No fue magia: después del triunfo electoral de Macri, se anunciaron al mismo tiempo la venta de las empresas de Cristóbal López y la prisión de Julio De Vido. La inminencia de una salida de López de los medios la anticipó la enorme cantidad de cheques rechazados sin fondo: más de 180 millones de pesos, según registros bancarios. Y el espejo que representaba el anunciado desafuero y la inmediata detención de De Vido para después de las elecciones: el temor de Cristóbal López era y es ser el próximo con esposas, chaleco y casco camino al penal de Ezeiza.
AFIP espera un fallo de Casación tipificando como defraudación, y no como evasión, las deudas tributarias de López
A López lo debe haber persuadido ver qué diferente fue el tratamiento por la deuda de 12 mil millones de pesos que tuvo OSDE con la AFIP, un monto similar a la suya en Oil Combustibles y denunciada también a partir de la llegada de Cambiemos. En el caso de OSDE, el Estado rápidamente llegó a un acuerdo por el cual se redujo la deuda a 8.500 millones de pesos, con un pago al contado de 1.700 millones –el 20%– más otros tres desembolsos en los meses subsiguientes y el resto en cuotas ajustadas a diez años. Mientras que en el caso de las empresas de Cristóbal López, parecía priorizar que fuera preso y sirviera como ejemplo social del empresario corrupto a cobrar la mayor cantidad y lo antes posible. Como sucede en Brasil con el caso de Odebrecht, la condena social reclama que no sólo vayan a la cárcel los funcionarios que recibieron coimas sino quienes las pagaron.
Erradamente, Cristóbal López pensó que los medios podrían ser su salvoconducto porque el Gobierno no querría –como con los trabajadores de la planta cerrada de Pepsico– tener centenas de periodistas protestando porque se quedaron sin trabajo ante el derrumbe de esos medios con sus dueños presos. Y en medio del caos, una intervención judicial que también colapse porque los ingresos no alcanzan para pagar los sueldos actuales y empeore mes a mes, cuando los anunciantes se vayan retirando frente a la pérdida de rumbo.
Pero al Gobierno pareció no preocuparle la posibilidad de que se visibilizara ante la sociedad qué termina sucediendo con los medios de comunicación cuando son utilizados para otros fines, porque la responsabilidad ante la opinión pública caería sobre el kirchnerismo, el agente corruptor, como sucedió con los medios K de Sergio Szpolski.
Con una diferencia: los medios de Cristóbal López no son como los de Szpolski porque tienen audiencias relevantes: C5N compitió en rating cabeza a cabeza con TN durante todo 2017, y la suma de sus radios: R10, Pop, Mega, Vale y One concentra el 15% y el 30% de las audiencias de AM y FM respectivamente. Y aunque en suma son deficitarios, serían corregibles: el primer trimestre de 2017 las radios ganaron 19 millones de pesos y el área TV perdió 90 millones, en gran medida por el lastre de la productora PPT y la señal CN23.
El problema de C5N y las radios es que las deudas que acumularon superan el valor de los activos. Independientemente de los 8 mil millones de impuestos impagos de Oil combustibles, la mayor empresa de Cristóbal López, y asumiendo que C5N y las radios pudieran dejar de ser solidarios con esa y otras deudas del resto de las ex empresas de López porque así lo aceptasen el juez y la AFIP, hay impuestos impagos propios de los medios. Las deudas con la AFIP de C5N, las radios, en este caso más La Corte (51% es de Indalo y 49% de sus fundadores, los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo), Ideas del Sur, PPT, CN23 e incluso los medios gráficos, la mayoría de ellos discontinuados aunque tienen el 60% de Ambito Financiero (el 40% restante es del Orlando Vignatti), suman el equivalente a una moratoria de ocho trimestres de 60 millones cada uno. Y a este total de 480 millones de pesos hay que sumarle la deuda con proveedores por la parte de los cheques sin fondos de los medios y los numerosos juicios pendientes: sólo los 25 juicios laborales del abogado del equipo de Marcelo Longobardi, entre muchos más, Gonzalo Espinoza Paz, podrían tener un costo total con intereses, honorarios, peritos y tasas de justicia, más aportes y contribuciones sociales impagas, de 600 millones de pesos. El total de esas deudas no sólo supera ya el valor de los activos sino el de la marca C5N más las radios.
La semana pasada, al ver la enorme cantidad de cheques sin fondos, entre ellos los de las indemnizaciones de los periodistas del diario Buenos Aires Herald que hoy trabajan en el Buenos Aires Times, Editorial Perfil propuso por escrito absorber C5N y las radios mudando sus operaciones a los estudios de radio y televisión de Perfil, en el barrio de Barracas, para vender los edificios que hoy ocupan estos medios en la calle Olleros 3551 y en la esquina de las calles Uriarte y Nicaragua, valuados en 16 y 2,5 millones de dólares, respectivamente, para pagar parte de las deudas. Y paralelamente, a los principales acreedores por juicios laborales, que capitalicen sus acreencias.
López no podrá acogerse a una moratoria si se le imputa defraudación y el castigo, además de multa, incluye prisión
Cuando esta semana se anunció que el fondo OP Investments compró las 170 empresas de Cristóbal López, su representante legal anticipó que no desean continuar con los medios. Al día siguiente de conocerse la operación, el abogado Gonzalo Espinoza Paz presentó en el Enacom un escrito de cuatro hojas reclamando que se le impida la transferencia de licencias a OP Investments. Pero más allá del Enacom, sería moralmente inconveniente para el Gobierno aprobar el traspaso de medios de comunicación a personas o empresas que no tengan antecedentes en ellos o fueran afines a Cambiemos.
El verdadero capital de los medios de comunicación es su audiencia, que en el caso de radio y TV se la puede perder en pocos meses de desaciertos. Y sus únicos ingresos provienen de los anunciantes, que también pueden emigrar rápidamente si anticipan que perderán audiencia por estar sin una conducción profesional ni un proyecto definido. Ojalá no termine sucediendo lo mismo que con los medios de Szpolski.
