Es necesario que el poder detenga al poder decía Montesquieu en El espíritu de las leyes. Esa frase sienta las bases del derecho constitucional moderno que encuentra en la democracia y las instituciones de la República la forma más eficaz para que, mediante la división de poderes y el control entre ellos, se eviten abusos que afecten el bien público. Así, los diferentes poderes dividen funciones y se controlan mutuamente, constituyendo un verdadero sistema de frenos y contrapesos para evitar la acumulación de poder y la consecuente violación de derechos. Uno de los objetivos rectores de este sistema, es dotar a las instituciones de “anticuerpos” contra la excesiva concentración.
En ese contexto se inscribe el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, como organismo externo, se constituye en la única herramienta de control de gestión para el sector público nacional, que depende de los representantes del pueblo, el Congreso de la Nación. Tal es así, que son los principales partidos políticos, con representación en ambas Cámaras, quienes designan los siete miembros del denominado Colegio de Auditores. Heredera del Tribunal de Cuentas, nace a partir de la reforma constitucional de 1994, como un organismo moderno con autonomía funcional y financiera, que tiene dentro de sus características principales el control integral de la gestión, la publicidad de sus informes y la renovación cada 8 años de sus autoridades políticas, eliminándose los cargos vitalicios. Tanto recelo puso el legislador para garantizar la debida distancia entre quien controla y quien es controlado que ubicó, en la presidencia del cuerpo, al principal partido de la oposición, siendo éste quien representa y ejecuta las decisiones del Colegio de Auditores. De esta manera, diferencia el rol de oficialistas y opositores.
Precisamente por esto, resultó inquietante cuando desde el kirchnerismo se pretendió limitar las atribuciones del presidente de la AGN tras la difusión de un informe que revela irregularidades en la ejecución del tendido de alta tensión en Santa Cruz y Chubut, adjudicada a una de las empresas que más obras públicas realizó desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Esta alerta, que quedó encendida pese al retiro de la iniciativa, movilizó a la sociedad, los medios, las ONG, la comunidad académica y los partidos de la oposición, que con una importante participación lograron torcer el curso de los acontecimientos. Este hecho no es aislado, sino que responde a un accionar sistemático que caracteriza el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. A pesar de las declamaciones de la Presidenta sobre calidad institucional, el sistema constitucional es permanentemente vulnerado, manipulado y direccionado. Su gobierno, abusando del voto popular y las mayorías parlamentarias pretende disponer de los recursos del Estado, como si fueran propios, sin rendición de cuentas. Esto genera una especie “escuela de despotismo” donde asisten regularmente legisladores y funcionarios que subordinan su accionar al mandato del “gobernante” Néstor Kirchner, quien decide, conforme sus necesidades electorales, humores, odios o intereses.
Esta forma tan particular legitima una utilización del Estado con un poder arbitrario caracterizado por la exaltación de la lealtad de quienes se constituyen en “sus” seguidores gracias al reparto de “beneficios”, siempre y cuando formen parte de “su” círculo. Es por esto que vemos la existencia de una forma de ejercer el poder con el que tiene un pensamiento afín, mientras que limita y/o excluye al que piensa distinto. Limitar el poder del Congreso, cercenar las facultades de la AGN en cabeza de su presidente, callar al defensor del pueblo, recortar las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, poner un amigo en la Oficina Anticorrupción, designar a la esposa de un ministro en la Sindicatura General no sólo lesionan las instituciones de la República sino que nos acercan peligrosamente a un poder hegemónico similar al de la tiranía.
*Auditora general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coalición Cívica.
