No hay tarea más azarosa que realizar un pronóstico sobre el futuro de un país en crisis.
Lo que se puede hacer es establecer con precisión qué es lo que ha ocurrido en un momento y en un lugar determinados, en un punto especialmente agudo de la crisis, con la esperanza de que se revelen algunas vías cargadas de futuro.
El sábado y el domingo pasados, un movimiento insurreccional se apoderó de Sucre, la capital constitucional del país en el corazón de los Andes y cuarta ciudad boliviana en orden de importancia.
El domingo, la Policía Nacional decidió retirarse de Sucre, antigua Chuquisaca. Lo hizo por su propia iniciativa, sin órdenes del gobierno de La Paz. Antes de emprender la retirada, la policía abrió las puertas de la cárcel y los presos quedaron a cargo del penal.
En los choques de Sucre murieron tres personas y hubo más de 200 heridos, muchos graves. La violencia arreció sobre todo frente al Liceo Militar, donde estaba reunido el bloque oficialista de la Asamblea Constituyente, que el sábado a la noche aprobó a mano alzada y en términos generales la nueva Constitución.
Tras la votación, los constituyentes, como lo había hecho antes la policía, también abandonaron Sucre y se dirigieron a Potosí.
El miércoles 28, seis de los nueve departamentos en los que se divide Bolivia (Tarija, Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando, Cochabamba y Sucre) convocaron a un paro general en rechazo a la nueva Constitución y en repudio a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes de la antigua Chuquisaca.
Ese día se mostró que los prefectos (gobernadores) de los departamentos en huelga, acompañados de los respectivos “comités cívicos”, ejercen allí el poder efectivo sin intervención del gobierno nacional; y lo hacen en el 70% del territorio boliviano, con el 80% de su producto bruto.
En esos departamentos se encuentra la totalidad de la producción agrícola exportable y el 100% de las reservas gasíferas y petroleras.
El análisis político no puede discernir qué es lo que va a suceder; lo que sí puede hacer es establecer que nada de lo que pueda suceder ocurrirá al margen de los acontecimientos centrales del presente.
No hay “riesgo” de desintegración del Estado en Bolivia; ya existe un proceso acentuado de descomposición estatal, como lo mostraron los acontecimientos de Sucre. El tiempo de verbo es esencial en el análisis político: ¿hay riesgo de insurrección en Bolivia? El fin de semana pasado hubo una insurrección triunfante en la capital constitucional del país.
En diciembre de 2005, Evo Morales triunfó en las elecciones presidenciales con el 54% de los sufragios, el nivel más alto de la historia política de Bolivia, al menos desde la revolución del 9 de abril de 1952.
Dos años después, el presidente Morales, elegido con el mayor número de votos de la historia moderna de Bolivia, ha perdido el control de los acontecimientos (esto es, el poder) en la mayor parte del territorio nacional, y en primer lugar en Sucre.
Esto sucede cuando Bolivia experimenta el mejor momento económico de los últimos 20 años.
Sus exportaciones ascendieron a 4.000 millones de dólares en 2006, récord histórico que significa que crecieron 44% en un año. Los ingresos fiscales aumentaron 46% en 2006 y las reservas treparon a 3.200 millones de dólares, el nivel más alto de su historia. En estas condiciones, es razonable que el Fondo Monetario Internacional (FMI) caracterice la situación de la economía boliviana como “excelente”, la “mejor” de las últimas dos décadas.
El jueves 29 se realizó en la emblemática avenida Bolívar de Caracas la más multitudinaria manifestación contra el régimen del presidente Hugo Chávez de los últimos cinco años.
Encabezada por el estudiantado universitario, la clase media venezolana se lanzó masivamente a las calles, por primera vez acompañada de sectores disconformes del chavismo, en repudio a la nueva Constitución bolivariana, que será hoy sometida a referéndum. Los ingresos petroleros de Venezuela en los últimos dos años equivalen prácticamente al total de los recursos que recibió en la década del 70, cuando la “Venezuela saudita” de entonces fue una de las principales beneficiarias de los shocks petroleros de 1973 y 1979.
Un hilo rojo de crisis política e ingobernabilidad recorre América del Sur. Pareciera que existe un vínculo, no inmediato ni evidente, pero profundo, entre una política de desconexión y ruptura con el sistema internacional, como la que impulsan Hugo Chávez y Evo Morales, y una creciente fragmentación interna.
Desconexión hacia afuera y desin-tegración hacia adentro
