y trasladándose en carretillas de un juzgado a otro para luego acopiarse en sótanos que se inundan.
Entonces, la revolución necesaria en las políticas de seguridad en Argentina es ver de qué manera policías, fiscales, jueces y penitenciarios –en conjunto– hacen que sea mucho más probable recibir un castigo por cometer un delito de lo que es hoy. Esta probabilidad resulta del funcionamiento de una cadena institucional, que vale lo que el eslabón más débil. Esta aseveración, tan simple y sencilla, brilló por su ausencia en la gran mayoría de los planes implementados en las últimas dos décadas.
En efecto, de poco sirve pintar a los policías de rosa o verde –según la posición ideológica– si el resto de los eslabones (fiscales, jueces y penitenciarios) siguen sin tomar nota de la realidad. En un departamento judicial conflictivo del Conurbano existe sólo un fiscal que investiga las causas de drogas. Por ello, instruyó verbalmente a los policías para que le soliciten sólo un allanamiento por día, y que lo hagan de lunes a jueves, dado que si se produce un viernes o una sábado debe abrir la oficina el fin de semana para indagar a los imputados. Por esta situación no resulta “culpable” el fiscal sino el sistema, que reclama a gritos ser reformado en un país donde la tasa de jueces por habitante es una de las más altas de la región. Antes que un problema de dotación o cantidad de funcionarios judiciales, es una cuestión de organización y funcionamiento de la administración de justicia.
Por ello, cuando ocurren hechos que despiertan a la opinión pública y ponen la lupa sobre el desempeño de algún magistrado, además de evaluar su responsabilidad es necesario reflexionar por el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. El protagonismo en la producción de seguridad de fiscales y jueces es tan o más importante que el de un policía. De allí que una política de seguridad deba contemplar no sólo cómo disponer policías en el territorio, sino cómo modernizar la administración de justicia. Sólo así comenzaremos a reducir de manera sustentable los niveles de delitos y violencias.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
