Sin el hábeas corpus del Supremo Tribunal Federal, Lula no solo no disputará la presidencia, sino que también irá preso. Para los candidatos que quedan, la trayectoria del ex presidente sirve de ejemplo por lo que hizo y por cómo llegamos al “agujero” actual.
Lula terminó sus dos mandatos, en 2010, consagrado. Con la más alta aprobación (83%) desde que se mide, y el mayor crecimiento del PBI (7,5%) desde el Plan Cruzado, en 1986. Según cifras oficiales, Brasil nunca distribuyó tanto su ingreso y disminuyó la desigualdad entre ricos y pobres, lo que explicaría su popularidad récord y el mayor PBI en 25 años al final de su mandato.
Lula tuvo la suerte de gobernar bajo un boom internacional de las commodities, pero también impulsó políticas favorables a los más pobres, como la Bolsa Familia (con un costo de 29 mil millones de reales al año, unos 8.600 millones de dólares al cambio actual) y el crecimiento real del salario mínimo, que aumentó un 54% por encima de la inflación.
Pero el mayor avance durante su gobierno se dio por el esfuerzo de los trabajadores, gracias a un contexto macroeconómico seguro, de cuentas públicas relativamente ordenadas, inflación baja y cambio estable. En ese ambiente, el trabajo prosperó a partir del optimismo y las inversiones empresariales.
A mediados de la década que concluyó en 2014, el 80% de la mejoría en el ingreso de los brasileños se debía al trabajo. Aun entre los más pobres, dependientes del subsidio de la Bolsa Familia, el trabajo fue lo que más pesó en el crecimiento de la renta.
Lo irónico es que Lula ofreció esa estabilidad casi contra su voluntad, a partir de 2003, cuando asumió debiéndole 30 mil millones de dólares al FMI por el acuerdo firmado meses antes con el Fondo por el gobierno saliente de Fernando Henrique Cardoso.
Ese acuerdo obligó a Brasil a hacer un gran ajuste fiscal que colocó las cuentas en orden y favoreció el ciclo virtuoso de la economía.
En promedio, Lula mantuvo el superávit en las cuentas públicas en el 3% del PBI. Dilma achicó dramáticamente ese “ahorro”, utilizado para reducir la deuda pública, llevándolo al 1,7 del PBI. Ya en los últimos tres años hubo un déficit promedio del 2%.
Esa es la razón de la actual crisis. Fue ese cambio, del superávit al déficit, lo que engendró la recesión que enfrentamos a partir de 2015.
El dato fundamental es que, al pasar de azul a rojo, la deuda pública bruta del país pegó un salto de casi 20 puntos, y llegó al nivel de 75% del PBI actual.
Eso es lo que está detrás de las dudas de los empresarios (“¿el país va a quebrar?”) sobre si invertir o no y crear así empleos que sustenten un nuevo ciclo virtuoso.
Para que eso suceda, no hay forma de escapar de la reforma del sistema previsional que se presentó al Congreso. El actual es hoy la principal causa de déficit y bloquea decisiones de inversión y empleos futuros.
En las elecciones de octubre, quien prometa otro ciclo de crecimiento sustentable sin defender la reforma del sistema previsional y ajustes para reducir el déficit miente o está mal informado.
*Periodista. Publicado originalmente en Folha de S. Paulo.
