Maduró como la breva política, al decir de Saavedra: la oposición se ha empezado a interesar en los pormenores de la “vacuna argentina” que habrá de producir un laboratorio privado, Richmond.
Antes apuntaban a la trastienda de la frustrante dilación de Oxford-AstraZeneca, ahora cambian el foco hacia el prometido desarrollo local de la Sputnik VIDA. Curioso: las dos empresas compiten, pero ambas aparecen vinculadas al oficialismo cristinista. De ahí que en el otro borde de la grieta política se proponen convocar a la ministra Carla Vizzotti al Congreso para elucidar ciertas explicaciones. A saber:
1) El precio que pagará el Estado para la nueva vacuna inspirada o asociada con el Instituto Gamaleya y el Fondo estatal ruso. Por ahora, hay un escudo: se habla de confidencialidad en el contrato, pero esa cláusula parece razonable para el secreto de la fórmula, no para el precio final de venta. ¿Costará, por ejemplo, lo mismo que su hermana melliza producida en Moscú? Importante dato: en el mercado oscilan los mismos productos y varían de 4 a 50 dólares, brutales diferencias entre marcas cuando se las multiplica por millones.
2) Se descuenta que el experimento argentino sobre unas 20 mil dosis (de las cuales 300 ya fueron enviadas a Rusia) tendrá aprobado su control debido a que fue supervisado y testeado por ingenieros de ese origen en la planta MR de Malvinas Argentinas, que pertenece a un ex corredor de autos, Nicolás Martínez Ríos. Aun así, hay inquietud por la presunta habilitación inconclusa de ese núcleo industrial.
3) Se imagina algún tipo de impugnación por negociaciones incompatibles entre Estado y privados debido a la candorosa preferencia que confesó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, cuando afirmó que “era un proceso secreto que venimos trabajando desde el primer día con el laboratorio Richmond, le dimos el dato de que podían fabricar la Sputnik y sus dueños se fueron volando a Moscú para cerrar el trato”. Caviar para dirigentes como Elisa Carrió, quien dice que nunca se aplicará la Sputnik. En ese plano político no hay misterios: la empresa favorecida ya tuvo un fuerte empujón durante el gobierno de Cristina (en solo tres años pasó de disponer 11 productos a 60, casi un récord por la destreza en habilitaciones) y se convirtió en referente dominante de remedios oncológicos y de HIV, casi sin competencia por una norma obtenida a su vez en el Senado.
4) Otra figura clave en la negociación ha sido Cecilia Nicolini, una amiga personal de Alberto Fernández que él mismo importó de Europa para convertirla en asesora de su gobierno (como a otras entrañables damas para expandir la perspectiva de género de su administración), quien viajó y llevó a Moscú a la Vizzotti, y también acompañó a directivos de Richmond. Rara integración del periplo por mas que haya patriótica vocación por salvar al pueblo del virus.
5) Otro interrogante a la Ministra planeará sobre las dificultades para importar y eventualmente producir la segunda dosis de la Sputnik: sería apropiado despejar dudas, ya que es evidente un considerable retraso y estiramiento de plazos para su aplicación mientras en el mercado se comenta que, en comparación con la primera dosis, falta un complemento de la plataforma que solo fabrican dos compañías que no dan abasto en su servicio. Y no son rusas.
6) Una observación adicional de la crítica se relaciona con la razón por la cual el propio estado argentino, al que es tan afecto en su intervención el gobierno de los Fernández, no se hizo cargo del contrato con su par ruso y lo derivó al sector privado. Quizás el cristinismo comienza a revisar sus propios postulados. Hubiera servido en su momento para garantizarle la compra de su producción, también su ampliación empresaria, a los fabricantes cordobeses de respiradores. Pero entonces fueron incautados, en lugar de hacer lo que ahora se hace con Richmond.
Parte de este cuestionario se le arrojará a Vizzotti, si se concreta la audiencia, en un mundo de paradojas políticas, siniestras en ocasiones, impensadas la mayoría. Por ejemplo: para ganar la puja política con Horacio Rodríguez Larreta sobre presencialidad en las escuelas, al gobierno de los Fernández le convendría que aumentara el número de muertes por el virus. Se supone que no es su deseo aunque se favorezca y pueda decir: teníamos razón. Un enfrentamiento inútil, perverso y mal planteado sobre una cuestión opinable, en la que finalmente son abogados los que deben resolver cuestiones sanitarias o médicas. Disparate.
Pero tanta responsabilidad cayendo sobre la Corte Suprema al menos liberó al tribunal de las críticas aluvionales que recibía desde el Gobierno: ya casi nadie se pronuncia contra los cinco miembros, se suspendió ese ejercicio de Cristina.
No es el único absurdo: un pretendido filósofo oficialista del Derecho demandó la intervención a la Capital Federal por no acatar un decreto presidencial, justo el mismo hombre que no pudo acceder a la cátedra de Derecho Constitucional porque no aprobó el examen.
Delicias de la vida cotidiana en las que el Presidente de la Nación quedó despojado y solo, con la evidencia de que al bombardeado Gildo Insfrán lo defendieron mucho mas que a él los otros gobernadores, las sectas partidarias y el propio peronismo que él conduce. Quizás porque uno ganó con el voto y el otro por el encargo.
