En estos días en la región metropolitana conocimos de cerca el impacto del consumo de drogas, la venta y el menudeo, así como la corrupción que rodea este negocio y la impunidad sin atenuantes. La noticia de las muertes debidas a consumo de cocaína mezclada con un psicofármaco es un verdadero drama.
Muertes por consumo excesivo y mezclas muy agresivas e incluso letales hay siempre, pero al ser distribuidas en distintos lugares pasan desapercibidas, esto fue imposible en este caso. Se ubicaron alrededor de un área geográfica muy localizada. Interesante que todas las personas que viven en la zona ahora encuestadas reconocen que sabían que allí se vendía droga, que el desfile de compradores era permanente.
En contraste, parece que las autoridades y la policía eran los únicos que no sabían o por lo menos no hacían nada frente a esta realidad. Se dice que sobornaban a los funcionarios, algo que también pasa en otros comercios en condiciones ilegales, que se dejan persistir contra el pago de una “contribución voluntaria”. Eso pasaba en este caso y sigue pasando en muchísimos lugares de todo el país. Por eso no llama la atención que un intendente del Conurbano dijera como algo natural que una ambulancia de su dependencia llevaba droga.
Esta naturalización se evidencia también en los relatos de familiares y amigos de las víctimas. En general, las que hablan son mujeres que están en los hospitales esperando tener noticias de su esposo, hermano, padre u otro familiar y/o amigo. Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes o adultos, consumidores de larga data. El consumo tiene un sesgo sexista: si bien hay mujeres, son menos.
La familia sabía de su hábito de consumo y era algo “natural” que no parece que preocupaba demasiado. Aparentemente no habían alcanzado un nivel de deterioro que les impidiera trabajar y convivir en familia. A diferencia de los niños, adolescentes o jóvenes, cuyas madres expresan su desesperación ante la impotencia de evitar el deterioro de sus hijos. Los ven delinquir, incluso robarles a ellas y a toda la familia para tener dinero para comprar droga.
Estas madres del dolor son las que denuncian la falta de centros asistenciales donde atender a sus hijos para curarlos, porque es una enfermedad. Algo que no parece comparten los responsables de la salud, que no ofrecen esta atención, y si lo hacen, es solo para sacarlos de una crisis, pero no se atiende la enfermedad.
La ley tampoco ayuda porque se penaliza a quienes consumen; si bien algunos están en la cadena de menudeo, son los menos importantes; mientras llenamos las cárceles con ellos, los verdaderos personajes del negocio están libres e incluso ostentan su riqueza.
Pero todo intento de cambio de la ley para no perseguir a quienes tienen una dosis para consumo se estrella frente a la resistencia de quienes creen que así se promoverá más consumo. Esto niega lo que se conoce de países que la han legalizado, pero es un razonamiento que ya se usó y mucho en el caso de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Decían que iba a haber una avalancha de mujeres solicitándolo, y eso no ocurrió ni ocurrirá.
Lo grave es que mayoritariamente los partidos políticos asumen esa actitud de rechazo a la legalización de la tenencia para uso personal y por eso hasta ahora no se pudo cambiar la ley, si bien hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor. La ausencia del Estado por la falta de servicios asistenciales, la ceguera de las fuerzas del orden y las autoridades políticas, y la complicidad de la Justicia, producen desastres como el reciente.
Esto, sumado al aumento de la pobreza, especialmente en la niñez, no augura un cambio favorable sino al contrario: un mayor crecimiento de la adicción y el florecimiento del negocio del narcotráfico. ¡¿Vamos a permitir esta inacción?!
