Después de junio no viene el caos, sino desafíos

La amenaza oficialista respecto de una eventual explosión, si se perdiera la mayoría en el Congreso, se suma a la anterior reflexión, en momentos de anunciar el adelantamiento de las elecciones, respecto de que las mismas eran “un escollo” para el Gobierno.
La combinación de ambas afirmaciones resulta alarmante. ¿Qué es lo que el Gobierno quiere hacer después de las elecciones que requiere del control absoluto del Congreso? ¿Qué es lo que teme no poder aprobar, sin la docilidad con que, hasta ahora, se desempeñó el Poder Legislativo y, por carácter transitivo, el Poder Judicial y su falta de control de constitucionalidad?
Desde la economía, lo que enfrentamos a partir del 29 de junio surge bastante claro.
Salvo un gran golpe de suerte que modifique drásticamente el escenario internacional y nos permita ganar un “sojoloto”, con una explosión de nuestros precios de exportación, el segundo semestre del año obligará a replantear la política fiscal, revisar la política cambiaria y monetaria y el marco de incentivos regulatorios para recuperar la inversión y el crecimiento.
Algunas de estas cuestiones, en especial la política cambiaria, monetaria y crediticia, no requieren de aprobación de ley alguna en el Congreso. El problema fiscal, en cambio, presenta algunos desafíos en la interrelación Ejecutivo-Legislativo.
Me explico. La Argentina ha vivido en estos años una explosión del gasto público, financiada, principalmente, a través de impuestos al comercio exterior que aprovecharon los extraordinarios precios internacionales que rigieron hasta mediados del año pasado.
Ese crecimiento del gasto no se nota en la calidad de los bienes públicos, educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura, etc., porque fue destinado, principalmente, a incorporar casi dos millones de nuevos jubilados, a subsidiar consumos de clase media y alta, a través de una reducción artificial de los precios de distintos bienes y servicios, y a aumentar la masa salarial, en especial en provincias y municipios.
Cuando la rentabilidad agrícola no permitió seguir financiando este aumento de gasto en forma “pacífica”, surgió el conflicto con el campo.
La derrota en el Congreso obligó a utilizar otros recursos, en particular la expropiación de los fondos administrados por las AFJP y la conversión de los aportes personales, que se destinaban a ahorrar, en un nuevo impuesto.
Esto no ha sido suficiente y desde principios del año, se han reducido los mencionados subsidios con aumentos espectaculares de ciertas tarifas en electricidad y gas.
Se ha recurrido a los “ahorros” de diversos organismos, ANSES en particular.
Se ha acumulado deuda con exportadores y proveedores.
Se ha colocado deuda forzosa en cajas previsionales privadas, etc.
Pero estos mecanismos extraordinarios tienen un límite cercano, si se pretende mantener el actual ritmo de gasto.
Y es allí dónde entra a jugar la relación Ejecutivo-Congreso.
Hasta ahora, las decisiones de gasto y de ingresos las tomaba discrecionalmente el Ejecutivo (Kirchner), en base a poderes delegados por los legisladores.
El año pasado esa delegación fue, al menos, de US$ 10 mil millones; además de los cambios de partidas que están autorizados desde hace muchos años por las leyes de Presupuesto, las cuales por esta misma razón se han convertido más en un trámite formal que en una verdadera discusión de las prioridades de gasto que refleja una sociedad, a través de sus representantes.
En ese sentido, la Argentina hace rato que no es una república en dónde el gasto público y sus formas de financiamiento se determinan institucionalmente.
De manera que una eventual pérdida de las mayorías en las cámaras obligaría al kirchnerismo a realizar el impostergable ajuste de gastos e ingresos, insisto, salvo que vuelva la suerte, de una manera inédita para su gestión y, siendo justos, para casi toda la gestión de la democracia.
Sin discrecionalidad y autoritarismo y con la necesidad de llevar los temas a un debate serio en el Congreso.
Esto, en el marco de un problema adicional, la relación Nación-provincias y de los aprontes para la elección presidencial de 2011, en dónde varios de los candidatos de la interna peronista, en sentido amplio, administran jurisdicciones locales o están relacionadas a ellas.
El problema, entonces, no es el caos o la explosión. El problema es que el kirchnerismo se verá forzado a administrar como no sabe, democráticamente, y la oposición será, a través del Congreso, más gobierno de lo que quiere ser antes de 2011.
Pensándolo bien, y dada nuestra clase dirigente en general, a lo mejor es esa la definición argentina de caos.