Cada vez más, la Panamericana se va transformando en una especie de Franja de Gaza. Un blanco de combate entre el Gobierno y el sindicalismo trotskista del Partido Obrero y el PTS. A ellos les responde Cristina Kirchner cuando dice “a mi izquierda sólo está la pared” y “a mí nadie me corre por izquierda”. Y ante el cierre de la imprenta Donnelley sube la apuesta aplicándole a la empresa, y por primera vez, la Ley Antiterrorista.
Los que conocen la trama sindical de la zona norte del Conurbano dicen que el parque industrial de Pilar ya es un mundo aparte y que la problemática alcanzó otro estadio a partir del conflicto de Kraft (ex Terrabusi), cuando en 2009 cortaron la Panamericana. Hoy Berni y los gendarmes apertrechados van todos los días de un ramal a otro de la Panamericana para desactivar cortes de tránsito por motivos sindicales. Pero la conflictividad es mayor cuando se trata de empresas norteamericanas, como la mencionada Kraft, la autopartista Lear o la imprenta Donnelley, porque el PO y el PTS confrontan mejor cuando además se trata de una multinacional.
Esa misma lógica llevó a Cristina Kirchner a asociar el cierre de la imprenta Donnelley con una maniobra de los fondos buitre para presionar al país y “poner de rodillas” al Gobierno. Es de esperar que Cristina Kirchner no crea realmente la trama que, según expuso, une en una delgada línea a Donnelley con Paul Singer y su fondo Elliott, porque si lo creyera realmente la Argentina estaría en problemas aun mayores.
Pensar que Donnelley cierra para presionar al Gobierno a pagarles a los holdouts es un disparate. Donnelley cierra porque viene teniendo pérdidas crecientes desde 2010 por causas que son claramente comprensibles si se estudia un poco su tipo de industria. En 2013 Donnelley perdió 25 millones de pesos, tuvo ventas por 311 millones de pesos y costos por 336 millones, dato que omite la Presidenta en su exposición. Es cierto que las ventas de Donnelley no cayeron porque en 2010 fueron de 183 millones. Pero estos datos omiten la inflación (gran problema en el periodismo no especializado que compara números de tres años sin tener en cuenta que hubo en el período más de 100% de inflación). Las ventas de Donnelley aumentaron el 60% en pesos entre 2010 y 2013, pero sólo los aumentos de las paritarias de los gráficos en esos tres años fueron de 109%, casi el doble de las ventas.
También es cierto que los activos de Donnelley son mayores que los pasivos: en el último balance, al 30 de junio de 2014, fueron 175 millones de activos, 151 millones de pasivos y 24 millones de patrimonio neto. Pero la pérdida de 2014 terminaba siendo mayor que el patrimonio neto, porque si hubieran seguido hasta fin de año habrían acumulado otros 40 millones de resultado negativo.
El Gobierno también manipuló las declaraciones del presidente de la Federación de la Industria Gráfica (Faiga), Juan Sacco, quien dijo que no hay crisis en un sector donde existen 6.200 talleres y 70 mil trabajadores. Pero Sacco se refería a las empresas que van desde las casi vulgarmente llamadas “fotocopiadoras” hasta las que imprimen embalajes de productos (que con el e-commerce hasta pueden crecer). La industria gráfica relacionada con las publicaciones y los catálogos de publicidad –las que Sacco llama “rotativas” porque se imprimen en máquinas homónimas– sí está atravesando una crisis, donde se suma una sustitución de mensajes que antes tenían como única plataforma el papel y en parte hoy utilizan plataformas digitales. Las fotos que acompañan esta columna, que muestran con un siglo de distancia a personas esperando un transporte público leyendo el diario y ahora con los celulares, son una buena síntesis de que una parte de la industria gráfica se tiene que reconvertir, lo que no quiere decir que tenga que dejar de existir, ni mucho menos, sino adaptarse a las escalas posibles en cada época.
El mejor ejemplo es el teatro, que hoy está pasando por una etapa de esplendor: hace cien años, las salas eran para más de mil personas y había varias funciones todos los días; hoy las salas tienen menos de 500 butacas y hay varias funciones sólo los fines de semana. El modelo de negocios cambió: hay más teatros más chicos.
Donnelley pidió reducir su personal de 406 a 283 solicitando un procedimiento preventivo de crisis, pero el Ministerio de Trabajo no se lo aprobó. El año pasado, Donnelley también quiso vender su empresa, e incluso un importante impresor local mostró interés. Pero luego de realizar un análisis de la empresa, llegó a la conclusión de que sin poder reducir personal era inviable. Fuentes de la industria gráfica argumentan que, por la crónica falta de rentabilidad, las maquinarias de Donnelley están en pésimo estado, y además de contar con más personal del que la producción actual requiere, una parte de él está sobrecategorizado y el índice de ausentismo es del 20%. Es el único punto donde los empresarios coinciden con el discurso de la Presidenta del jueves, quejándose de grupos de izquierda ortodoxa que “toman posiciones ultras que terminan perjudicando a los trabajadores”.
