Cuando asuma la nueva administración, deberá tener un plan de estabilización listo para ejecutarse. Más allá del ganador, que sin duda presentará sus matices, la gravedad del desequilibrio macroeconómico requiere acciones en materia de política económica.
Quién gane contará con un plazo de gracia para poder tomar medidas. Asumiendo que el nuevo presidente y su equipo sólo harán las reformas necesarias que le garanticen un equilibrio parcial, se puede ensayar cuál sería la estructura de un nuevo “Plan de Estabilización” probable para Argentina.
El nuevo “Plan de Estabilización” incluiría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto le permitiría destrabar un préstamo automático de emergencia, sin contraprestación, equivalente al 25% de la cuota. Por otro lado, se haría necesaria la firma de una Carta de Intención y un Memorando de Entendimiento que incluya, entre otras cosas, la aplicación del artículo IV, es decir la auditoría del FMI.
Los elementos de la Carta deberán incluir revisión de estadísticas, apertura de negociaciones con los holdouts, lenta desarticulación de subsidios, ajuste fiscal con protección del gasto social, compromiso cuantitativo sobre el resultado fiscal con monitoreo periódico.
Según los estatutos del Fondo, esto le permitiría a la Argentina acceder a un crédito de hasta 200% de su cuota, aproximadamente 9 mil millones de dólares que se desembolsarían en dos tramos.
Una vez logrado el acuerdo con el Fondo se procedería a la unificación del mercado de cambios, flexibilizando el “cepo” cambiario en relación a los flujos, dejando las remesas atrasadas (stocks) para el futuro. En relación a la política cambiaria, la unificación del mercado de cambios se haría a un valor del tipo de cambio nominal cercano a los $ 17,5 por dólar. Esto implicaría una devaluación moderada del 76% en relación con la proyección a diciembre del tipo de cambio oficial, siempre y cuando no se produzca una corrida cambiaria entre octubre y diciembre.
El desembolso del primer tramo del crédito con el FMI permitiría suplementar las reservas y, en un esquema de tipo de cambio administrado, el patrón de crecimiento del dólar no afectaría el stock de reservas internacionales. Es probable que luego de la unificación cambiaria se produzca una sobrerreacción del tipo de cambio nominal, creciendo por encima de $ 17,5. Allí es donde la política monetaria restrictiva elevaría las tasas para evitar el desborde.
El parcial desmantelamiento de subsidios, que se harían en tramos, permitiría un ahorro fiscal de aproximadamente 2 puntos del PBI en dos años. Sumado a un nuevo blanqueo impositivo y a la persecución sobre la economía informal, se lograría un ahorro adicional de 1 punto. Frente al actual déficit quedaría una brecha fiscal de 3 puntos que se financiaría mediante emisión monetaria esterilizada con instrumentos del Banco Central.
La devaluación del 76% licuaría el valor de las Letras del Banco Central casi en un 50%, por lo que posiblemente será necesario algún tipo de canje. La disminución real de los pasivos del Central permitiría poder financiar el déficit en un sendero de inflación menor que la actual, pero no del todo bajo.
Sin dudas, lo previo se trata de un plan de emergencia de corto plazo que no solucionaría los terribles problemas, reales, fiscales y monetarios de nuestra economía, pero podría mostrar resultados disminuyendo la tasa de inflación sensiblemente durante los próximos dos años. Sin embargo, de no encararse las reformas estructurales necesarias, habremos perdido tiempo y el fantasma del desequilibrio macroeconómico volvería cuando el financiamiento compulsivo que brindó la devaluación se haya terminado.
*Profesor de Economía Internacional Monetaria. UCEMA.
