La institución Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ganadora de la última edición del Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, envió una carta en la cual también cuestionaba la situación en la Argentina, argumentando unas insostenibles similitudes entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Mauricio Macri. Esto último dejó en evidencia una actitud preocupante por parte de la Cancillería de la República Argentina, terminó opacando la entrega del Premio -el cual finalmente PROVEA renunció aceptar- y fue un papelón diplomático ante los invitados que asistieron el jueves 15 de marzo al Palacio San Martín.
Es que la Cancillería no permitió la lectura de la carta de los representantes de PROVEA, en la cual sostenían que "en la actualidad tanto Argentina como Venezuela adolecen de graves fallas y debilidades tanto en la vigencia plena del Estado de Derecho como en la garantía efectiva de los derechos humanos". La carta además equipara los presos políticos de Venezuela con personas detenidas en la Argentina, citando el caso de Milagro Sala y banalizando así el terrorismo de estado en la dictadura de Nicolás Maduro. PROVEA se refiere a Sala como dirigente social, cuando en Venezuela sería equiparable a uno de los "colectivos" que agrede y asesina a los opositores.
Pero la Cancillería no puede censurar a una institución ganadora de un premio que dicho Ministerio otorga. Podrá no gustarles el contenido de la carta, pero es inaceptable impedirles que se expresen libremente. En todo caso, en la Cancillería tendrían que poner más foco en la responsabilidad de la Dirección de Derechos Humanos y el apoyo de su titular en mantener el monopolio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para representar a toda la sociedad civil en el otorgamiento de este premio.
Creado en 1981 por Emilio Mignone y obteniendo la personería jurídica durante la última dictadura militar, el CELS tiene junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, la representación monopólica de la sociedad civil local, heredada como derecho divino de la gestión kirchnerista, nominando uno de los candidatos que conformarán la terna del premio y entre los cuales el Canciller decide el ganador.
En el desplante de PROVEA al Premio otorgado por la Cancillería está la mano visible del CELS, que luego publicó una "Carta al Canciller Faurie por la censura a la organización PROVEA".
El CELS nunca se pronunció por las relaciones vergonzosas de complicidad con dictaduras durante los gobiernos de Cristina Kirchner, incluyendo las que como Cuba fueron aliadas de los militares y demostrando así ciertas limitaciones en la lucha por la Memoria. Por lo tanto, no tienen autoridad moral para pedir ahora que "el gobierno argentino recupere el liderazgo en la agenda de derechos humanos de la región". Mucho menos formular recomendaciones sobre la crisis venezolana, cuando los gobiernos kirchneristas que respaldaron fueron cómplices de la erosión de la institucionalidad democrática y el estado de derecho por parte de Hugo Chávez, avalando luego una elección fraudulenta en la que se impuso por menos de un punto Nicolás Maduro frente al opositor Henrique Capriles, con todo el aparato estatal inclinando la cancha en favor del candidato chavista.
Con este episodio del Premio Mignone, la continuidad de esta distinción, creada en 2007, requiere de reformas. En primer lugar, dotar de un mayor profesionalismo y vitalidad a la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, designando a su director/a por concurso abierto entre personas con trayectoria, credibilidad, vocación y relaciones en los ámbitos internacionales de defensa y promoción de las libertades fundamentales. En segundo lugar, ampliar la participación a otras instituciones dedicadas a la solidaridad democrática global y la promoción internacional de los derechos humanos en la selección de la terna de candidatos que se le propondrá al Canciller. En tercer lugar, organizar el premio estableciendo un cronograma más preciso y prolongado. En esta última edición se difundió en menos de un mes y ante una consulta por la escasa publicidad y cierre de la convocatoria se respondió desde la Dirección de Derechos Humanos que igual se podía presentar una candidatura, es decir violando sus propias reglas.
En cuarto lugar, transparentar todas las ediciones anteriores y las futuras, publicando no solo los ganadores, sino también los ternados y todos los candidatos que fueron nominados en cada edición y por quiénes fueron propuestos. Por ejemplo, hubo un claro caso de conflicto de intereses en que el premio lo obtuvo una organización basada en Washington (WOLA), de la cual venía recientemente de trabajar el director ejecutivo del CELS.
En quinto y último lugar, también habría que debatir el nombre del Premio, pues más allá del reconocimiento a la labor que tuvo una persona como Emilio Mignone, su nombre está asociado al CELS y esta institución, muy sesgada políticamente, no puede tener ningún privilegio o monopolio oficial en la defensa internacional de los derechos humanos. Una alternativa sería denominar al premio Juan Bautista Alberdi, rescatando las contribuciones del tucumano al derecho internacional, como su célebre capítulo "Los derechos internacionales del hombre" incluido en el libro "El crimen de la guerra" y en el cual se adelanta más de un siglo a lo que hoy se conoce como "El derecho de proteger".
En definitiva, para la política exterior en derechos humanos es importante la existencia de un premio que otorgue el Ministerio de Relaciones Exteriores dedicado a "reconocer a instituciones y/o personas extranjeras residentes en el exterior que se destaquen o se hayan destacado en la promoción y protección de los Derechos Humanos en sus respectivos países". Está claro que Argentina, como país que vivió una dictadura y recibió apoyo internacional, tiene que priorizar con un premio así a quienes están más aislados y realizan activismo de derechos humanos en sociedades cerradas, es decir, en países con políticas de estado que reprimen el ejercicio de las libertades fundamentales como la libertad de asociación, expresión, reunión, circulación y participación política.
Este lamentable episodio tiene que servirle a todos los actores involucrados para replantear el Premio y hacerlo más participativo, transparente y comprometido.
* Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
