El Gobierno anunció en las últimas semanas la implementación de un plan nacional contra el narcotráfico. Con diversos objetivos de carácter operativo e instrumental para esta lucha, también se presentó un abordaje integral de las adicciones.
Las repercusiones del anuncio fueron en líneas generales positivas en tanto el plan resulta ser ante todo una carta de intenciones y objetivos que, en si mismos, resultan loables en la difícil tarea de contener y controlar el tráfico de estupefacientes. Aun así, algunos sectores, de modo cuanto menos desmedido, criticaron el plan que simplemente intenta dotar de cierta eficiencia a la tarea diaria de los actores judiciales y de las fuerzas de seguridad.
Evidentemente, en los últimos años, el debate en torno a las drogas, dentro del ámbito judicial, se vio centrado en el debate sobre la persecución penal del consumo, habiendo resuelto la Corte Suprema en el falloArriola, declarar inconstitucional su penalización cuando tal comportamiento es llevado a cabo por el individuo en un ámbito de privacidad, que impide su trascendencia a terceros y en líneas generales al conglomerado social.
Sin embargo, el anuncio del gobierno busca correr el eje del debate, lo cual no puede sino celebrarse, porque en la mayoría de los casos el problema del consumo excede el panorama del adulto libre que decide y asume el riesgo de consumir estupefacientes.
En la Argentina de hoy la criminalidad organizada promueve el consumo y la cooptación de menores de edad -niños, niñas y adolescentes- lo que implica asumir el desafío de albergar y contener a este grupo social.
En esa línea, el reto a nivel legal y jurídico será adaptar y acercar las herramientas para abordar esta delicada situación, evitando que el debate se concentre únicamente en los alcances de la intervención penal.
La propuesta gubernamental constituye una plataforma necesaria tanto para la instrumentalización cierta y real de acciones contra el crimen organizado como también para la ejecución de tareas de concientización, prevención y contención de las adicciones.
No se trata de un proyecto innovador o revolucionario sino de lineamientos elementales que lamentablemente han brillado por su ausencia durante muchísimos años.
Se trata de dotar de los mínimos recursos económicos, tecnológicos, humanos, políticos, médicos y estadísticos a un problema que exige respuestas concretas y complejas, esencialmente diversas de aquellas meramente declamatorias que la política nos tiene acostumbrados. Esperemos que esta vez más que palabras abunden los hechos.
*Profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
El Gobierno corre el eje del debate
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