Al condenar al sacerdote Julio Cesár Grassi a 15 años de prisión por abuso deshonesto y corrupción de menores agravada, los jueces Luis María Andueza, Mario Gómez y Sergio Carreras del Tribunal Oral N° 1 de Morón, consideraron que Grassi, a través “de distintos hechos, promovió una desviación en la sexualidad en formación” del joven conocido como Gabriel. “(Grassi) le decía (a Gabriel) que lo viera como a su padre, que era normal que los hombres se conocieran mientras llevaban a cabo conductas”, dice el fallo. “Primero lo sentó sobre sus faldas, luego le tocó las piernas aproximándose al pene, después lo sorprendió dándole un beso en la boca. Otro día le propuso una fellatio a la que accedió antes de escuchar la respuestas de una víctima paralizada”.
Pese a la condena de quince años de prisión por pedofilia, Grassi continuará en libertad hasta que no haya sentencia definitiva. Lo decidió el tribunal oral que, además, le concedió, insólitamente, la posibilidad de visitar la Fundación Felices los Niños de lunes a viernes de 7.30 a 18.30. El cura podrá hacerlo siempre acompañado por “una persona que él mismo elija”.
Grassi vive actualmente en la quinta La Blanquita, un terreno de 300 metros cuadrados con pileta y un amplio parque, frente a la Fundación Felices los Niños de Hurlingham. La decisión de los jueces encolerizó a los abogados de las víctimas y a los fiscales del caso. “Los jueces ni siquiera pusieron reparos sobre los antecedente penales de la persona que escoja Grassi. Es rídiculo”, analizó un miembro de la Fiscalía General de Morón.
El juicio contra Grassi comenzó el 19 de agosto de 2008. Duró diez meses y se realizaron 202 audiencias. Se sentaron frente al tribunal alrededor de 130 testigos. En las 1.447 horas grabadas con audio por la Fiscalía General de Morón hubo revelaciones sorprendentes, investigaciones sin profundizar y puntos oscuros que nunca salieron a la luz. PERFIL recogió algunos de las anécdotas más sobresalientes.
Grassi niega el vínculo con el empresario fallecido Alfredo Nallib Yabrán pese a que sus abogados defensores –los más costosos del país– Julio Virgolini y Jorge Sandro defendieron al jefe de la custodia de Yabrán, Gregorios Ríos, condenado por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas en Pinamar.
Durante el juicio el apellido Yabrán sobrevoló la sala en dos oportunidades. Luis, uno de los chicos que denunció por abuso al cura, lo introdujo directamente: “periódicamente, a la sede la fundación solía entrar Mariano Yabrán y lo hacía para pagar el sueldo de los contadores que él mismo puso”. Luis agregó que las visitas se repetían “cada tanto” y que los vehículos en los que se movilizaban causaban revuelo en Felices los Niños. “Venían en camionetas 4x4 negras”, soltó el chico.
Iván. 26 de mayo de 1994. El sacerdote Elvio Luigi María Mettone, responsable del hogar La Casita de Paso del Rey, recibió un pedido por parte de Grassi. “Elvio hay un matrimonio que quiere adoptar a Iván y me gustaría ver si lo podemos presentar con una familia”, le rogó el cura luego de un breve diálogo. Grassi ejercía en ese entonces su labor pastoral en La Casita. El padre Elvio aceptó la propuesta sin inconvenientes. Supuso que un hogar para Iván, que provenía de una historia familiar cargada de violencia, era una noticia para festejar. Sin embargo, a las pocas semanas, el sacerdote de origen italiano se arrepintió. Mettone se enteró que la joven pareja jamás había conocido a Iván. “Acá, nunca estuvo”, le dijo el matrimonio. Molesto, el padre Elvio acudió al Juzgado de Mercedes para saber dónde estaba el menor que Grassi había sacado para una adopción de La Casita. “Se lo había llevado a vivir con él”, concluyó el padre Elvio. Lo habría hecho sin autorización judicial y cuando la sede de la Fundación Felices Los Niños en Hurlingham recién comenzaba a construirse. El 18 de octubre de 1995 el juez de menores de Mercedes, a cargo de la tutela de Iván, intimó a Grassi para que explicara dónde se encontraba el menor. El creador de Felices los Niños jamás respondió. Así, Iván se convirtió en uno de los colaboradores más protegidos por el cura Grassi. El episodio quedó registrado en uno de los 21 cuerpos del expediente. Aunque estaba en las listas de testigos, el obispo emérito de Morón, monseñor Justo Oscar Laguna, se escudó en los fueros eclesiásticos para no declarar. Cuando los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez fueron a su casa a notificarlo, a cien metros se quedaron perplejos. Grassi y un secretario salían del departamento de Laguna, en Congreso. El contenido de esa extraña visita jamás trascendió. La Fiscalía denunció que Grassi visitaba a los testigos. En su fallo, el tribunal ordenó investigar presiones a Laguna. En todo el proceso contra Grassi, la Iglesia mantuvo silencio. “Tengo el apoyo de Bergoglio”, dijo el cura en una audiencia. “Es una afirmación que corre por su cuenta”, respondió el vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld.
*Redactor de PERFIL y especialista en el Caso Grassi.
