El gobierno decidió huir hacia adelante convocando una Asamblea Nacional Constituyente en sus propios términos. Esta convocatoria rompe con la tradición democrática venezolana que plantea que las elecciones para escoger a los representantes, en este caso constituyentistas, sean elegidos en procesos universales (toda la población participa sin sesgos ni segmentaciones, directos y secretos).
Es obvio que el gobierno del presidente Maduro no podría ganar una elección de este tipo y entonces hace una convocatoria tipo Frankenstein en la que se elegirá un número descomunal de 500 representantes, una parte en elecciones convencionales y otra seleccionada por los sectores que el chavismo decida. Un proceso que, por supuesto, estará sesgado y tutelado, garantizando que el gobierno pueda obtener la mayoría que necesita para controlar a la Asamblea. Con esto intenta matar varios pájaros de un sólo tiro.
Primero, canalizando la energía hacia una “elección” que en realidad es una trampa cazabobos.
Segundo, dejando automáticamente desahuciados a los poderes constituidos, quienes por ley estarán supeditados a la nueva Asamblea Constituyente tan pronto sea convocada: un mecanismo para dejar sin efecto a la Asamblea Nacional y también, si lo desea, a la Fiscal, hoy irreverente.
Tercero, redactando una nueva Carta Magna que sustituya la de 1999, que aunque hecha y promovida por Chávez, es una Constitución democrática y liberal, que se ha convertido en un dolor de cabeza para que la revolución permanezca en el poder, estando como está sin respaldo popular mayoritario y en incapacidad absoluta de ganar cualquier elección medianamente transparente. Esa nueva Constitución buscará acomodarse a procesos sesgados de selección y elección que fulmine la democracia electoral en Venezuela y permita a la revolución permanecer en poder.
Cuarto, mientras se convoca este proceso, quedan suspendidas las elecciones regionales, locales y presidenciales en 2017 y 2018 con lo que el gobierno pretende conjurar su mayor peligro.
Finalmente, el proceso natural de una constituyente debería incluir una validación por parte del pueblo en un referéndum aprobatorio del documento redactado, con condiciones convencionales de universalidad electoral. El gobierno aprovechará un vacío constitucional en el que se deja implícita, pero no explícita, la obligación de validar esa nueva Constitución con el pueblo. Lo más probable es que den por concluida la nueva Constitución con la sola redacción y aprobación de la Asamblea Constituyente que ellos han conformado sesgadamente, escondidos en el concepto de democracia “directa”, que no es más que una excusa para fulminar y controlar la democracia real. n
*Analista político venezolano.