Esto sucede en mayor proporción en plantas de multinacionales, como Donnelley, porque sus ejecutivos extranjeros no se sienten igual de comprometidos con el futuro. Los tres miembros del directorio de Donnelley Argentina son Luiz Jarlsson Bring, de origen escandinavo y que vive en México (desde donde supervisa las plantas de Latinoamérica), Roberto Rivas, venezolano, y Claudio Raúl Vergara, el único argentino. Vale mencionar que Bring y Rivas se fueron de la Argentina el sábado pasado y Vergara se mudó de su casa de la zona norte del Conurbano a un departamento porteño.
Que haya serias responsabilidades de la dirigencia sindical, que siempre se opuso a cualquier adecuación de la empresa, exigió sobrecategorizaciones y cubrió a los que no querían trabajar, no quita responsabilidad a los directivos de Donnelley por la forma en que están cerrando sin hacerse cargo de conducir un proceso de liquidación prolijo. Para ello, si bien es cierto que no cuentan con la liquidez suficiente, sí existen activos a valor de mercado que podrían permitir recuperar ese dinero si la casa matriz fondease a su subsidiaria y quisiera irse del país de la mejor manera.
Los activos reales de Donnelley en Argentina son el terreno de 60 mil metros cuadrados sobre la Panamericana, con 20 mil metros cuadrados de construcción, que fue valuado en 15 millones de dólares y, dadas las dificultades que atraviesa la venta de inmuebles, se podría rematar en 12 millones de dólares, alrededor de 150 millones de pesos, más las maquinarias, que –aunque viejas y mal mantenidas– podrían venderse en alrededor de 50 millones de pesos. Mientras que las indemnizaciones de todo el personal suman 90 millones de pesos, hay deudas bancarias por 50 millones de pesos y con proveedores por otros 40 millones. Obviamente, si en lugar de una quiebra Donnelley hubiera optado por una liquidación ordenada de su filial, habría tenido que invertir tiempo de sus ejecutivos, muchas tensiones y financiar un proceso de pago de indemnizaciones al contado y realización de sus bienes en uno o dos años.
Ahora se abren otras posibilidades: que la planta continúe funcionando con una forma de cooperativa con ayuda de fondos del Gobierno, o que un empresario cercano al kirchnerismo (un Ciccone más prolijo), que pueda tener influencia sobre el Ministerio de Trabajo y la Justicia, se haga cargo de la empresa y la reestructure, lo que antes no se pudo. De los 406 trabajadores de Donnelley, alrededor de 200 estarían solicitando que se liquiden los bienes y les paguen la indemnización, alrededor de 100 van a trabajar y están haciendo funcionar la imprenta de forma autogestionada, y otros cien estarían indecisos.
El modelo cooperativo al estilo de lo que hizo Moreno con la papelera Massuh no parece ser muy aplicable, porque la comisión interna de Donnelley es más confrontativa que ejecutiva. La hipótesis del empresario amigo (ya se habla de que hay varios interesados y hasta se menciona el nombre de Szpolski) con ayuda del Estado es la que tendría más posibilidades. El problema allí será del principal cliente de la ex Donnelley, la Editorial Televisa/Atlántida, que podría no querer ser abastecida por una imprenta en proceso de readecuación y al mismo tiempo le preocupe una respuesta del Gobierno si buscara otro proveedor. En lo inmediato, la mejor noticia para Televisa/Atlántida sería que el Estado diera continuidad a la empresa reconvirtiendo la quiebra en un concurso hasta que se encuentre una solución definitiva.
El argumento de la Presidenta sobre que el cierre de Donnelley está motivado por los fondos buitre para conspirar contra Argentina choca con que Donnelley también en Estados Unidos viene cerrando plantas de impresión (en 2013 despidió a alrededor de 2.000 empleados). Lo mismo pasa con el argumento de que el fondo de inversión BlackRock está en contubernio con el fondo buitre Elliott, de Paul Singer, porque le compró a este último el 6% de acciones de Donnelley que hoy tiene, ya que choca con que BlackRock fue uno de los que presentaron cartas a favor de la Argentina y en contra de Griesa en la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
BlackRock es un private equity (compra empresas) y Elliott es un hedge fund (compra bonos); además, no todos los hedge funds son fondos buitre: a BlackRock se la puede conectar fácilmente con otras empresas porque es el mayor fondo de inversión privado del mundo y tiene acciones en centenas de empresas. Por ejemplo, es dueña del 4% de Telefónica, y –por el absurdo– sería como responsabilizar a BlackRock si mañana Telefe decidiera cerrar sus estudios en Martínez.
¿La Presidenta sabrá lo que está diciendo? Ojalá sea otro efecto histriónico para mantener viva su épica de confrontación con los fondos buitre y correr ella misma por izquierda al Partido Obrero y al PTS. Pero, se lo crea o no, el Gobierno parece estar dispuesto a todo y decidido a encaminar la economía argentina cada vez más hacia recetas desesperadas.
Quedan 481 días hasta el 10 de diciembre de 2015. Serán muy movidos.
