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COLUMNISTAS / Prejuicios y discriminacion
domingo 6 octubre, 2019

Cuatro mitos en torno a los movimientos populares

A partir de los dichos de Miguel Angel Pichetto, el autor discute la idea de que los planes sociales son un gasto mal administrado.

por Juan Grabois

Vivir del estado. Grabois señala que a partir de los planes sociales se puede establecer toda una red de solidaridad y trabajo para personas de condición vulnerable. Foto: CTEP
domingo 6 octubre, 2019

La facción bolsonarista del elenco gobernante insiste en despotricar contra los supuestos despilfarros en políticas sociales con la evidente intención de consolidar un núcleo político reaccionario como capital político futuro. Frente a la inviabilidad del “plan dinamita” contra el tercio más pobre de nuestra población, la dupla tirabombas pretende convencer a las clases medias de que sus padecimientos económicos son producto del gasto en “planes” supuestamente manejados por malignos movimientos sociales. Subestiman a los sectores medios que, afortunadamente, son mayoritariamente solidarios, empáticos y humanistas.

Sin embargo, cuando se siembra intolerancia y xenofobia desde el caballo del comisario, pronto aparecen los brotes de crueldad. La arenga pichetiana, además, coadyuva a la percepción magnificada del costo fiscal de las políticas sociolaborales y levanta permanentemente sospechas sobre nuestras organizaciones. Aunque carezca de toda lógica, el camaleónico senador afirma sin tapujos que en un país donde se forman filas multitudinarias cada vez que se abre un puesto de trabajo formal, la gente no quiere trabajar porque hay muchos “planes”. En el mismo sentido, otra representante del macrismo hardcore, Patricia Bullrich, nos acusa de promover una “cultura de la pobreza” en clara proyección psicológica de los logros culturales del oficialismo. Los discursos de odio oficiales habilitan a la burocracia política, siempre ávida de disciplinar a las organizaciones libres del pueblo, un mayor espacio para reproducir los prejuicios demonizadores contra las organizaciones sociales. Muchos diseñan vanas estrategias para desarticularlas, dividirlas, marginarlas o por los menos silenciarlas.

Lo cierto es que en un contexto de emergencia alimentaria, creciente desempleo y escandalosa pobreza, las políticas sociolaborales, lejos de sobrar, brillan por sus escasez e insuficiencia. Los únicos dos programas de economía social con transferencias de ingreso condicionadas (mal llamados “planes sociales”) son Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios. En el primer caso, la contraprestación es de naturaleza educativa, y en el segundo laboral. Entre ambos, alcanzan a unos 510 mil beneficiarios que pueden optar entre las dos modalidades. El monto que percibe cada uno de ellos es de 8 mil pesos, la mitad del salario mínimo.

En el programa Hacemos Futuro, los beneficiarios tienen la obligación de realizar tramos de terminalidad educativa y cursos de formación profesional. La alfabetización, terminalidad educativa y formación en oficios son necesidades reales de los sectores populares que deben ser abordadas desde políticas de este tipo. Desgraciadamente, Hacemos Futuro ha sido diseñado con una ineptitud técnica pasmosa y un enorme desconocimiento de la realidad social por los funcionarios yupies del macrismo. Actualmente no existen vacantes en los secundarios para quienes quieren estudiar, las pocas aulas que el Gobierno no cerró no dan abasto y la escasa oferta de talleres laborales no tiene relación alguna con las necesidades formativas del sector.

El otro programa, Proyectos Productivos Comunitarios, surge de la Ley 27.345 que impulsamos los movimientos populares y fue votada en forma virtualmente unánime por el Congreso Nacional. En cumplimiento de esta norma, el Gobierno otorga un salario social complementario equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil a unos 260 mil trabajadores que participan de los distintos proyectos de economía popular. Se trata de una política cuyo principal problema radica en su arbitraria restricción. Como afirma la ley, debería ser un derecho de acceso universal para 4 millones de trabajadores no asalariados de la Argentina.  

Los movimientos populares tienen un rol significativo en el diseño y la coordinación de los proyectos productivos comunitarios. En efecto, aproximadamente un centenar de organizaciones sociales coordinan las actividades laborales de los trabajadores voluntariamente asociados a las mismas. Se trata de un valioso entramado comunitario de cooperativas, asociaciones y grupos de base cuyo aporte cotidiano a la justicia social es totalmente desconocido.  

Así las cosas, el desconocimiento, alimentado por los voceros del odio, engendra incomprensión y prejuicio. Entre ellos, quisiera destacar cuatro mitos fundantes de la actual percepción que pretenden imponer sobre los movimientos populares.

El primer mito es que los movimientos populares están compuestos por personas que no trabajan. Falso. La inmensa mayoría de los integrantes de los movimientos populares trabajan, y mucho. Son hombres y mujeres que se inventaron, individual o colectivamente, su propio trabajo. Trabajan como cartoneros, recicladores, horticultores, feriantes, vendedores ambulantes, costureros, cortadores, estampadores, cocineros, carpinteros, herreros, comunicadores comunitarios, educadores populares, promotores de salud, obreros de empresas recuperadas. También construyen viviendas, limpian arroyos, arreglan plazas, pintan escuelas, realizan la recolección de residuos entre una infinidad de tareas de enorme valor socioambiental. Muchos son trabajadores y trabajadoras comunitarios, dedicados a brindar cuidados a los sectores más vulnerados en su dignidad: los ancianos víctimas del abandono estatal, los niños con graves carencias alimentarias, los jóvenes devastados por el consumo de droga. Su trabajo, realizado en condiciones de inmensa precariedad, es enormemente productivo para la sociedad y merece el mayor de los respetos.

