A partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se ha reavivado en nuestro país el debate acerca del rol de los servicios de Inteligencia. Este no es un debate menor, dado que se trata de una actividad central e indelegable del Estado, en tanto su función consiste en preservar los intereses estratégicos de la Nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. La distorsión que el gobierno kirchnerista ha generado sobre las estructuras que deben cumplir esta tarea es la cuestión central a analizar para encontrar las respuestas adecuadas para su futura reestructuración y adecuación al sistema democrático y republicano de gobierno. Como ha ocurrido con todas las instituciones, el actual régimen ha tenido y tiene una visión patrimonialista del Estado, en la clásica definición de Max Weber, donde la frase L’Etat c’est moi sintetiza la conducta de todo autoritarismo pasado, presente o futuro, en tanto confunde Estado con gobierno, y por ende, todas las instituciones del Estado terminan subordinándose a los intereses del gobierno y no sometidas al imperio de la ley. Esto es lo que ha ocurrido con la actividad de inteligencia en nuestro país. La inteligencia ha sido sacada del rol que la ley le asigna, para ser utilizada como un instrumento de control social y de represión sobre los disidentes al régimen, sean estos políticos, empresarios, periodistas, curas, sindicalistas o cualquier otra persona o sector que el Gobierno considere una amenaza a su interés prioritario y excluyente, o sea la eternización en el poder de la facción gobernante. Mientras Néstor Kirchner gobernó personalmente o a través de su esposa, fue la inteligencia civil la que cumplió ilegalmente este rol. Luego de su muerte y en pleno ejercicio del poder por parte de la actual presidenta, la pérdida de confianza de ella y su séquito más reducido en la conducción política del sector, fue determinando que progresivamente fuera la inteligencia militar la que se ocupara del espionaje interno, como en las peores épocas del terrorismo de Estado, en detrimento de la Secretaría de Inteligencia. Al Gobierno le preocupa más espiar a la sociedad que combatir la inseguridad que todos los días mata a nuestra gente. En esta distorsión se encuentra, también, la causa por la cual desde la inteligencia militar no se pudo detectar que los servicios británicos estaban interceptando comunicaciones y actividades militares de nuestro país en relación a las islas Malvinas. Descubrir y neutralizar estas acciones que es el objetivo excluyente de la inteligencia militar según la ley, sólo se conoció por las infidencias de Edgard Snowden el ex agente de la NSA (National Security Agency) y es lógico que así ocurriera pues quien debía custodiar nuestros intereses soberanos amenazados por una potencia extranjera, estaba ocupado en perseguir argentinos. La decisión de modificar la Ley 25.520 y reemplazar la Secretaría de Inteligencia (SI) por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), antes que el saludable propósito de actualizar el sistema nacional de inteligencia, sólo busca concentrar el control de dicha actividad para llenarla de agentes que, lejos de ser seleccionados por su idoneidad en la materia, se caracterizan por su pertenencia e idolatría ciega al relato que identifica al kirchnerismo, como acertadamente puso en evidencia la revista Noticias. Deconstruir la inteligencia militar para reconstruir un sistema nacional de inteligencia conducido y controlado por civiles y vuelto a poner al servicio del interés nacional, en el que los derechos y garantías de los ciudadanos estén resguardados y protegidos, será una tarea prioritaria de la nueva administración, una vez finalizado el ciclo kirchnerista. No será una tarea fácil ni sencilla que no puede estar en manos de inexpertos o improvisados. Es indispensable que funcione con transparencia el organismo de control parlamentario, que debe ser presidido por la oposición y que debe llevar un control férreo del uso de los fondos reservados y del cumplimiento fiel de las funciones asignadas. No menos importante es consensuar una nueva ley de inteligencia que actualice la 25.520 reconstruyendo los acuerdos que permitieron aprobar por unanimidad esa norma y no imponiendo a rajatabla una mayoría circunstancial, como se hizo con su reciente modificatoria. Es tan importante la actividad de inteligencia en orden a preservar la seguridad integral de la Nación y de nuestro pueblo que nunca más debemos permitir que vuelva a ser un instrumento al servicio de los intereses de circunstanciales gobernantes.
