Esta semana, los argentinos vivimos uno de esos recurrentes momentos de conflicto cotidiano en los que decisiones económicas, políticas o judiciales poco gratificantes deben ser –según los cerebros especialistas en estrategias de comunicación–neutralizadas por noticias (reales o no) capaces de tapar el bosque plantando un gran árbol. El acontecimiento creció en intensidad en las redes, fue fogoneado claramente por medios afines al gobierno anterior y planteó una polémica que pudo ser interesante de no haber resultado epidérmica, superficial, escandalosa.
Fotografías tomadas en el aeropuerto cercano a Punta del Este mostraban a parte de la familia del presidente Macri (su esposa, Juliana, su hija Antonia, un par de otros personajes) abordando un helicóptero asignado a la Presidencia para emprender el regreso a Buenos Aires.
Se plantearon así dos cuestiones; una, cuál es en realidad el derecho que asiste al Presidente y a su familia para hacer uso privado de un vehículo púbico; otra, el registro de la presencia, junto a la aeronave, de un camión con la marca Julius Bähr (o Julius Baer), perteneciente a la banca del mismo nombre con origen suizo y sede operativa propia en el Uruguay.
Veamos la primera cuestión, que pasó rápidamente de la foto en diarios a la televisión aficionada al escándalo –sea político, farandulesco, deportivo– y, como chispazo, a las redes sociales. Se vio, claramente –y por eso traigo el tema a esta columna dedicada a poner blanco sobre negro cualquier duda que pudieran tener los lectores de PERFIL– cómo la misma información saltaba del escarnio por el empleo de medios públicos para beneficios privados a la creación de “foros” –encomillo deliberadamente– de discusión sobre la legitimidad o no de tales acciones por parte del poder político. La gente quedó así entre dos fuegos: de una trinchera lo bombardeaba la condena sin argumentación legal aunque sí ética; de la otra, le llegaban dulces cantos que intentaban comparar cuántas veces, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fueron empleados aviones
estatales para llevar a Santa Cruz los diarios frescos de cada día, y para los viajes no urgentes de los hijos presidenciales. En definitiva, un recurso más para afirmar la grieta entre oposición y gobierno (éste o el anterior) y manipular la opinión pública en uno u otro sentido.
Ayer, este diario publicó un buen artículo de Ezequiel Spillman sobre la cuestión, despojado de hojarasca y bien informado. El tema de la camioneta Julius Bähr fue tomado apenas por encima, aunque es bien aclaratorio al indicar que la empresa informó que “auspicia el servicio vip de aeropuertos de Punta del Este”.
Veamos ahora el otro punto, es decir el del banco suizo. Todos –todos– los portales y pequeños medios en la web encolumnados tras el periodismo militante kirchnerista publicaron sin enrojecer que desde esa camioneta fueron pasados al helicóptero bolsos con dinero (o al menos sospechados de contenerlo), en una operación turbia que llegaron a vincular a la banca offshore y a los Panamá Papers. El desprevenido consumidor de esa información no fue satisfecho luego, porque no hubo ratificación de tales afirmaciones y tampoco rectificación alguna. Por lo tanto, la sospecha quedó flotando y en alguna medida desplazó la cuestión central en debate, legítimo, porque está bien y es derecho del público opinar si está bien o mal que el Presidente y su familia empleen medios públicos para trasladarse de vacaciones al día a día porteño.
Veo así, en este caso, dos cuestiones que recomiendo tener en cuenta a los lectores de PERFIL:
◆Una, que un hecho puede ser legalmente aceptable, pero no necesariamente en el plano de la ética, o incluso de la oportunidad política. Para quienes seguimos el modus operandi cotidiano de los funcionarios de más alto rango en diversos países –se trasladan en bicicleta, toman buses y subtes, viajan en tren como cualquier ciudadano común, pagan sus comidas del bolsillo propio– este tipo de acciones no resulta para nada aceptable. No importa si el costo operativo es menor que viajar en aviones de línea que en el helicóptero presidencial, y tampoco importa qué cuerpo legal respalda una decisión así.
◆La otra, que es necesario mantener –como decía Tato Bores– la neurona atenta para no caer en operaciones políticas disfrazadas de periodismo, tal como parece ser la cuestión de la camioneta bancaria. En tanto no se demuestre la veracidad de lo informado por los portales opositores, sugiero a nuestros lectores que dejen el tema en potencial y esperen hasta que sea confirmado o caiga por su propia inconsistencia.
