El 28 de septiembre fue el Día por la Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe, día para detenerse a pensar en las miles de mujeres que han muerto y mueren a diario en la región por practicarse abortos inseguros, empujadas a la clandestinidad por la existencia de leyes restrictivas. Alrededor de dos mil mujeres mueren anualmente por esta razón, lo que representa el 11% de las muertes maternas en la región. Casi la mitad de estas muertes ocurre entre niñas y mujeres menores de 25 años. Además, más de un millón de mujeres y niñas latinoamericanas son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros, número que asciende a cinco millones a nivel mundial. En Argentina, las cifras son igual de alarmantes. Según el Ministerio de Salud, en 2010 murieron 331 mujeres por causas relacionadas con el embarazo. De ese total, el 20,5% se debió a abortos practicados en condiciones de riesgo. Junto a Trinidad y Tobago y Jamaica, Argentina es el único país de América latina en el que el aborto inseguro es la primera causa de mortalidad de las mujeres.
El común denominador de las leyes restrictivas que penalizan por completo el aborto, o aquellas que lo permiten en ciertos supuestos muy limitados, ha sido su fracaso rotundo. Estas leyes no impiden que las mujeres se practiquen abortos ni afectan la probabilidad de que una mujer tenga un embarazo no deseado y decida interrumpirlo. Además, la persecución penal del delito no es de trascendencia, las denuncias son escasas y las condenas excepcionales. Por el contrario, el único efecto tangible de este tipo de normas ha sido obligar a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos que vuelven insegura a la práctica y generan un riesgo cierto de muerte o de sufrir lesiones irreversibles.
La penalización perjudica principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables, que no pueden afrontar servicios clandestinos en condiciones sanitarias de calidad. Ello, además de violar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica de las mujeres, constituye una discriminación basada en su condición social o económica, motivo de distinción prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la gran mayoría de los países de la región.
Por otra parte, la penalización atenta contra la dignidad y la autonomía de las mujeres al restringir severamente su libertad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo que afectan su vida y su salud sexual y reproductiva. Las reduce de su condición de personas autónomas a meras herramientas de reproducción.
En marzo de este año, la ADC junto con otras organizaciones regionales participó en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se debatió sobre los efectos discriminatorios que la criminalización del aborto causa en las mujeres que buscan atención obstétrica en los servicios de salud de Brasil, Bolivia, Argentina y Perú. Luego de presentar los resultados de las investigaciones realizadas en cada uno de los países y una serie de recomendaciones sobre estándares de protección para prevenir futuras violaciones de derechos humanos, las organizaciones solicitaron a la Comisión que recomiende a los Estados la despenalización y legalización del aborto temprano.
En definitiva, hoy es un día para exigirles una vez más a las autoridades públicas, en especial a los poderes Ejecutivo y Legislativo de los países de la región, que no den más la espalda a estas muertes silenciadas y evitables. Es imperioso que reconozcan esta realidad como lo que es: un grave problema de salud pública, de injusticia social y de violación de derechos humanos de las mujeres. Una realidad que requiere un debate urgente libre de presiones y dogmas religiosos y una solución inmediata que, entendemos, sólo puede consistir en la despenalización del aborto temprano.
*Directora de Derechos Sociales de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
