Lo que ocurra en Seguridad y Justicia en la provincia de Buenos Aires es equiparable a los síntomas positivos que aguarda en la economía para fin de año el gobierno nacional. Con la descomposición del peronismo, sin acceso al Estado como cura regenerativa, es el programa para un desempeño exitoso en las legislativas de medio término que definen la suerte de cualquier gestión en el territorio donde vota un tercio de los electores totales.
Pero dar curso a esa expectativa no es, precisamente, tarea sencilla para las autoridades competentes a las que se propone dejar en ridículo frente a la opinión pública la trama de intereses cruzados de un sector de la Policía y la corporación judicial bonaerense. La detención de Ibar Pérez Corradi en Paraguay y la fuga de Marcelo Mallo en el Conurbano se conectan por una guerra librada entre ellos con escaramuzas de baja intensidad.
Al menos en comparación al choque que este mes se presenta como inevitable. El 18 vence la suspensión de la Suprema Corte bonaerense a Julio Novo. Al fiscal general de San Isidro se lo sancionó bajo la presunción del auxilio prestado a narcotraficantes en la causa que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga el asesinato de tres colombianos en el estacionamiento del Shopping Unicenter en julio de 2008.
Medida que repercutió en María del Carmen “Pochi” Falbo. Se especula que dio cobertura a las omisiones de Novo. El 30 de junio Arroyo Salgado ordenó por segunda vez en 15 días allanar la Procuración General y esta vez el juzgado de Garantías N°1 de César Melazo, a quien se atribuye estrechos vínculos con la Policía. Era juez de turno la noche que fue violada la seguridad de la residencia del ministro de Gobierno, Federico Salvai.
Según fuentes de la investigación, el perito policial había determinado el 16 de enero de 2009 que el arma utilizada en el crimen pertenecía a Mallo, quien desapareció el último 23 de junio. Arroyo Salgado procura determinar grados de complicidad en la Justicia y la Procuración para facilitar una fuga. El ex barrabrava mantendría negociaciones para entregarse en condiciones similares a las de los Lanatta y Schillaci: teme ser asesinado por sicarios colombianos.
A diferencia de los escapados del penal en General Alvear, no le apuntó en público a Aníbal Fernández, a quien por historia política se liga, igual que Pochi Falbo. Carrió suele vincular al ex jefe del Gabinete con el triple asesinato de General Rodríguez en el que la declaración de Pérez Corradi será significativa. Prometió hablar del tráfico de efedrina cuando sea resuelta la extradición y llegue a la Argentina.
Por eso es trascendente la decisión que adopte el 7 de julio la comisión de juicio político con Nidia Moirano. La senadora de Cambiemos fue desplazada a pedido de la defensa del fiscal con el consentimiento del secretario y presidente del jury, Ulises “Coco” Jiménez y Diego Genoud, con el argumento que al haber sido reelecta como legisladora su cargo debía ser sorteado nuevamente.
Amparado en jurisprudencia, Jiménez habilitó el ingreso del primer suplente, Roberto Costa, presidente del bloque Cambiemos en el Senado pero de íntima relación política con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Junto a Jorge Macri y Sergio Massa, sindicado por Carrió por supuesta protección política a Novo.
Costa es vicepresidente del Consejo de la Magistratura, donde mantiene ascendiente sobre Claudio Grasso: ex secretario de Gobierno en La Matanza con Fernando Espinoza y por eso insólito representante del Ejecutivo en el organismo. Con Jorge Landau, Jiménez es histórico apoderado del PJ bonaerense que preside el ex intendente de La Matanza. Genoud preside la Corte y tributa a la línea “Mitre” de barones del Conurbano por origen: Florencio Varela, donde brilla todavía el intendente Julio Pereyra.
Moirano presentó un recurso para revisar su situación. La senadora y el diputado del FAP, Abel Buil, votaron el año pasado por iniciarle jury a Novo con la oposición del diputado Mauricio D’Alessandro del Frente Renovador y la ausencia del kirchnerista Marcelo Feliú. Los votos de los massistas Ricardo Lissalde y Juan Amondarain definirán la suerte del pedido.
D’Alessandro y Lissalde no sólo coincidieron en el polémico viaje para la final de la Copa América con el fiscal federal Guillermo Marijuan. También en arrogarse diálogo con el ex ministro del Interior y Transporte para un acuerdo electoral con Massa. Randazzo sólo reivindica el mantenido con Gabriel Katopodis y Martín Insaurralde: predomina allí la inquietud por los efectos de José López, el ex secretario de Obras Públicas de CFK.
En Cambiemos confían que desista de cualquier experiencia electoral por el mismo motivo al que asocian la caída de casi 10 puntos en la imagen positiva de Massa, con túneles abiertos hacia los intendentes de San Martín y de Lomas de Zamora que resisten una alianza que lleve a Margarita Stolbizer de candidata a senadora en lugar de Randazzo.
Factor Margarita. Stolbizer compartirá actividad en agosto con funcionarios de María Eugenia Vidal en La Matanza: el vicepresidente de Diputados, Manuel Mosca y Marcelo Díaz, jefe del bloque del FAP, estiman para esa fecha el dictamen favorable a la división de ese partido, el más grande de la Provincia. A Díaz le preocupa el exceso de pejotismo de Massa pero también la convocatoria abierta a peronistas de Cambiemos: no habrá definición de alianzas hasta marzo. La gobernadora también la quiere de candidata.
Una altura para la que quizás esté resuelto el procesamiento de la ex presidenta y disipadas las dudas sobre una estrategia detrás de esa medida para proteger a Julio De Vido y a Aníbal Fernández que siembra Elisa Carrió, otra postulante al Senado nacional.
Antes el gobierno de Vidal deberá enfrentar otros desafíos. Fueron nueve los secuestros extorsivos en Lomas de Zamora registrados por la Justicia Federal el anteúltimo fin de semana de junio. Lo que tal vez apure la fusión de los Ministerios de Justicia y Seguridad es un vertiginoso ascenso para Gustavo Ferrari y la admisión del fracaso de los cambios introducidos por Ritondo en la organización policial: frente común de los intendentes del GBA que juzgan ineficaz la tarea a partir de esos cambios. Otra hebra del mismo hilo rojo.
*Analista político.
