La implosión del Gobierno tras las PASO desnudó lo que se vislumbraba tras bastidores: de tanto hacer equilibrios internos, se rompió el GPS del Frente de Todos. La Albertoneta se pinchó al morder su primer bache electoral. En su sincero misil epistolar, la vicepresidenta Cristina Fernández apuntó al corazón de la política macroeconómica del Gobierno. No pidió la renuncia de Martín Guzmán, pero exigió que el Presidente se sentara con él a “mirar los números del Presupuesto”. En sus propias palabras, hay que terminar con “la política de ajuste fiscal”.
Tras el cambio de fichas en el Gabinete, la crisis augura una segunda temporada. El próximo test estará en el Congreso, cuando Guzmán vaya a defender el Presupuesto de 2022. Allí, el ministro se preocupará por aclarar que es “expansivo fiscalmente”, que no baja el gasto social en términos reales, y que tiene cinco pilares: salud, educación, ciencia e innovación, infraestructura, e inclusión social con perspectiva de género.
Pero al diseñar la ley de leyes, Guzmán también incluyó las restricciones de financiamiento de Argentina. Hay dos datos que generan resquemor cerca de la vicepresidenta: la reducción del déficit fiscal primario, que sería de 3,3% del PBI, y la de los subsidios a la energía, que representarían 1,5% del producto. La segmentación de tarifas, que recuerda aquello de que “los subsidios son pro ricos”, promete generar más disputas con el kirchnerismo.
Las bancadas del Frente de Todos en el Senado y en Diputados querrán modificar esas previsiones. Guzmán lo sabe. En su entorno, repiten que el debate en el Congreso, más picante que una masterclass en Columbia, “mejorará” al Presupuesto.
¿Terminará la oposición defendiendo el proyecto original de Guzmán, que plantea un sendero gradual de reducción fiscal? ¿O abrirán la cuenta de Netflix para maratonear con el House of Cards frentetodista?
La manera en que esos cambios se hagan –ante las cámaras de televisión o en la privacidad de los despachos– y cómo los digieran el presidente, Matías Kulfas y el propio Guzmán determinarán si la Pax Manzuriana sobrevive a las elecciones o naufraga en la orilla.
El dilema es complejo. El diseño macroeconómico actual es inviable políticamente, remarcó la vicepresidenta. El que ella quiere, en tanto, es inviable macroeconómicamente. La plata que pongan en el bolsillo de los votantes se evaporará con la inflación. Por otro lado, no habrá acuerdo con el FMI que tolere un aumento del déficit fiscal y de la brecha cambiaria.
Sin acuerdo, habrá que pagar US$ 19.100 millones el año que viene. En Economía proyectaron escenarios si no consiguen una refinanciación de esos vencimientos. En el primero de ellos, habría que eliminar todo el gasto de capital y los subsidios a la energía y al transporte para cubrir los pagos. En el segundo (más doloroso aún), habría que discontinuar la AUH, AUE, Potenciar Trabajo y Progresar; la Tarjeta Alimentar; no comprar ninguna vacuna; y eliminar las transferencias a provincias y a las universidades. El país estallaría por el aire.
La racionalidad económica se enfrenta a la electoral. En el Gobierno saben que con el Fondo no se gana en noviembre, pero sin el Fondo no se estabiliza la macro. El país puede digerir la crisis política, pero no un estallido social. ¿Cómo salimos de este laberinto? Por ahora, corriendo hacia delante.
