El viejo principio keynesiano de afrontar una crisis con medidas que podrían ser ridículas fuera de su contexto, como el de cavar pozos para taparlos luego, podría aplicarse a un escenario como el actual. Con un 19% de caída en la economía en el segundo trimestre (1/4 al 30/6), la Argentina se ubicó en el lote de los países que más acusaron el golpe de la pandemia.
Cuando se aprobó el presupuesto de este año y el brote de una gripe extraña en China parecía un fenómeno lejano, la presión tributaria pasaría a ser más del 30% del PBI. El gasto público consolidado había sido calculado en 42% del producto, pero las proyecciones de este año, según la consultora de Orlando Ferreres, lo ubicaría en torno al 46%. La brecha a financiar rondaría los 15 puntos porcentuales con lo que se disparan algunas incógnitas. Si en el conteo de impuestos no hay otros ingresos camuflados como tasas de servicios o regulaciones para fondos específicos. Además, si el nivel de gasto es rígido, sólo podría financiarse aumentando la deuda interna (ya que la externa estará cerrada por mucho tiempo) y los impuestos. Claro que el emisor de última instancia está atento y vigilante: la Casa de Moneda no para. Claro que el abuso de este instrumento no es gratuito en un año que se disparó la emisión y el dólar sólo es contenido por un cepo cada vez más abarcativo.
La elección del crédito interno para saciar el rojo fiscal: con la demanda de fondos que existen peligra derrumbar otro pilar del plan que no quiere ser plan de bajar la tasa de interés. Algo fácil de decir, pero difícil de implementar sin tocar las demás piezas del Yenga de una política económica que se hace camino al andar.
Con esta deducción y los gobernadores en constante peregrinar a la Casa Rosada pidiendo el ATN salvador (una herramienta política que ordena también la interna y las votaciones legislativas claves) los ojos vuelven a posarse en el camino impositivo: subir las alícuotas de fácil recaudación o crear algún otro impuesto, además de los 165 ya en vigencia. La primera de las fórmulas se aplicó este año para algunos productos y a los de Bienes Personales, pero para el Presupuesto 2021 se prometen mayor impacto en Ganancias, menos juego para desgravaciones y los impuestos ya diseñados pensando más en la tribuna que en la caja a largo plazo: el impuesto a los ricos y el 35% sobre el dólar ahorro.
El cobro del porcentaje sobre el precio del “dólar solidario” que en definitiva será sólo recuperado (parcialmente por el impacto inflacionario) por los que ya tributan Ganancias o Bienes Personales es un sustituto de una devaluación hecha y derecha. No trae más ingresos de divisas y sólo en parte erosiona la demanda de dólares como una eventual protección contra la inflación. En cambio, el impuesto a los casi 10 mil contribuyentes con patrimonios mayores a $ 200 millones con el que se prometen recaudar casi 1% del PBI adicional no soluciona el tema de fondo porque sería por única vez, pero sí se alinea con el discurso de que la crisis no recaiga sobre el grueso de la población. Son estos los contribuyentes que podrían votar con los pies y sus bolsillos para eludir el impuesto, desconfiando de que sea por única vez y que la inflación no vaya aplanando la base contributiva o que se actualicen las valuaciones fiscales.
Aquí la tensión retórica se convertirá en real cuando se exploran los límites entre las necesidades de la declaración y los objetivos de la política económica. Es la diagonal de la consistencia la llave de la sustentabilidad que el ministro Guzmán dice perseguir como prioridad.
