La malaria económica y la sensación de pantalones bajos que dejó en el establishment la causa de los cuadernos de las coimas (decí fotocopias, gil) hacen que todos los reflectores estén enfocados este año sobre quiénes y cómo van a poner guita para los candidatos que compiten desde las primarias del 11 de agosto hasta un eventual ballottage.
Todo, en un contexto además en el que entró en vigencia una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos que, como no iba a ser de otra forma, se aprobó recontra sobre la hora el pasado 15 de mayo y entró en vigencia poco después. Incluye dos grandes novedades: se prohíben los aportes en efectivo y se habilita que haya de manera abierta plata de empresas o personas jurídicas, ya no solo de individuos.
Después de mil coloquios de IDEA y encuentros de ACDE y seminarios de AEA donde aburrieron con paneles sobre la necesidad de mejorar la forma en que se financia “la política”, los empresarios tienen la oportunidad de aprovechar este nuevo escenario para sacarse la careta. “Estoy pensando en hacer aportes con alguna de mis compañías de manera abierta, porque si no, todo es pura hipocresía”, dice uno de los diez empresarios más importantes de la Argentina, con presencia en todos los sectores importantes de la economía. No niega ni afirma haber puesto dinero cuando no estaba permitido, pero se propone salir de esa zona oscura de la recaudación electoral. Un paréntesis: ¿ya informó la Provincia el resultado de la “investigación interna” que prometió cuando estalló el escándalo de los aportantes truchos de 2017? Buena pregunta para la próxima entrevista a la gobernadora.
En el portal público de aportes a la campaña, por ahora declaró más fondos la izquierda que el Gobierno o la oposición.
Si eventualmente este hombre de negocios pusiera fondos a cielo abierto, sería el primero en hacerlo, porque hasta ahora, a pesar de todo el humo de la charlas en livings en hoteles caros hablando sobre transparencia, hubo apenas cincuenta aportes declarados en el portal previsto por la ley para dar publicidad al financiamiento, que se puede consultar en https://aportantes.electoral.gob.ar/aportes.
Allí, por ahora se puede considerar técnicamente un fiasco la idea de difundir el flujo de dinero de las corporaciones a los partidos políticos y los candidatos. Puede cambiar, porque algunos explican que más cerca de la votación llegará el dinero o que fluirá más para las generales de octubre que para las PASO. Pero por ahora el listado es casi cómico.
El grueso de los giros declarados lo publicaron partidos de izquierda, justamente el espacio que se opuso a la legalización de los aportes empresariales que aprobaron Cambiemos y el PJ en el Congreso. Se trata de montos de entre $ 1.500 y $ 20 mil, en su mayoría destinados al ítem “desenvolvimiento institucional”, un tipo de aporte que prevé la legislación dedicado al funcionamiento de los partidos y no a pegar afiches y demás.
Estrictamente con la finalidad de bancar la campaña de las primarias, hasta ahora se anotaron sólo dos aportantes: Juliana Cabrera, que giró $ 32 mil desde su cuenta en el Banco Nación para el Partido Obrero, y Juan Eduardo Riva, que puso $ 20 mil desde el Banco Credicoop para Juntos por el Cambio. Sí, según estos registros oficiales hasta ahora la campaña del PO juntó más fondos que la del Gobierno y también que la del Frente de Todos, que por ahora no suma fondos declarados. De empresarios, ni noticias.
En otra. Es cierto que el mundo corporativo está con otras prioridades. De hecho, los constructores, que según los cuadernos (fo-to-co-pias, chabón) eran uno de los maná de la democracia, están hasta las manos. En total reserva, varios de los nombres que anotaba el chofer Oscar Centeno hoy están en proceso de venta, incluso con due diligence lanzados. Es que se volvieron compañías casi inviables, más allá de que las empresas no pueden ir presas y de que los directivos investigados dieron un paso al costado para facilitar su funcionamiento. El tema es que si no cambian de manos y suman nuevos accionistas y management, difícilmente puedan conseguir crédito barato para ganar una licitación. Deberían hacer todas conseguir un Marcelo Mindlin, que le compró Iecsa a Angelo Calcaterra, el primo del Presidente investigado por corrupción, echó a Javier Sánchez Caballero, presunto cometero del caso Odebrecht, y la relanzó como Sacde para ir ahora por los gasoductos troncales.
En el sector de la construcción aseguran que varias compañías de los cuadernos están en proceso de venta.
Tampoco está la cosa como para ir a manguearles a los industriales. Por un lado, atraviesan problemas en la cadena de pagos, como muestra el salto en la morosidad de las empresas del propio Banco Central o el empeoramiento de la capacidad crediticia nada más y nada menos que de Arcor, producto del combo de recesión con la estrategia oficial de tasas altas para contener el dólar. Y por otro, porque también llegan hasta la conducción de la Unión Industrial Argentina los ecos del pasado. Algunos refunfuñan porque sigue como vicepresidente Luis Betnaza, de Techint, que reconoció haber pagado sobornos en el kirchnerismo y mancharía a la institución. Otros, porque no le creen el extremo anticristinismo a Cristiano Rattazzi, y le recuerdan haber sido sponsor del Fútbol para Todos con Iveco o haber ampliado sus plantas gracias a créditos del Bicentenario. Debates a fondo por el desarrollo nacional.
Ojo, tal vez sean los empresarios y operadores financieros que dijeron presente el jueves en la Bolsa de Comercio para celebrar el 165 aniversario de la institución el universo para ir a garronear plata, al menos para el oficialismo. Si su bolsillo registra un 10% el entusiasmo increíble que mostraron ante el diálogo al borde del chape entre su titular, Adelmo Gabbi, y el Presidente, el sitio de los aportantes declarados debería reventar de empresas cotizantes. Más de 1.400 personas se abarrotaron en el recinto de 25 de Mayo y Sarmiento, y aplaudieron cerca de diez veces la catarata de elogios a Mauricio Macri. Gabbi lo felicitó por recuperar el rótulo de mercado emergente, por el Indec, por el fin del cepo, por la política exterior lejana a Irán y Venezuela, por el acuerdo Mercosur y Unión Europea, por el G20 y hasta por la gestión en la Ciudad previa a Larreta. Eso sí, le dijeron que no quieren pagar más el impuesto a la renta financiera.
