La constitucionalidad de la Ley de Medios fue una victoria política para un gobierno que venía sufriendo, de parte de sus opositores, un fuerte cuestionamiento moral. Los jueces del máximo tribunal dijeron que la ley sancionada cuatro años atrás, lejos de restringirla, garantiza la libertad de expresión, que el Estado está facultado para regular el debate público, que el Poder Legislativo que la creó es soberano y que la empresa tiene derecho a indemnización. Le dieron, en más de un sentido, la razón a un kirchnerismo que se embanderó detrás de esta ley de indudable democraticidad, toda vez que atravesó por todos los procesos deliberativos posibles y contó con mayorías en todas las instancias de votación. El Grupo Clarín, cuya posición dominante no registra equivalentes en ningún país democrático del mundo, pareciera haber quedado sin argumentos. Los foros internacionales no representan una opción: tiene más de 250 medios de comunicación audiovisual, sin contar los diarios, las agencias y los electrónicos, y allí se encontrará con evaluadores de países en los que la ley no permite la propiedad de más de uno. Tampoco lo es el pedido de renuncia a Martín Sabbatella ni la negación del AFSCA: la ley ahora vigente prevé que esté compuesto por políticos. La discusión sobre la legitimidad de la ley ya se cerró. Pero Clarín sigue teniendo derecho, y siempre lo tendrá, a defender sus intereses. Por eso, tras el fallo de la Corte, comienza una nueva batalla, la de la implementación de la Ley, que tendrá lugar en términos del negocio y sus pérdidas potenciales.
Se abren dos caminos por delante. En uno de ellos, el multimedios y el Gobierno llegan a un acuerdo que le permita al primero adecuarse al nuevo marco regulatorio y minimizar el impacto de la desinversión. En el otro, ambos actores van a una nueva guerra judicial de larga duración. Lo óptimo, como en el famoso Dilema del Prisionero, sería la negociación. Pero la desconfianza entre ambos y la tentación de una victoria absoluta sobre el otro probablemente nos conduzcan al segundo escenario.
El titular de la AFSCA, días pasados, insinuó cuál sería la ventana entreabierta para la negociación. Clarín nunca presentó su plan de adecuación, cuyo plazo vencía el 7 de diciembre de 2012, y eso habilita a la autoridad regulatoria a intervenir y diseñar uno alternativo. Pero, como se sabe, el socio minoritario de Cablevisión presentó, un día antes del deadline, una carta en la que declaraba su voluntad de presentar un plan. Entonces, una AFSCA benevolente podría considerar a esa nota como una primera entrega de un documento incompleto pero ingresado dentro del plazo, y solicitar las páginas faltantes. Clarín, de esa forma, podría presentar un plan en el que los accionistas dividan al grupo, creando nuevas sociedades propietarias de las licencias que no sobrepasen los límites más bien generosos que contempla la controvertida ley. Debería crear al menos diez sociedades para poder distribuir las 237 señales de televisión por cable que posee en todo el país —el máximo de la nueva ley, es 24—, con lo que no habría que descartar que algunos de sus actuales periodistas estrella terminen siendo propietarios o gerentes de las nuevas sociedades. Sería una solución polémica, pero ajustada a la ley. En el otro camino, intrincado y desgastante, Clarín no presenta un plan, la AFSCA se hace cargo del proceso, pero la empresa objeta cada uno de sus actos administrativos. Por ejemplo, la AFSCA realiza la tasación de una operadora de cable para llamar a licitación, y Clarín rechaza el valor calculado y va a la Justicia. O aduce que el cableado no forma parte del patrimonio de esa operadora, sino de Fibertel, disuadiendo la entrada de todo futuro operador ante el gasto que implicaría cablear todo desde cero. Para no meternos en la costosa decisión de resolver la incompatible propiedad simultánea de Cablevisión y Canal 13.
El acuerdo que probablemente no se alcance permitiría que ambas partes salgan relativamente indemnes. El Gobierno se llevaría el premio de una larga pulseada política. Y la AFSCA, que debió hacer muchas concesiones a diferentes grupos empresarios —ante el temor de que estos hicieran causa común— ahora sale fortalecida frente el conjunto del sistema de medios. A la vez, Clarín, aceptando la adecuación, podría mitigar daños y dedicarse a pensar en cómo va a transformarse en un multimedios del siglo XXI, con televisión digital y contenidos por internet, en lugar de quedar empantanado por diez años más en una guerra política por el monopolio comunicacional del siglo XX.
*Politólogo.
