Consensos, gobernanzas, proclamas y yuyos

Las declaraciones que son suscriptas por personas o entidades tienen distintas denominaciones. Unas se denominan “consensos”, siendo uno de los más conocidos el Consenso de Washington de 1989, del cual John Williamson es considerado el padre intelectual. Otros casi pasan inadvertidos, como el Consenso de Buenos Aires del 2005, patrocinado por el anterior gobierno y apoyado por Joseph Stiglitz. Otra denominación utilizada es “gobernanza”, por ejemplo la Gobernanza de Barcelona de 2004, que ratifica el Consenso de Washington y agrega nuevos objetivos. Por último, se tienen las denominadas “proclamas”, siendo la más reciente en el país la Proclama de Gualeguaychú, suscripta por las cuatro entidades rurales el 2 de abril pasado.
Dicha proclama en uno de sus puntos dice: “Queremos también que se echen las bases institucionales para los pasos futuros en el sagrado marco de la Ley y la Constitución; eso significa, para decirlo más claro, que sean los poderes legislativos los que establezcan los impuestos, comprendiendo en este concepto todas las demás imposiciones que camufladas en otras denominaciones resultan más onerosas que los propios impuestos”.
Continúa: “En ese concepto se incluye además el control parlamentario, administrativo y judicial del destino de las imposiciones. Así se hace en todas las democracias verdaderas del mundo. Significa también que queremos recuperar el federalismo perdido y el protagonismo de los pueblos, en un marco de equidad y justicia social. Cuando esos fundamentos institucionales tuvieron vigencia, la Argentina fue uno de los países más respetados del mundo y allí queremos volver.”
Lo que se reclama a través de esta proclama es la vuelta a la democracia representativa, republicana y federal, y se solicita la implementación de controles cruzados de los poderes, característica de nuestra organización política. Personalmente suscribo la proclama, y creo que sólo personas muy necias no suscribirían la Proclama de Gualeguaychú.

Voracidad. ¿Qué tiene que ver esto con el “yuyo”, discúlpeme, la soja? Lo que hay en el trasfondo es una voracidad fiscal, que a la vez hace muy fácil la recaudación del impuesto (retención) establecido. Pero comencemos con los argumentos (¿o condimentos?) utilizados por las autoridades para justificar las retenciones móviles:
a) Como un mecanismo que estabilizaría los precios al productor. Ello no es así, funcionan asimétricamente al alza y baja del precio.
b) Detener el proceso de sojización, a fin de liberar tierras para lechería y ganadería. Ello no es así, dado que el Gobierno, meses atrás, subió las retenciones de los lácteos, puso tope al precio de la leche en polvo a ser exportada (US$ 2.200 la tonelada vs. US$ 4.500 en el mercado internacional) y puso cupo para la exportación de carnes (40.000 toneladas al mes).
c) Aislar los precios internacionales de los locales, donde los precios internacionales altos afectan la distribución del ingreso, principalmente en alimentos. Ello no es así en el caso de la soja, dado que el 96% de la misma la consumen los de afuera, tal como fuera reconocido por la Presidenta.
d) El aislar los precios internacionales de los locales permitiría reducir las presiones inflacionarias. Ello no es así; además, la política comercial (derechos y aranceles) nunca debería considerarse un instrumento eficaz para atacar la inflación.
e) Preservar la dieta argentina, la cual no puede alterar los consumos de carnes (¿?), lo que significa que para los argentinos no existe elasticidad precio de los productos. En cambio, para los uruguayos y brasileños existe la elasticidad precio, dado que cambiaron su dieta.
f) Redistribuir ingresos a través de retenciones. Si se desea distribuir por el lado de los impuestos, la retención no es el impuesto, sino el Impuesto a las Ganancias sobre los ciudadanos. Con retención se subsidia a toda la población, no discriminando entre ricos y pobres. Más aún, la retención castiga a los productores más pequeños y marginales, hecho que fuera reconocido por el Gobierno el 31 de marzo al volver a las anteriores retenciones (vía reintegros) para los productores de menos de 500 toneladas.
Por lo tanto cuando pusieron las retenciones o se desconocía este hecho (ello es ignorancia), o no importaba si esos productores desaparecían.

Jurisprudencia petrolera. El esquema de retenciones móviles instrumentado el 11 de marzo es similar al aplicado a las exportaciones de petróleo crudo en agosto de 2004. A medida que el precio sube, el Gobierno se apropia de la renta. En petróleo no terminó allí, dado que a fines de 2007 se fijó una retribución de US$ 42 por barril para el exportador y todo el excedente sobre ese precio es apropiado por el Gobierno.
En el caso de los granos, y subiendo los precios por encima de los de marzo, de paso el Gobierno se apropiaría marginalmente del 81% de la variación del precio en el caso de la soja y del 78% en el caso del girasol.

Objetivos. ¿Qué hay detrás de la retención móvil del 11 de marzo? Una cuestión fiscal, financiar el gasto creciente. La medida subiría la recaudación en aproximadamente US$ 1.500 millones, como consecuencia del aumento de las retenciones a la soja, girasol, los subproductos de ellos y una pequeña reducción en el maíz y el trigo.
Ello determina que el sector aportaría unos US$ 12.000 millones a los precios de marzo pasado. Las retenciones pasarían a representar el 14% de la recaudación total nacional del 2008.
Con gasto creciente e imposibilitado que el mismo sea financiado con aumento de deuda pública voluntaria, o cobrando un mayor impuesto inflacionario, se decidió subir las retenciones. Se les fue la mano y la medida desató una reacción negativa de todo el sector campo; esto es agro, pecuario y productos regionales.
Por ahora el precio internacional del “yuyo” nos ayuda. Otra sería la cuestión si el precio va para abajo.