En los últimos meses, varios factores exógenos que lucían favorables para nuestra economía de cara al crucial año electoral que comienza se han desalineado, obligando al Gobierno a implementar algunas modificaciones en su estrategia económica.
Entre ellos se destacan: i) triunfo de Donald Trump: la victoria del republicano confirma un giro de las principales potencias de Occidente hacia un mundo más proteccionista, con menos incentivos a la inversión extranjera y financiamiento más caro para las economías emergentes; ii) deterioro de las perspectivas de crecimiento de Brasil: pese a que la llegada de Temer a la presidencia descomprimió la crisis política y económica reinante en ese país, las crecientes denuncias de corrupción que salpican al gobierno volvieron a enturbiar el panorama; y iii) problemas climáticos locales: inundaciones, sequías y, en menor medida, incendios, afectan negativamente una porción importante de la producción agropecuaria de nuestro país.
Los factores mencionados, junto con el atraso cambiario vigente para la mayoría de las actividades transables (excepto la agroindustria), reducen significativamente las posibilidades de crecimiento de las exportaciones en 2017. Sin mejoras de la demanda externa, la apuesta para dinamizar la actividad recae en el consumo y la inversión. Asimismo, sin un salto de las ventas externas, las divisas necesarias para una recuperación (aumento de importaciones) provendrán del ingreso de capitales financieros.
Está claro que el Gobierno va a seguir apostando a la inversión productiva (este año entrará en vigencia el Régimen de Participación Pública Privada y Macri acaba de anunciar un marco específico para incentivar la explotación de Vaca Muerta) pero, a diferencia de 2016, la variable clave que puede hacer la diferencia en el frente económico y político es el consumo. Más aún, en un contexto complejo para la llegada de la inversión extranjera directa (por el frente internacional y la postergación de decisiones a la espera de los resultados de las elecciones legislativas), es clave que aumente el consumo para concretar inversiones, ya que existe elevada capacidad ociosa en muchos sectores productivos.
En una economía transaccional como la argentina (el crédito al sector privado representa menos del 15% del PBI), la clave para estimular el gasto de las familias pasa por mejorar el ingreso real de los hogares. En este contexto, esperamos que el Ejecutivo haga todo lo posible para que las paritarias superen a la inflación en 2017. En la práctica, esto implica acotar la suba de los precios regulados y del tipo de cambio para profundizar la desinflación observada en los últimos meses de 2016. Asimismo, el desafío de la próxima negociación salarial pasa por morigerar las subas nominales de los salarios (que se negocie en base a la inflación futura y no al 40% de 2016) pero garantizando que los aumentos conseguidos superen el alza de precios.
Más allá del cambio de ministros, prevemos que el gasto público también refuerce los ingresos de las familias el año que viene. Los planes sociales y las jubilaciones están indexados a la evolución pasada de ingresos nominales, por lo que un escenario de desinflación garantiza una mejora real de dichos beneficios. Además, en la medida en que haya fondos, esperamos que en 2017 finalmente se concrete el impulso de la obra pública anunciado, lo que va a permitir recuperar buena parte de los puestos de trabajo perdidos en la construcción. A mi entender, es posible lograr un rebote de la economía en 2017 de la mano de la recuperación del consumo, pero sólo si el Gobierno consigue un fluido acceso al financiamiento externo que permita simultáneamente contener el tipo de cambio (ancla para acotar la suba de precios) y contar con recursos para cerrar el elevado bache del Tesoro.
El problema es que el costo del crédito para nuestro país se ha encarecido en los últimos meses por dos cuestiones: modificación de la pauta oficial del déficit primario del sector público nacional para 2017 (inicialmente se estableció una meta de -3,3% del PBI, que en septiembre se elevó a -4,2% del PBI); y el impacto del triunfo de Trump en el costo del financiamiento internacional.
La respuesta del Gobierno ante inversores financieros más exigentes y posibles cimbronazos cuando asuma Trump ha sido: i) redoblar el compromiso por la reducción (gradual) del déficit fiscal, tarea encarnada por el flamante ministro de Hacienda; ii) quita de la inmovilización de fondos por 120 días más la autorización a la suscripción directa en moneda extranjera de títulos en pesos; y iii) salir a conseguir rápidamente financiamiento apelando a todos los mecanismos disponibles (colocación de bonos, REPO, organismos financieros internacionales, etc.).
Esta estrategia financiera junto con los restantes fondos que aporte el blanqueo más una revisión minuciosa del gasto público y la suba de tarifas de servicios públicos para recortar los subsidios le permitirían al Ejecutivo hacerse de la caja necesaria para afrontar los meses de campaña electoral.
Pero no todo lo que reluce es oro: esta maniobra implica brindar nuevas concesiones a la inversión financiera (eliminar encajes a los capitales genera mayor volatilidad cambiaria) en pos de garantizar el influjo de divisas necesario. Además, el afán por mostrar mejores resultados fiscales y dar señales alentadoras a los inversores implica un mayor ajuste del precio de los regulados, forzando al BCRA a profundizar el atraso cambiario (producto de sostener o subir la tasa de referencia) en pos de alcanzar la ambiciosa meta de inflación de 2017 (12%-17%).
Aquí es donde la falta de un diagnóstico preciso, los problemas de coordinación y/o la ausencia de una visión holística de las dificultades económicas afectan al Gobierno, exponiendo los errores/contradicciones de las decisiones tomadas. Por caso, el Ejecutivo podría haber autorizado en diciembre la suba de precios regulados (combustibles, peajes, parquímetros y prepagas) para facilitar el cumplimiento de la meta del BCRA de este año. En materia de expectativas, cerrar 2016 con 40% o 41% de inflación no tenía mayor costo (la meta oficial de 20%-25% había sido ampliamente superada). Sin embargo, arrancar el primer trimestre de 2017 con aumentos pendientes complica el inicio de las principales negociaciones paritarias (sería deseable que en los primeros meses del año la inflación se ubicara por debajo del 1,5% mensual).
En síntesis, para que los salarios superaran a la inflación en el corto plazo, el Gobierno tendría que utilizar el tipo de cambio como ancla nominal profundizando el camino del atraso con creciente endeudamiento externo. El problema es que éste es el único sendero que permite una reactivación de cara a las elecciones de mitad de término, y Cambiemos no tiene tanta espalda política como para darse el lujo de una derrota.