El segundo mito es que quienes reciben una transferencia de ingresos como el salario social complementario porque “viven del plan”, “viven del Estado”. Falso. Como prueba, me remito a un argumento inapelable: nadie, absolutamente nadie, puede mantener a una familia únicamente con un ingreso equivalente a medio salario mínimo. Los mal llamados “planes sociales” simplemente permiten complementar los ingresos que obtienen directamente los trabajadores en las actividades mencionadas anteriormente. Se trata de un sector que los académicos denominan “microinformal” y nosotros preferimos llamar economía popular. Vale destacar que apenas el 10% de los trabajadores de este sector cobran el salario social complementario.

El tercer mito es que las transferencias de ingreso que realiza el Ministerio de Desarrollo Social son administradas por los movimientos populares. Falso. Todos los trabajadores cobran su salario social complementario a través de una tarjeta bancaria personal e intransferible. Las organizaciones sociales no tienen ninguna intervención en este procedimiento. Es cierto que, como en todas las realidades que atraviesan a los vulnerables, existen personas inescrupulosas y abusivas. Muchas organizaciones hemos denunciado estas prácticas. En ese sentido, solicitamos al Estado que arbitre los medios necesarios para efectivizar las denuncias y proteger a los trabajadores. Así, cada vez que los trabajadores retiran su magro salario social de un cajero automático, sale un ticket que advierte contra abusos y estafas.

Alrededor del 2% de los titulares presentaron denuncias. Yo mismo he tramitado alguna de ellas cuando el 0800 habilitado no funciona. Existen en la actualidad causas penales por abusos que deben ser adecuadamente resueltas por la Justicia. En algunos  casos, los responsables han sido supuestos militantes sociales. Son situaciones lamentables que tiñen el trabajo del conjunto, como cuando un policía, político, periodista, sindicalista o empresario coimero desprestigia a sus respectivas instituciones. Sin embargo, la inmensa mayoría de los militantes de las organizaciones son personas honestas, dignas, comprometidas. A mi juicio, si el resto de los sectores vinculados a la cosa pública tuvieran la ética media de nuestros compañeros viviríamos en un país muchísimo menos corrupto que el actual.

Gasto. El cuarto mito es que los programas sociales representan una proporción alta del gasto público. Falso. Tan falso que me produce indignación. Miserables los que dicen que se invierte demasiado en los más pobres cuando la falsedad de la afirmación puede verse en cada esquina del país. Todos los denominados “programas de transferencia de ingreso” representan el 1,2% del Presupuesto. Los Proyectos Productivos Comunitarios menos del 0,5% del presupuesto nacional. Para darse una idea de lo irrisorio del gasto destinado a la inclusión laboral de la población más vulnerable basta decir que orilla el 1% de las reservas que Macri despilfarró en la timba financiera en los últimos seis meses. Aun recuperando los niveles de empleo formal perdidos durante el macrismo, para avanzar hacia una sociedad sin hambre, exclusión ni pobreza, para crear los puestos de trabajo comunitario necesarios, desarrollar la soberanía alimentaria a través de la pequeña agricultura y avanzar en la integración sociourbana de los 4.490 barrios populares marginados, las políticas públicas de tierra, techo y trabajo deberían estar en el orden del 10% del gasto público.

La desvalorización del esfuerzo constructivo de miles de vecinos, campesinos, trabajadores, militantes, voluntarios, técnicos y profesionales que dedican su vida a promover estas redes de esperanza refleja los peores instintos de nuestra sociedad. Esa obsesiva necesidad de escrutar la conducta de quienes luchan honestamente por la justicia social para detectar sus contradicciones y desacreditarlos es, tal vez, una forma de nihilismo que pretende convencernos de la naturaleza universal del egoísmo. Hemos llegado al ridículo de discutir cómo eliminar los “planes sociales” o las organizaciones populares en vez de debatir cómo eliminar el hambre, la pobreza, la precariedad laboral, el deterioro sanitario, el analfabetismo funcional o la creciente desigualdad.

En un país donde alrededor de 6 millones de personas descartadas por el mercado se ganan el pan con el sudor de su frente se necesitan muchas más experiencias comunitarias que agrupen, integren, organicen, complementen, formalicen y promuevan estas valiosas actividades. La reafirmación de los derechos de sus trabajadores, el fortalecimiento de los lazos solidarios, el mejoramiento de sus unidades productivas deberían ser políticas de Estado. Es paradójico que los políticos, en particular los culpables del empobrecimiento masivo de la población argentina, busquen el problema en el único reducto de esperanza, en el refugio que construimos con amor, sacrificio y dignidad para defendernos de la marginación.

*Abogado. Referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.


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