En su libro El poder de la conversación, Mora y Araujo se refiere a la opinión pública como “una fuerza social… que se genera en el plano de la conversación espontánea entre las personas”. En esas conversaciones se habla, entre otras cosas, de necesidades no satisfechas. Pero las personas no hablan de los recursos necesarios para atenderlas, ni de cómo obtenerlos, porque no entienden de estos procesos.
De eso debiera hablar la dirigencia política, los técnicos, analistas e intelectuales que se ocupan de los problemas sociales. Sin embargo, estos actores hablan de derechos y de distribuir la riqueza, pero no de cómo producirla; como si fuera posible distribuir lo que no se produce. Además, algunos de sus discursos cuestionan el papel de la empresa privada pese a que es ésta la que crea empleo y riquezas, como lo destacara en su momento el primer ministro socialista francés Manuel Valls. Y dan por sabido que es función del Estado ocuparse de distribuir la riqueza, sin hablar del origen de los recursos necesarios para cumplir esa función. Información imprescindible dado que, salvo pequeños aportes de alguna empresa pública, el Estado no genera riqueza.
Un Estado que en lugar de favorecer las inversiones competitivas alienta una trama corporativa que, protegiendo el accionar del sindicalismo con la aprobación de convenios distorsivos y una justicia laboral expropiatoria (en especial sobre las pymes) sólo permite la existencia de un empresariado amigo que mantiene su actividad en base al proteccionismo que recibe del poder político. Como resultado tenemos un modelo económico con baja productividad y no competitivo, que genera poco empleo, bajas remuneraciones y bienes caros, de lo que resulta un alto contingente de pobres, desocupados y trabajadores informales. La necesidad de atender la demanda de asistencia derivada de ese modelo obliga al Estado a incrementar los impuestos con la obvia consecuencia de empeorar aún más las condiciones productivas y las consecuencias ya señaladas.
Frente a este círculo vicioso aparece la experiencia de los países desarrollados que nos muestra la existencia de un modelo económico alternativo, el que alentando una mayor actividad productiva, genera más empleos genuinos y paga mejores salarios (dada su alta productividad), con lo que va distribuyendo parte de la riqueza al momento de producirla, dejando así menos lugar a la pobreza. Si a esto se agrega una mayor base impositiva, el Estado obtiene la doble ventaja de tener que asistir a menos ciudadanos con una mayor cantidad de recursos.
Frente a estos contrastes se impone una pregunta elemental: ¿dada la experiencia de procesos virtuosos aplicados en países desarrollados, ¿por qué insistir con un modelo perverso de arreglos corporativos que crea poca riqueza y que condena al país al estancamiento y la pobreza? La respuesta puede incluir factores diversos, pero hay uno que merece destacarse: los resabios de una ideología decimonónica que al perdurar en otros contextos históricos confunden empleo en la empresa privada con explotación.
Más allá de recordar los límites de la teoría de la plusvalía que según Marx se daba en la industria, pero no en el comercio ni en los servicios, a esos resabios les cabe lo que Gramsci proponía respecto de otra interpretación errónea de la teoría marxista: “tiene que ser combatida teóricamente como un infantilismo primitivo, y en la práctica hay que combatirla con el testimonio auténtico de Marx”. Para eso debe sustituirse la lectura del Manifiesto por la del Prefacio, pasando por los Grundrisse.
Este proceso productivo distributivo no excluye una fuerte presencia del Estado, el que junto con crear las condiciones para favorecerlo, debe garantizar los derechos laborales y el cuidado del medio ambiente. Sin descuidar una eficiente política recaudadora para disponer de los recursos que garanticen salud, educación y viviendas dignas para todos, entre otros servicios.
*Sociólogo.
