El lunes 30 de enero, mientras el presidente Mauricio Macri anunciaba la reducción de uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo, el congelamiento de los haberes de los funcionarios y la exclusión de los familiares de los ministros de la planta del Gobierno, la Administración General del Estado español iniciaba la convocatoria de la mayor oferta de empleo público de los últimos diez años, alcanzando a 4.725 plazas que salieron a concurso para puestos de gestión, administrativos y auxiliares de cuerpos centralizados.
La creación de empleo público en España es la consecuencia directa de la negociación del Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos, entre ellos la mayoritaria Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), llevada a cabo en julio de 2017, que se materializó con la sanción de una oferta pública extraordinaria aprobada por el Congreso de los Diputados, que permite realizar la incorporación de casi 15 mil nuevos trabajadores públicos en un plazo de dos años, para reponer las jubilaciones y crear nuevos puestos de trabajo. El plan de reformas de la estructura del Estado presentado en la Casa Rosada se enmarca en un contexto económico de sostenido déficit fiscal, elevado déficit comercial, recurrente incremento de tarifas, difundida alza del dólar y el affaire Triaca. Conforme al Ministerio de Trabajo, desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2015, la dinámica expansiva de asalariados dependientes de organismos públicos creció sistemáticamente, acumulando una expansión del 5,5%, y del 0,9% en 2016.
Frente a la crisis iniciada en 2008, los distintos líderes del Gobierno acordaron oportunamente políticas de Estado en el marco de las instituciones republicanas, para encaminar la depresión de la economía de España. Actualmente, la variación del empleo en el sector público se ha revertido, en pos de mejorar las prestaciones de los servicios administrativos estatales y robustecer financieramente las cajas de previsión social, con aportes genuinos de los trabajadores. La dinámica del empleo público en Argentina sufre los vaivenes de las fluctuaciones de fondos en los distintos niveles de los poderes ejecutivos nacional, provincial y municipal, atravesada transversalmente por la política partidaria. Es menester poder alcanzar acuerdos que contemplen objetivos en común y que permitan optimizar los recursos del Estado, trasparentar la incorporación del personal por concurso público y antecedentes, planificar la adecuación de los procesos administrativos, otorgar la capacitación inherente a cada empleo e incorporar el cambio tecnológico. Se deberán implementar no sólo instrumentos y herramientas de las relaciones laborales, sino también promover políticas y acciones de gobierno que den la posibilidad del trasvasamiento del sector público al privado, sin disminuir el nivel socioeconómico del trabajador.
*Analista económico.
