El gobierno argentino acaba de proponer dos proyectos que van en la buena dirección: uno relacionado con la transparencia en las obras públicas (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, MIOPyV) y el otro con el impulso al desarrollo a través de las compras públicas (Ministerio de Producción, MinProd). Estos proyectos apuntan a una gestión más transparente y eficaz.
El gobierno abierto, basado en los principios de transparencia, colaboración y participación, es una demanda creciente de la ciudadanía. Supone una relación de doble vía entre el Estado y la ciudadanía, facilitado por la aplicación en la gestión pública de las TIC (tecnología de la información y comunicación) y el big data. Ello también permite un uso más eficiente de los recursos públicos.
Más transparente. Las obras públicas se encuentran en el centro de las miradas de los latinoamericanos y de los argentinos. Esto se debe a la cantidad de recursos implicados, los impactos socio-económicos, las sospechas de falta de transparencia sobre su manejo, incrementadas por la aparición de situaciones irregulares en Argentina y los megaescándalos de corrupción recientes en América Latina con el caso de los sobornos pagados por Odebrecht.
El proyecto de decreto del MIOPyV adopta la transparencia como principio rector de los aspectos relacionados con la gestión de las obras del Estado, promoviendo como principios subsidiarios: 1) no discriminación; 2) tratamiento igualitario; 3) eficacia; 4) eficiente utilización de los recursos públicos, y 5) responsabilidad de las partes. En línea con las mejoras prácticas internacionales, BID, BM, OEA y OCDE, este proyecto plantea la búsqueda de la mayor transparencia y publicidad de todo el proceso de la obra pública a partir de una amplia utilización de internet. La modificación define también mecanismos contra la corrupción al: 1) atacar los precios hostiles y los sobreprecios; 2) poner límites a las redeterminaciones de presupuestos, y 3) exigir el cumplimiento de requisitos a los funcionarios públicos que integren comisiones de adjudicación de obras.
Compre local. Existe una aceptación mayor, entre las distintas corrientes de pensamiento económico, del poder de las compras públicas como palanca para el desarrollo: de las pymes, de proveedores nacionales y/o de innovaciones. Ya no sólo economistas heterodoxos evolucionistas, sino también organismos internacionales como OCDE, aceptan las políticas desde el lado de la demanda para empujar la innovación. El proyecto de ley sobre el compre nacional incluye un programa de desarrollo de proveedores nacionales vinculado con las compras públicas. Asimismo prevé la utilización de instrumentos en línea con las mejores prácticas internacionales. Las modificaciones apuntan a:
1. Mejorar la participación de las empresas nacionales en las licitaciones públicas.
2. Incrementar la demanda de proveedores locales en los bienes importados, al “premiar los proyectos que prevean una mayor integración de piezas producidas en el país” en las licitaciones de bienes no producidos localmente.
3. Promover la integración de proveedores locales con “la obligatoriedad, en el caso de contrataciones de bienes no nacionales, de celebrar acuerdos de cooperación productiva con los proveedores extranjeros”.
Cerrar la brecha digital. El uso de las TIC en la gestión del Estado permite asegurar, en un marco de transparencia, la participación de los productores locales y, en especial, de las pymes, en las compras e inversiones que realicen tanto la administración nacional como las concesionarias y licenciatarias. Para ello se requieren procesos licitatorios transparentes que, con el auge de las TIC y el big data, hoy es posible lograr con menos costo para la administración y las empresas proveedoras. Por esto, cerrar la brecha digital tanto en todos los niveles de gobierno como en el sector productivo y en la sociedad y asegurar que las pymes, a lo largo de toda la geografía del país, puedan acceder a buena conectividad en condiciones razonables se vuelve crucial para asegurar el principio de “trato justo y equitativo” que es esencial al gobierno abierto. El otorgar una preferencia para impulsar la participación de pymes que tienen en general menores capacidades responde al principio de “igualdad real” que contempla “tratar de forma desigual a los que son desiguales”.
Estos cambios deberían permitir incrementar la eficiencia del gasto público, tan reclamada por los ciudadanos en sus demandas de gobierno abierto: rendición de cuentas y transparencia. Además, impulsan las pymes y su inserción en las cadenas globales de valor, que es tan esencial para el desarrollo económico.
