El acto presidencial de lanzamiento del informe “Papel Prensa: la verdad” inició un nuevo capítulo en el antagonismo político argentino. Desde amplios sectores de la oposición (política y mediática) interpretaron el mensaje oficial como un avance autoritario hacia una estrategia de “chavización”.
El oficialismo (político y mediático) tiene la visión opuesta. Para ellos, la investigación sobre Papel Prensa (PP) y sus consecuencias implican avances de la democracia. Así, la ofensiva oficial permitiría abrir el debate a la sociedad, al Congreso y al Poder Judicial. La sociedad podría discutir el legado del horror; el Congreso, regular y limitar monopolios; y la Justicia, delimitar responsabilidades penales.
La hipótesis que aquí se propone es que ninguna de las dos visiones es cierta, pero que, al mismo tiempo, se requieren esfuerzos conjuntos para que el temor de la oposición quede neutralizado y la pretensión del oficialismo se vuelva cierta. Lo que se necesita es recuperar del debate político, que admite y requiere de la confrontación, pero sin colocar al otro, al menos a priori, fuera del campo de la legalidad, de la moral o de la sensatez.
Las afirmaciones que profetizan la venida de un autoritarismo que suprimirá disidencias no resiste el mínimo test de realidad: se practica la libertad para decir prácticamente cualquier cosa sobre el Gobierno nacional, por extrema que sea, y los medios siguen en manos de sus dueños. A su vez, los signos de intolerancia y de confrontación, como estandartes vacíos de la política oficial, se repiten con asombrosa frecuencia en las últimas semanas. Es necesario, entonces, volver a plantear los términos de la conversación.
La discusión sobre la regulación del mercado de papel para diarios ofrece matices. Mientras unos sospechan la intención oculta de reemplazar un monopolio por cupos manejados desde el Gobierno, otros creen que es el inicio de una nueva etapa, de mayor acceso al insumo y de mayor pluralismo. A favor de los primeros hay que citar que el manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial alimenta las sospechas sobre cualquier poder adicional que el Gobierno adquiera en el mercado de las comunicaciones. Quizás medidas pro competencia, tales como prohibiciones de aranceles a futuras importaciones de papel y regulaciones a las compras para los diarios socios de PP sean ideas que despierten menos suspicacias.
La acusación oficial sobre la relación de la violación de derechos humanos y la adquisición de acciones de PP es más compleja. Sin dudas, requiere de tribunales independientes y eficaces. El modo sesgado en que, con frecuencia, la Justicia ha tratado los temas de corrupción proyecta sombras sobre la posibilidad de que tal vía institucional se aplique de modo imparcial en un caso de interés político. Asegurar las condiciones de independencia de la Justicia en esta clase de casos también requiere de la recuperación del debate.
A su vez, el tema nos lleva a una necesaria reflexión acerca de los grados de tolerancia y hasta de complicidad que sectores del periodismo, del empresariado y de la sociedad en general tuvieron con la última dictadura y con su estrategia represiva. Es una reflexión dolorosa, que requiere una mirada humilde y aguda a la vez, capaz de captar los matices. Todo lo contrario de la santurronería simplificadora de quienes creen haber estado siempre del lado correcto de la historia, o de quienes quieren sacar provecho de ella.
La propuesta aquí es que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito de la discusión democrática. Con la confrontación que ésta implica, pero también con los principios de reconocimiento y de respeto por los participantes que hacen posible que la discusión se base en argumentos y en evidencias.
Para que estos debates sean posibles, se necesita aplicar algo similar al “principio de caridad”, provisto por la filosofía, por el cual no atribuimos a priori a las palabras del otro irracionalidad o mala fe. Cuando se realizan esas atribuciones a priori, entonces partimos de la exclusión del otro, de la violencia. Por el contrario, si aplicamos el principio de caridad, al menos las condiciones iniciales de una discusión están dadas. Pero si estas discusiones son utilizadas como campos de batalla de un gobierno con interés en dar forma propia al mercado de la comunicación y por medios de comunicación interesados en blindarse a todo cuestionamiento, no habrá ganadores: seremos todos perdedores.
*Director ejecutivo de Poder Ciudadano.
