Hace nada que el humo proveniente de incendios en el Litoral amortajó Buenos Aires y que el fuego se cargó parte de lo poco que queda de monte nativo en Córdoba. Eventos que no solo comparten causas con lo que ocurre en Corrientes. La frecuencia y la intensidad con que se replican plantean una ya demasiado conocida situación de riesgo natural (hoy incrementada por un cambio climático que intensifica contrastes hídricos) que se vuelve desastre toda vez que una gestión ausente la ignora o la torna en un vergonzante objeto de runfla política que augura odiosas repeticiones a futuro. La brecha entre riesgo y desastre se mide por el volumen y la calidad de las políticas ambientales en países desarrollados, que en el debate público se pondere seriamente el rol de un influencer en la compra de material para combatir el fuego y sus consecuencias es símbolo de que la misma desaparece.
El relato fatalista en países pobres que propugna responsabilidad divina de cara al desastre es hoy reemplazado por el de un “fatalismo del cambio climático”, más atildado por su legitimidad científica pero con implicancias similares: una coartada para la complacencia y la parálisis. No es que el cambio climático no juegue aquí un papel importante. Pocas veces, (desde 2000) el Iberá mostró registros hídricos tan bajos. Su biomasa adaptada a la presencia de agua en el suelo que absorbe se seca cuando no la hay, convirtiendo un cortafuego natural, el humedal, en nafta.
El modelo productivo de acentuado sesgo pampeano, más allá de la discusión sobre las desigualdades creadas por la primacía, no aprovecha el potencial ni vertebra complementariedades con economías regionales que se convierten en meros repositorios de actividades, modos de producción y paquetes técnicos concebidos para otro territorio en desmedro de sus singularidades geográficas y ricos entramados socioculturales, derivando en conflictos ambientales. La expansión sojera de la zona pampeana desplaza la ganadería residual a humedales mesopotámicos en los que la quema de pastizales es el recurso para abrir paso. Especies como el pino, bajo seca extrema, compensan la pérdida de agua tomándola del suelo y se deshidratan más rápidamente que las nativas liberando etileno que torna la biomasa y el aire que la rodea en un barril de pólvora. El departamento de Ituzaingó sufre 2,5 veces más pérdidas que el promedio provincial. La explotación forestal, su principal actividad.
En 2020, las asociaciones de la región empantanaron la ley de protección de humedales esgrimiendo implicancias negativas para la economía. ¿Pero cómo cuantificar no solo las pérdidas de millones de hectáreas por el fuego y las inundaciones, sino también las de cuantiosas infraestructuras de las que se sirve la propia producción forestal, cítrica y arrocera? ¿Quién internaliza tal pasivo incompensable aun para el negocio más próspero? La encrucijada entre desarrollo o ambiente en América Latina se transfigura, a la luz del cambio climático, en una mirada revalorizadora del último, histórico, cordero del sacrificio, para atraer capital a países con lábil legislación ambiental.
La inserción en el mundo como productores de alimentos obliga a renunciar al purismo conservacionista, lujo de unos pocos ricos, no a un Estado presente que articule estrategias de gestión de riesgo con la comunidad científica, marcando límites, modos de prever y amortiguar los efectos de alteraciones ambientales con las que deberemos convivir. Hay instrumentos para avanzar. Una Ley de Bosques valiosa, hoy en manos de expertos en diseños para manipularla, junto a la urgente aprobación de la Ley de Humedales, permitiría al gobierno nacional ponerse al frente de un reclamo creciente, así como contribuir a su vigilancia y financiamiento, hoy nulos.
La solidaridad con el pueblo correntino no basta si no se evita el pensamiento mágico que por sensibilidad a la inmediatez de los hechos subordina el análisis de las debilidades expuestas al desenlace climático favorable.
*Geógrafo UBA. Magister UNY.
