En los países serios, dónde funcionan las instituciones de la democracia republicana, los gobiernos no negocian con las corporaciones o, en todo caso, negocian en el marco de una política determinada. Política definida por el Poder Ejecutivo y los consensos legislativos, a partir de los pronunciamientos que, al respecto, se formulan en los ámbitos partidarios, ideológicos o técnicos.
En la Argentina, y no sólo en la argentina kirchnerista, lo que ha fallado en general, y en la cuestión agropecuaria en particular, no es la negociación con la mesa de enlace. Lo que ha fracasado es la política agropecuaria. Esa política ha generado, en los últimos años, la destrucción de los mercados de carne y lácteos, la pérdida de la participación de dichos sectores en el comercio mundial a expensas de nuestros hermanos paraguayos, uruguayos y brasileños. Una creciente “sojización” de la agricultura, pese a los intentos de disminuirla. Caída en la producción más allá de los efectos climáticos. Rentabilidades en baja o negativas. Distribución del ingreso regresiva en materia regional, por la no coparticipación de las retenciones a la exportación, etcétera, etcétera.
En ese contexto, el voto “no positivo” del vicepresidente Cobos, si bien evitó un problema mayor, no alteró la política. Es más, si se recuerda que la tristemente célebre Resolución 125 tuvo aprobación mayoritaria en la cámara de Diputados y que sólo faltó un voto para que superara el escollo del Senado, hubo y hay una política agropecuaria del Ejecutivo, respaldada por las respectivas bancadas oficialistas en el Congreso. En otras palabras, el problema no es que Kirchner es vengativo y que Cristina quiere que no la presionen, o que De Vido es un buchón. El problema es que la política agropecuaria del partido gobernante ha resultado tremendamente negativa para el sector y para el país. Política estructurada por el Ejecutivo y respaldada por el Congreso.
Sin lineamientos. Pero mientras las instituciones no funcionen en la Argentina, las políticas sectoriales y la política general, lejos de debatirse y encausarse, como corresponde, han quedado reducidas a una negociación sin lineamientos, entre dirigentes sectoriales y algunos funcionarios públicos. Es la mesa de enlace de las entidades del campo con algún ministro. Es la CGT con otro. Es la UIA con un tercero. Todo en un marco descoordinado, sin estrategias generales, sin compatibilizar con el interés general y sin que, en la mesa, los “representados”, “la gente”, “el pueblo”, o como quieran llamarlo estén presentes orgánicamente.
Obviamente, esta ausencia de estrategia global, mal reemplazada por tácticas y chicanas, da lugar a negociaciones poco transparentes y discrecionales. Obviamente también, sustituir el diseño institucional de políticas, por este tipo de negociaciones corporativas, no hace más que prolongar la larga historia de estancamiento y retroceso de nuestro país. Pero pretender que el kirchnerismo modifique su forma de hacer política, o que admita la necesidad de un giro de 180 grados en su política agropecuaria es pretender demasiado.
El problema más grave, sin embargo, es que una mayoría de la sociedad argentina observa este comportamiento institucional como normal. Tanto que esta forma de hacer política se ha generalizado en el país, aunque reconozco que Kirchner, que centraliza este mecanismo, ha exacerbado el sistema y lo ha llevado hasta límites impensados un tiempo atrás.
Si es cierto, como dicen los analistas políticos más importantes, que estamos en presencia del principio del fin de la hegemonía kirchnerista, sería bueno que los nuevos actores de la política argentina, o los viejos remozados, comenzarán por entender que sin una recomposición adecuada de los marcos institucionales, no habrá “nueva política”.
Que una Argentina para el siglo XXI, que se pueda insertar con éxito en la economía global que surja después de la crisis que se está viviendo, tiene que abandonar definitivamente a la Argentina corporativa que nació a mediados del siglo pasado no implica que las entidades sectoriales no sean importantes. Ni que no deban tener la debida voz en la sociedad y que en todo caso sus representantes tendrán que participar más en esas instituciones. Lo que implica es que, en ausencia de un buen funcionamiento de la República, es imposible el armado eficiente de políticas estratégicas, tanto generales como sectoriales. Y que sin esas definiciones, todo se reduce a negociaciones de corto plazo, subordinadas a las conveniencias tácticas de cada momento, de los muchachos del momento.
Lo que ha fracasado en estos años, claramente, es la política agropecuaria del Gobierno en sentido amplio. Lo que se suma al fracaso de la política de seguridad y a otras de fondo. Lo que está fracasando, en síntesis, es la idea de que no hacen falta marcos institucionales de discusión y que todo se arregla en una negociación secreta.
