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Las consecuencias económicas derivadas de la crisis financiera internacional suscitada ya hace un poco más de cinco años ha obligado a mutar las políticas que, en materia macroeconómica, promueven los países del mundo desarrollado.
Las frágiles situaciones fiscales de muchas de esas jurisdicciones obligó a que foros tales como el G20 y el G8 pusieran mucho énfasis en el control de los flujos de evasión fiscal a efectos de paliar tal situación.
Por caso, según estimaciones del Banco Mundial, en 2010 el déficit fiscal consolidado a nivel global rondó el 7% de una producción mundial del orden de los setenta billones de dólares (trillones americanos).
Entre las instituciones elegidas para la ejecución de las mencionadas políticas destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en menor medida el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A continuación mencionamos algunas de las acciones concretas promovidas por esos organismos ya desde el 2009 (ver infografía):
◆ Relanzamiento del internacionalmente conocido “Global Forum”, que constituye un ámbito multilateral integrado por más de 120 países, cuyo objetivo es fomentar la transparencia fiscal y el intercambio de información.
◆ Puesta en marcha del proceso “Peer Review” que constituye un mecanismo de evaluación entre pares de quienes integran el mencionado foro acerca de la disposición de información tributaria y la vocación de intercambiarla a nivel administrativo. El plazo otorgado para concluir este proceso de revisión es a fines de 2015.
◆ Actualización de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE de 1988 que promueve el intercambio de información fiscal en instancias de investigación administrativa por parte de los organismos de regulación tributaria.
◆ Ratificación por parte de Argentina de dicha convención.
◆ Actualización de las recomendaciones del GAFI que promueven por primera vez desde su existencia, tipificar el delito de lavado de dinero no sólo del proveniente de las conductas relacionadas con el “crimen organizado”, sino también del dinero originado en conductas de evasión fiscal.
◆ Puesta en marcha del proyecto BEPS (Base Erosion Profit Shifting, por sus siglas en inglés) el cual intenta evitar la erosión de la base imponible a la hora de pagar los correspondientes impuestos. Esto constituye hoy una práctica habitual, incluso aceptada por los países más ricos, por medio de la cual y utilizando subsidiarias en plazas offshore se triangulan operaciones comerciales para pagar menos impuestos.
◆ Publicación de los primeros resultados del mencionado proceso “Peer Review” por medio de la difusión de una lista de calificación de cincuenta países con su respectiva calificación (Cumplido, Mayormente Cumplido, Parcialmente Cumplido y No Cumplido). Cabe destacar que nuestro país ha sido incorporada en el segundo grupo de mejor a peor.
◆ Por último, la reciente y novedosa Declaración sobre Intercambio Automático de Información aprobada en la reunión ministerial de la OCDE del pasado 6 de mayo. La misma insta a los Estados a implementar un mecanismo de periodicidad anual por medio del cual se informe a los respectivos organismos de recaudación, de manera automática y no sólo ante un pedido puntual, acerca de los activos financieros que un extranjero posea en el país informante.
Si bien esta nueva política requiere de un mayor análisis y de un estándar internacional que lo reglamente, todo hace presumir que el mismo iniciará su aplicación en el 2017. A nadie se le pasará inadvertido que un mecanismo de tal naturaleza cambia las históricas reglas de juego sobre protección de información vigentes hasta la actualidad. ¿Será que estamos en la víspera del fin de la era del secreto bancario, al menos para fines tributarios?
Ello es acompañado por una medida de orden unilateral implementada por Estados Unidos a partir del presente mes de julio, denominada Ley Fatca, que insta a las entidades financieras ubicadas fuera de dicha jurisdicción a informar los activos financieros que residentes americanos pudieran tener depositados en las mismas.
Todo hace pensar que la tendencia multilateral antes descripta viene a reforzar y ratificar la política unilateral implementada por los EE.UU. para perseguir a sus evasores. Incluso avala la utilización de tradicionales herramientas de política criminal, como es el caso de las recomendaciones del GAFI, para ponerlas a disposición del mundo desarrollado en el cumplimiento de sus objetivos hoy primordiales, entre los que está la recuperación de los equilibrios fiscales.
Ahora bien, nadie debiera estar en desacuerdo con las iniciativas antes descriptas puesto que resulta imprescindible tender hacia la formalidad de nuestras economías entendiendo que la disposición de recursos resulta esencial para implementar adecuadas políticas públicas.
No obstante resulta esencial que la búsqueda de esos objetivos no distraiga y desvíe la utilización de recursos (financieros, humanos, tecnológicos, etc.) hoy afectados al control de otras conductas muy gravosas cometidas por organizaciones criminales, en particular del narcotráfico, cuyo poderío económico las transforma en la principal amenaza a la estabilidad de nuestras naciones.
El enorme esfuerzo realizado en los últimos años, que abarca al sector privado quien asistió al Estado en esta esencial tarea, no debe ser desperdiciado al concentrarlo sólo en intentar identificar evasores extranjeros, más aún si el país contraparte no ofrece una reciprocidad en similares términos.
No debemos perder el sentido del objetivo, nuestros enemigos no son tanto los evasores de fiscos extranjeros sino aquellas organizaciones con un poder económico capaz de doblegar la voluntad republicana y acallar hasta a los más decentes. Incluso convencer que son capaces de reemplazar al Estado cuando éste se muestra ausente, en particular a la hora de cubrir las necesidades de los más marginados.
