Preguntonta: ¿alcanzan $ 130.000 millones para aliviar el problema de la pobreza extrema en la Argentina? Es probable que no. Pero $ 130.000 millones es mucha plata, aun para mí.
Y $ 130.000 millones es el monto transferido en los últimos seis años por el Gobierno nacional al sector privado. Obviamente, este es sólo un rubro del Presupuesto, al que volveré en un minuto. Esta cifra, no incluye los pagos de salarios, jubilaciones, obras públicas, salud, etc. Tampoco incluye el gasto provincial y municipal. Es decir, no incluye lo que cualquiera de nosotros llamaría “gasto público total”, que está en niveles históricos récord, aproximadamente un tercio del PBI argentino.
Resulta claro, a estas alturas, que si después de seis años de crecimiento “alla China” y de una participación creciente del sector público en ese crecimiento, los problemas de pobreza extrema aún persisten, la solución requiere algo más que plata y vocación.
Vuelvo, entonces, a esos $ 130.000 millones acumulados en estos años, exclusivamente como transferencias directas al sector privado, en la forma de subsidios, planes de ayuda, rebajas en los precios de ciertos bienes y servicios.
¿Quiénes han sido los receptores de esos fondos? Es cierto que una parte de ese dinero se destinó a los planes de ayuda social del Gobierno nacional y otra a mantener bajos los costos de servicios que utilizan los pobres –principalmente transporte público–. Pero no es menos cierto que el crecimiento más explosivo de este rubro estuvo ligado a la maraña de subsidios destinados a evitar aumentos en la electricidad y gas residencial, en los combustibles que utilizan los autos particulares, en especial los combustibles “premium”, los peajes en las rutas y ciertos alimentos, sin discriminar entre pobres y ricos.
Por supuesto que los fondos necesarios para cubrir estas transferencias surgieron de la recaudación de impuestos. El IVA, y la inflación, que pagan relativamente más los pobres, y los impuestos a la exportación, que pagan productores ricos y productores pobres.
Como reconoció el propio Gobierno nacional en las voces de la Presidenta y sus ministros más importantes, los exorbitantes aumentos de la electricidad y el gas anunciados y observados en los últimos meses obedecen al hecho de que “…los pobres no pueden seguir subsidiando a los que más tienen…”. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen mis amigos abogados (¡sí!, algunos tengo).
Esta descripción se agrava si se analiza el esquema “federal” del reparto del crecimiento de la economía de los últimos años. En efecto, una parte importante de ese crecimiento se originó en un extraordinario cambio de precios relativos a favor de las producciones regionales en general, y de la agropecuaria en particular.
Sin embargo, el Gobierno nacional interfirió fuertemente en la forma en que tal mejora de los precios internacionales se difundió en las provincias. Primero, afectó la producción de lácteos y carnes, petróleo, gas, impidiendo el aprovechamiento pleno de ese boom de precios en las provincias productoras. No sólo subsidió directamente el consumo, sino que, además, prohibió exportaciones y fijó precios máximos para el mercado interno.
Segundo, y a través de las retenciones a la exportación, le restó capacidad de recaudación a los gobiernos provinciales. Las retenciones no se comparten con las provincias en forma automática, y reducen la base del el impuesto a las ganancias que sí se coparticipa, y la base imponible de impuestos provinciales.
Tercero, al concentrar políticamente el gasto en el Conurbano bonaerense, con los recursos restados a las provincias, se mantiene el círculo vicioso de la pobreza extrema. Con menos recursos para educación y salud en las provincias, la gente emigra hacia “dónde está la salida”, en el Gran Buenos Aires, provocando hacinamiento, congestión, necesidades de más infraestructura.
Cuarto, sin inversión en rutas adecuadas y habiendo destruido el mercado de aerotransporte comercial, los costos de flete y las dificultades para el turismo receptivo también conspiraron contra una mejora en el bienestar de la población del interior del país.
Y, por último, la falta de reforma política, en serio, para ir a la “nueva política”, mantuvo, también en las provincias, salvo honrosas excepciones, la organización feudal de dependencia casi total de la discrecionalidad política de intendentes y gobernadores.
En síntesis, si en estos años, con un crecimiento económico impulsado desde el interior del país hacia los grandes centros urbanos, gracias a la demanda mundial, y con una apropiación del Estado de una parte importante de los fondos originados por ese crecimiento (el gasto público total aumentó 10% del PBI en cinco años), no pudimos solucionar los problemas de pobreza extrema, da toda la impresión de que se necesita una reforma institucional seria, y no sólo discursos y lamentos. Un paso inicial podría ser sincerarnos como sociedad y, al menos, limitar la hipocresía extrema.
