Transcurrieron los primeros 15 días del nuevo año y ya nos quedan pocas de las ilusiones que teníamos cuando lo recibimos. Pensábamos que había temas de los que ya no íbamos a tener que hablar tan seguido, aunque sabíamos que siempre iban a seguir existiendo y tendríamos que actuar, no meramente hablar. Tal vez fuimos demasiado optimistas, pero reconozcamos que la noticia de la nena de 10 años dando a luz en un hospital de Tucumán fue un golpe muy duro. Existen todas las posibilidades de que esto no ocurra. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral –ESI– desde 2006, por esa ley toda la niñez y adolescentes reciben en las escuelas esta enseñanza. Educación que les permite conocer su cuerpo y su funcionamiento, conocer las emociones ligadas a la sexualidad, entender los vínculos de afecto interpersonales y sus formas de expresión, conocer los derechos que les asisten para recibir educación, atención médica y servicios de salud sexual y reproductiva , información y acceso a métodos para tener o no hijos, información para conocer y poder elegir qué métodos anticonceptivos usar si no quieren quedar embarazadas, y también qué derechos tienen de interrumpir un embarazo con la atención médica y sin riesgos o, si prefieren continuarlo, con mayor apoyo del Estado y los servicios de salud. Además, y no menos importante, entender los roles estereotipados de ser mujer u hombre y reconocer la diversidad y las identidades de género.
Esta niña es un ejemplo, de los muchos que existen, de fracaso porque las leyes solas no alcanzan para garantizar derechos. Las leyes requieren la voluntad política de su cumplimiento. La ley de ESI es un ejemplo, no el único, de una buena ley pero que no va acompañada del compromiso político. Desde su sanción, las autoridades nacionales y provinciales de Educación en general han evidenciado esa falta de compromiso político, con argumentos y argucias para no implementarla. Tucumán es un buen ejemplo, aún allí la ESI no es una realidad en las escuelas salvo honrosas y escasas excepciones. Por esta niña las autoridades de Educación de la provincia deben dar cuenta del incumplimiento de su mandato.
Esta niña nos permite ver la falla de otros sectores, no solo el de Educación, del que poco se habla ahora. ¿Sin embargo, esta niña iba a la escuela y nadie se dio cuenta del embarazo? ¿Como pudieron la maestra y otras personas no darse cuenta? ¿O es tan “normal” esto que nadie lo investiga ni denuncia? La escuela no está exenta de responsabilidad y eso debe quedar claro y se debe investigar y sancionar porque la impunidad alimenta que persistan estas conductas.
Pero también la Justicia y el área de niñez tienen responsabilidad. La niña debía vivir con su madre biológica y no con esta vecina, porque ganó el juicio de tenencia que no pudo concretar porque la Justicia le exigía que tuviera una pieza sola para la niña, y por falta de recursos no podía cumplir. Esa condición era igual que negarle la tenencia a la madre, maniobra que permitió que la niña siguiera viviendo donde le daban la pieza propia, pero a un costo altísimo, como ahora se ve. La Justicia y el área de niñez no garantizaron la protección de la niña, a quien seguramente no se le preguntó qué quería. A esa Justicia no le llegó la ley Micaela, empecemos por investigar eso. ¿Se está aplicando la ley Micaela en Tucumán? ¿Y cómo? El área de niñez evidentemente no actuó o, si lo hizo, fue con muy poco éxito. Esta es otra realidad, la debilidad de las áreas de niñez en la mayoría de las provincias es grave, es un área no priorizada, con poco presupuesto y lo que logra es por el esfuerzo del personal.
Ahora se castigará a la vecina y a su pareja, el violador, pero no se va a seguir con quienes realmente son los responsables de que siga habiendo niñas abusadas y obligadas a ser madres.
