Durante los últimos dos años, se avanzó de modo relevante en el reconocimiento oficial de la situación social de la infancia en el país. Ahora sabemos, por estimaciones del Indec, que más del 40% de la infancia entre 0 y 14 años en la Argentina pertenece a hogares pobres en términos de ingresos (45,8% en el segundo semestre de 2016 y 42,5% en el primer semestre de 2017), y que la situación de indigencia o pobreza extrema afectaba al 6,1% de la infancia en el segundo semestre de 2016 y al 10,6% en el primer semestre de 2017. Es claro que la infancia es la población más vulnerable a la pobreza y, de modo particular, a la pobreza extrema.
Otro progreso importante es la Encuesta Nacional sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna), realizada recientemente. A partir de este relevamiento oficial se estima que el 9,4% de los/as chicos/as de entre 5 y 15 años realizan algún tipo de trabajo (3,7% en actividades económicas, 2,8% en actividades de autoconsumo y 4,3% en actividades domésticas intensivas). También se reconoce la especial vulnerabilidad de las infancias rurales al trabajo infantil.
En el campo de la educación, se está avanzando en los procesos de evaluación de la calidad educativa con las pruebas Aprender. A partir de los registros de la Anses, se conoce que existe una deuda de protección social a las infancias más vulnerables, y sobre ese conocimiento se llevan adelante acciones con el objetivo de lograr una plena cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La primera infancia se ha constituido en una población objetivo de tipo prioritaria, y por ello se ha fortalecido un programa como Primeros Años, orientado a la capacitación y el acompañamiento familiar en los procesos de crianza.
Avanzar en el conocimiento sobre la situación de las infancias en relación con diferentes espacios del desarrollo y el ejercicio de derechos sin dudas es importante y necesario, y más aún sí ello contribuye a definir mejor los problemas y encontrar soluciones. Es claro que los desafíos en términos de la construcción de conocimiento son muchos y urgentes en áreas como, por ejemplo, la nutrición y la salud.
A partir de estudios propios se estima que el 8,7% de los/as niños/as y adolescentes experimentan situaciones de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos. Y el 22,7% no realizó una consulta preventiva de su salud en el año de referencia y/o no tiene las vacunas correspondientes a su edad. Al mismo tiempo, existen situaciones de déficit en el espacio del saneamiento que afectan al 17,8% de la infancia, como no tener inodoro con descarga y/o agua de red en la vivienda. Estas carencias sociales que persisten y afectan de modo particular a las infancias comprometen el desarrollo en aspectos esenciales del sostenimiento de la vida y se constituyen en obstáculos importantes para el ejercicio de otros derechos, como el derecho al juego, la educación, el acceso a la información y la participación social, entre otros. Está claro que todos/as los/as niños/as tienen derecho a una protección social, pero también que ello no es suficiente para garantizar el acceso a una alimentación adecuada en términos de calidad y cantidad, a la atención integral de la salud del niño sano y a una vivienda digna en términos de acceso a servicios como el agua segura y sanitarios básicos.
La Ley Nacional de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes tiene prevista la figura del Defensor del Niño como órgano de control y protección de los derechos de la infancia, y con facultades para supervisar a otros órganos orientados a defender y garantizar los derechos de esta población. Si bien la ley se aprobó en 2005, aún no se ha designado una autoridad. Tras las acciones impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, en el Congreso, durante 2017, se ha conformado la Comisión Bicameral para su designación. Son 67 los candidatos a ocupar el cargo, y ya se encuentran en proceso de concurso de antecedentes y oposición para su designación.
*Coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (ODSA-UCA).
